SABADO Ť 1Ɔ Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť La controversia constitucional que presentó ante la Corte, principal reclamo

Formuló la Permanente 13 exhortos al Presidente

Ť La oposición reitera que el Congreso "no es más comparsa del Ejecutivo federal"

ANDREA BECERRIL

Con cuestionamientos a la gestión foxista y la reiteración de los partidos opositores de que el Congreso "no es más comparsa del Ejecutivo federal", se clausuraron ayer los trabajos de la Comisión Permanente, organismo que en los últimos cuatro meses formuló 13 exhortos y llamados al Presidente de la República.

En este segundo receso del primer año de ejercicio de la 58 Legislatura, que comprendió de mayo a agosto, la Comisión Permanente vigiló el estricto cumplimiento del principio de división de poderes, y en ese sentido determinó que el Congreso de la Unión interpusiera una controversia constitucional contra el presidente Vicente Fox, por considerar que invadió facultades del Legislativo al modificar, a través de un decreto, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, señaló Carlos Chaurand Arzate a nombre de diputados y senadores priístas.

Agregó que en ese mismo marco se inscribieron los exhortos que la Permanente formuló al Ejecutivo, de manera destacada algunos encaminados a que proporcione informe certero sobre el rumbo y la evolución de la economía, para que respalde a los productores agropecuarios y pugne porque Estados Unidos respete lo pactado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) y se permita el acceso de transportistas nacionales al país vecino.

Otro exhorto, expresó a su vez el diputado Bernardo de la Garza, del Verde Ecologista, fue encaminado a que Fox incluyera dentro del consejo de administración de Pemex a ciudadanos de reconocida capacidad en materia ambiental, en lugar de empresarios.

Igualmente, al fijar la postura del PRD, el diputado Tomás Torres Mercado dijo que en la Permanente se abordaron temas fundamentales que tienen que ver con la rendición de cuentas del presidente Fox al Congreso, y ante "expectativas insatisfechas de cambio" se cuestionó al Ejecutivo federal y se dejó claro que el Legislativo no será más una comparsa de las propuestas del primer mandatario.

La Permanente, agregó el diputado perredista, abordó asimismo problemas lacerantes, como los que enfrentan los productores de maíz, café y caña de azúcar, y temas relacionados con lo que parecían asuntos cerrados, entre ellos la desincorporación del sistema bancario nacional y la venta de Banamex a Citigroup.

El senador priísta Chaurand Arzate expuso a su vez que es necesario revisar el TLC para proponer alternativas de corrección, pues ha provocado efectos devastadores en el campo. Agregó que hubo preocupación constante por el trato que enfrentan los indocumentados en Estados Unidos, y se firmaron varios puntos de acuerdo encaminados a pugnar por la defensa de sus derechos humanos.

"La política migratoria de nuestro país ha sido confusa y en varios casos contradictoria. Por ello se propuso la comparecencia de diversos funcionarios públicos de la Federación para que explicaran los alcances de esa política en el actual régimen", comentó Chaurand Arzate.

También criticó la conducción económica del país. Dijo que hay una "sensible y manifiesta atonía, que afecta de igual manera al sector público que a los sectores privados, y ha impuesto medidas restrictivas que han golpeado de manera brutal a las capas más vulnerables del país".

La postura del PAN la presentó en tribuna el senador Juan José Rodríguez Prats, quien destacó "la utilidad de la Comisión Permanente como factor de integración política". En entrevista aparte, advirtió que de no aprobarse la apertura del sector eléctrico, el gobierno federal tendrá que adoptar otras medidas, entre ellas el aumento de tarifas.

Dos de las decisiones más relevantes y discutidas que se dieron durante los trabajos ayer clausurados de la Comisión Permanente fueron la declaratoria de aprobación de la ley indígena, a través de un cuestionado proceso fast-track que contó con el aval del PRI y del PAN para llevar a cabo el recuento de la votación en las legislaturas locales.

La otra decisión fue demandar al presidente Fox ante la Suprema Corte -vía la controversia constitucional-, bajo el argumento de que invadió facultades propias del Congreso al intentar modificar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por conducto de la expedición de un decreto.