SABADO Ť 1Ɔ Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Cumplieron su advertencia 25 ediles de Oaxaca: presentaron recurso ante la Corte
Comienza la batalla jurídica de comunidades indias
Ť Anuncian que habrá movilizaciones en varias regiones el próximo 12 de octubre
ROSA ROJAS Y GUSTAVO CASTILLO
En el ejercicio de la autonomía, las comunidades indígenas determinaron "escalar" su resistencia a la reforma en la materia recientemente aprobada. Además de interponer amparos y controversias constitucionales, "no van a permitir que se procesen las leyes indígenas estatales" derivadas de dicha legislación, plantearon ayer representantes de seis comunidades indias del Distrito Federal y el estado de México.
Las autoridades agrarias de las comunidades indígenas de San Nicolás Totolapan, Miguel Ruiz y Roque Nava; Milpa Alta, Ramiro Taboada; Santo Tomás y San Miguel Ajusco, Javier García; San Francisco Tlalnepantla, Angela Chávez; San Gregorio Atlapulco, Pascual Nieto -todas del Distrito Federal-, y San Pedro Atlapulco, Mario Juárez -estado de México-, así como sus asesores Carlos González y Joaquín Ortega indicaron que con la interposición de los amparos se pone a prueba la independencia y autonomía del Poder Judicial, porque los jueces "están obligados a conceder la suspensión provisional de los actos reclamados por tratarse de un amparo agrario".
Por otra parte, autoridades de 25 municipios de Oaxaca presentaron juicios de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en busca de que se declaren ilegales las reformas recién aprobadas en materia indígena.
Al filo de las 2 de la tarde, alcaldes y síndicos de los 25 municipios formalizaron "el rechazo a la reforma aprobada con irregularidades por el Congreso de la Unión", indicó Hugo Aguilar, uno de los abogados que representarán a las comunidades indígenas.
En los alegatos que se presentaron al máximo tribunal del país se señala que las modificaciones legales "incurrieron en violaciones procedimentales, lo que co
ncluyó con la aprobación de una legislación viciada, ya que se concluyó el conteo aprobatorio de las legislaturas locales antes de que terminara ese proceso en todo el país, y además en algunos estados se avaló la iniciativa sin respetar la mayoría calificada que se requiere para dar curso a actos de esta naturaleza", dijo el litigante.
Las 25 comunidades también señalan en sus escritos que el Congreso de la Unión no consultó a los pueblos indígenas respecto de la pertinencia de esas reformas legales, violando así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el caso de Oaxaca, indicaron los querellantes, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión disminuye los derechos pactados en el convenio de la OIT, pero además "echa abajo los avances jurídicos que ya se tenían en la entidad, como son el derecho a la autonomía, la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y la aceptación a sistemas normativos y facultades de las comunidades para hacer justicia según las costumbres locales".
Entre los municipios que acudieron a presentar su controversia se encuentran, por parte de autoridades zapotecas, Santa María Yavesía, San Juan Analco, Santa María Jaltianguis, Guelatao de Juárez, Calpulalpan de Méndez; por parte de autoridades mixes acudieron representantes de Santiago Zacatepec y Santiago Atitlán; y de zonas mixtecas, Santiago Amoltepec y San Agustín Tlacotepec.
Por su parte los representantes de los pueblos del Distrito Federal y el estado de México, miembros de la Alianza de Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades del Anáhuac, subrayaron que la ley indígena recién aprobada "resulta profundamente regresiva al desconocer derechos fundamentales de nuestros pueblos, consignados en la propia Constitución, así como en los convenios, pactos y tratados internacionales que México ha suscrito y que tienen rango de ley suprema, de acuerdo a nuestro orden constitucional vigente".
La ley indígena aprobada tampoco recoge el espíritu ni la letra de los acuerdos de San Andrés, y modifica en forma "sustancial" la iniciativa de reforma constitucional elaborada por la Cocopa, "y por lo tanto representa un obstáculo para que se reanude el diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el fin de construir una paz justa y digna".
Indicaron que por ello determinaron declarar su autonomía y desconocer la aplicación, en sus territorios, del decreto de reformas constitucionales en materia indígena emitido por el Congreso de la Unión el 28 de abril pasado.
Llamaron a todos los pueblos indígenas del país "a no detener la lucha contra un poder racista que prefiere hacer la defensa de los intereses de las grandes empresas que hoy codician nuestras tierras y territorios, antes que reconocer nuestros más mínimos derechos".
Entre los acuerdos del CNI para combatir la citada reforma constitucional está además el de realizar movilizaciones en las regiones indígenas el próximo 12 de octubre.
Los representantes y comisariados de bienes comunales presentes subrayaron la importancia de que se respeten las tierras de sus respectivas comunidades, tanto para evitar que se agoten los mantos acuíferos que abastecen de agua a la ciudad, "que con nuestros recursos y nuestro esfuerzo los estamos manteniendo", como para evitar que las inmobiliarias acaben vendiendo sus tierras en dólares, como ya lo están haciendo.
Taboada y González informaron que después de 49 años de trámites, el magistrado del tribunal unitario agrario número 24, Jorge de Silva Cano, resolvió recientemente el expediente 1097/TUA97 del problema limítrofe entre Milpa Alta y San Salvador Cuauhtenco, en el sentido de que dicho conflicto es "inexistente", cuando la realidad es que hay 7 mil hectáreas en conflicto, por lo que existe el peligro de que "pueda haber sangre porque los pueblos van a tener que subir al monte a tomar las tierras que les pertenecen".
Más grave aún, indicaron, es que el magistrado ordenó dividir la comunidad en subcomunidades, lo que rompe "una tradición de mil años", ya que Milpa Alta es la única en el país que está confederada. "Esto es orquestado, pues Milpa Alta recibió a los zapatistas en su viaje al Distrito Federal, y ahí se ratificaron los acuerdos de Nurio del CNI", acotaron.