SABADO Ť 1Ɔ Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Aprueba el Consejo General lineamientos para el periodo 2002-2003 del instituto
Nuevas normas del IFE prevén perfeccionamiento de fiscalización de recursos otorgados a partidos
Ť Discrepa el consejero Jaime Cárdenas de una disposición sobre difusión de la información
ALONSO URRUTIA
El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó ayer por unanimidad los lineamientos generales de políticas y programas del organismo para el periodo 2002-2003 que contemplan, entre otros aspectos, la modernización del Registro Federal Electoral, la revisión de la geografía electoral para una eventual redistritación y el perfeccionamiento de los procedimientos para la fiscalización de los recursos públicos que se otorgan a los partidos políticos.
Durante una sesión extraordinaria se aprobó el programa, pese a la objeción del consejero electoral Jaime Cárdenas, quien cuestionó uno de los aspectos presentados relacionados con la comunicación social, por considerar que restringía el acceso a la información sobre los procedimientos que desarrolla el IFE, planteamiento que constituyó la única polémica de la sesión.
La propuesta de Cárdenas de que sólo se restringiera el acceso a la información a aquella considerada como confidencial fue rechazada por los otros consejeros, quienes argumentaron que, en ocasiones, la información forma parte de un procedimiento que al ser difundida podría afectar a los involucrados.
Los consejeros Mauricio Merino y Alonso Lujambio consideraron que dar a conocer información acerca de un procedimiento administrativo o del proceso de fiscalización de los partidos políticos sin que haya concluido la investigación podría ser tergiversada y utilizada contra los involucrados.
En su intervención, el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, reivindicó el papel del organismo en la consolidación democrática del país: "El IFE no puede sino mantenerse como un ancla en el espacio democrático sin renunciar a una sola de las atribuciones que la ley le confiere; el IFE del futuro debe concebirse como un espacio profesional y autónomo frente a las instituciones públicas".
Por otro lado, Jaime Cárdenas, al hacer un balance de la nueva administración, juzgó que de manera análoga al "atorón" que existe en la economía, hay "un atorón político" que impide continuar con la democratización del país.
Manifestó que en materia política existe un estancamiento producto de la falta de acuerdos entre los partidos que permitan la profundización del proceso democrático en México, pues en la actualidad los tintes autoritarios en el ejercicio del poder continúan.
Aprueban programas y políticas futuras del IFE
La sesión del IFE estaba convocada para la aprobación de la propuesta que hizo la junta ejecutiva, que fue argumentada a favor por el propio José Woldenberg. Al justificar las políticas y programas que se deberían aprobar, el consejero presidente hizo un apretado resumen de la evolución del organismo y participación en el proceso democrático del país que ha desembocado -dijo- en un auténtico sistema de partidos.
Este sistema se ha insertado paulatina pero sistemáticamente en las decisiones fundamentales del Estado mexicano y este cambio está fundando en el respeto al voto. "La legitimidad política está obligada a pasar por el cernidor de la voluntad ciudadana", expresó.
La situación del país requiere un instituto electoral eficiente y autónomo, pero discreto, lo cual obliga a una definición precisa de los programas y políticas del organismo.
Sin embargo, Cárdenas cuestionó uno de los aspectos de la propuesta, relativa a la difusión de información del organismo, pues -a su juicio- sólo debería reservarse el difundir información a aquella considerada como confidencial. Con ello se contribuiría -aseguró- a dar mayor transparencia al desempeño del IFE, que debe serlo no sólo en sus resultados, sino también en sus procedimientos.
"En una democracia sabemos que son tan importantes los procedimientos como los resultados, que deben ser públicos y abiertos." Solamente por excepciones, debidamente previstas en la ley, se pueden restringir derechos fundamentales, señaló.
Para Alonso Lujambio, "la publicidad en algunos casos de un hecho institucional o de una decisión institucional, puede anular la efectividad de una medida tendiente a hacer valer la ley".
Ejemplificó con los casos de la Comisión de Fiscalización, cuyos procedimientos, según dijo, si se dieran a conocer, se anularía su eficacia. O, en otro caso, no podrían difundirse observaciones hechas a partidos políticos sobre supuestas irregularidades que, de comprobarse que no existieron, los afectarían sin razón.
A su vez, Mauricio Merino dijo que reservar cierta información no implica falta de transparencia, sino evitar el uso político e injusto de una información que pudiera afectar de manera indebida a terceros. "Sí informar, cuando no dañe a terceros injustamente, y tampoco nadie en lo individual se beneficie injustamente del manejo de esa información", precisó.