SABADO Ť 1Ɔ Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

PRIMER INFORME

Ť Fox tuvo que revertir la inclusión de hombres de negocios en consejo de Pemex

Ningún avance en la reforma del sector eléctrico

Ť A 9 meses de su gobierno, el Presidente afronta una demanda de controversia constitucional

JUAN MANUEL VENEGAS

Sin ningún avance en las reformas constitucionales que tiene previstas para el sector energético del país, el presidente Vicente Fox Quesada quiso modificar por decreto el reglamento de la Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica e incluir a empresarios en el consejo de administración de Petróleos Mexicanos. Y en ambas iniciativas se encontró con el rechazo del Congreso.

En el caso de la electricidad, los legisladores presentaron incluso una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la consideración de que el presidente Fox "se excedió con su decreto e intentó, contrario a lo establecido en la Constitución, legislar para avanzar en su propósito de privatizar el sector".

Respecto a la idea de incluir en el consejo de administración de Pemex a prominentes hombres de negocios, el mandatario de plano tuvo que dar marcha atrás ante la presión no sólo del Poder Legislativo, sino del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

"Es imperativo asumir una visión empresarial en Pemex; profundizar en una cultura administrativa de calidad total y transparencia; hacer a un lado negocios no rentables y buscar formas para compensar las desventajas tecnológicas por la escasez de capital", fueron algunos de los argumentos con los que Fox pretendió que la paraestatal incluyera en sus decisiones a los hombres del dinero. Pero ninguno de ellos valió ante legisladores y dirigentes sindicales.

Veto a la Ley de Desarrollo Rural

Otra de las decisiones más controvertidas de Vicente Fox Quesada en estos sus primeros nueve meses de gobierno fue el veto a la Ley de Desarrollo Rural que, a iniciativa de Ernesto Zedillo, fue aprobada por la actual Legislatura. Su contenido "no cumple" con el compromiso social que este gobierno ha hecho con los sectores de la población "más pobre del país", explicaron en Los Pinos.

Pero sin una propuesta de reforma alterna, el Ejecutivo federal optó por la presentación de programas: el de atención a las microrregiones más pobres y el de capitalización al campo mexicano que, según se dijo, tiene un techo garantizado de 100 mil millones de pesos para los próximos ocho años.

En tanto, las explicaciones que han seguido de por qué Fox vetó la Ley de Desarrollo Rural abundan: "no apoya las actividades agropecuarias de las comunidades indígenas ni las de los pequeños ejidatarios, y tampoco respalda a los pequeños propietarios... para esta ley ellos no existen; el mundo de los más pobres no se ve respaldado, porque carece de sentido social... plantea una concepción restrictiva del desarrollo rural, sólo considera agricultores afiliados a corporaciones y no incluye a quienes más necesitan de apoyo y recursos".

Y se anunció, en los días previos al primer Informe de Gobierno, que está en elaboración ya una iniciativa de ley de capitalización al campo que "dará paso a un nuevo sistema financiero rural, acorde con las características y necesidades de la población campesina".