domingo Ť 2 Ť septiembre Ť 2001

José Agustín Ortiz Pinchetti

Vía a la reforma del DF

a muchos observadores extranjeros y nacionales puede asombrar la voluntad reiterada de los partidos y los gobiernos para completar la reforma política del Distrito Federal y simultáneamente sorprenderse por el relativo desinterés que sobre el tema tiene la opinión pública.

El Presidente de la República, el jefe de Gobierno, los candidatos de los distintos partidos en 2000, PRI, PAN PRD y todos los partidos que luchan por el poder, se han expresado a favor de la reforma. En días recientes, a través de las declaraciones de distintos voceros empieza ya a perfilarse, no sólo como un hecho viable, sino enteramente probable. Sin embargo el tema apenas rebasa las páginas más remotas de los periódicos.

Si el pueblo de la capital quiere convertirse en una sociedad verdaderamente democrática tiene que cerrar, entre otros capítulos, el de la definición del régimen en el que ha de vivir como ciudad capital.

Partamos de un hecho central: el Distrito Federal es un territorio atípico con respecto a las demás entidades federativas. Es la ciudad más importante del país para todos los efectos posibles. Es aquí donde se tejen y se toman las decisiones del Estado, donde se definen las estrategias financieras, donde emana la hegemonía cultural.

Durante el largo periodo de setenta años de gobiernos autoritarios fue siempre una preocupación de los gobernantes mantener bajo control a esta entidad. Se consideraba que quien dominara la ciudad de México podía ser el gobernante virtual de todo el país. La serie de graves limitaciones a la autonomía política interna de la capital y a los derechos ciudadanos se justificaron siempre por el argumento de que el Distrito Federal, como asiento de los poderes federales, estaba sujeto a un inevitable régimen restrictivo.

El proceso de emancipación arrancó en los años ochenta y hoy está muy cerca de completarse. Las autoridades locales ya son electas democráticamente. Los órganos de gobierno son muy semejantes y en algún aspecto más fuertes a los poderes de los estados, sin embargo, todavía subsisten ciertas atribuciones fiscales en el poder federal y ciertas tutelas en materia de seguridad pública e impartición de justicia, que se han ido minimizando en la práctica aunque aún pueden tener un efecto muy negativo en la vida de la capital.

Tenemos que partir de un hecho rotundo: la ciudad de México es una metrópoli. No simplemente una gran ciudad, como ya lo era a mediados del siglo xx. Es una aglomeración urbana difícil pensar y sus características futuras no pueden ni siquiera imaginarse a cabalidad. Su gobierno debe de apegarse a esta realidad tomando en cuenta que sus funciones fundamentales están a medio camino entre el carácter municipal y las propias de un estado. Mal haríamos en buscar una forma híbrida; en realidad, la capital del país se merece un régimen original distinto y hasta en ciertos aspectos insólito frente a los estados de la Unión.

El Gobierno del Distrito Federal es responsable de dotar de servicios públicos a esta formidable concentración humana. No puede funcionar descoordinadamente ni hacia adentro de la capital ni hacia fuera en todo el espacio conurbado con el estado de México y pronto con Hidalgo. La autonomía de los hoy llamados jefes delegacionales debe restringirse a favor del Gobierno central en todo aquello que sea necesario logrando la mayor autonomía en lo que sea posible. No se puede funcionar como si se tratara de una docena o una veintena de ciudades que se manejan por sí mismas.

La coordinación y la definición de la política global del jefe de Gobierno deben ser las reglas de funcionamiento. La ciudad de México debe además tener una fuerte identidad, un estilo y una personalidad. Lograrlo requiere de una conducción negociada, pero, además de ella, implica un grado muy importante de disciplina por parte de todos los segmentos políticos que la integran. Operar esta disciplina con base en presiones políticas sería muy peligroso para el orden jurídico y democrático. Estaría amenazando de modo sistemático la gobernabilidad de la capital del país. Este es el tema central de la reforma pendiente. Seguiremos conversando con usted sobre este tema.