JUEVES Ť 30 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Privaron a varias familias de su libertad en busca de cómplices de los Arellano Félix
Pide procurador de derechos humanos en BC sancionar a militares que realizaron operativo
Ť Se pedirán explicaciones a la PGR, dice el gobernador de la entidad
JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL
Tijuana, BC, 29 de agosto. El procurador de los derechos humanos y protección ciudadana de Baja California, Raúl Ramírez Baena, demandó la intervención de la CNDH y la aplicación de sanciones penales contra los mandos militares que la víspera ordenaron ilegalmente privar de su libertad a varias familias bajacalifornianas durante un operativo encaminado a detener a cómplices de los hermanos Arellano Félix, jefes del llamado cártel de Tijuana.
De acuerdo con el ombudsman de la entidad, la actuación de los efectivos castrenses, que desde ayer y hasta la madrugada de este miércoles mantuvieron vigiladas al menos 16 propiedades en los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate, constituye una flagrante violación a los derechos humanos y a la Constitución mexicana.
Trascendió además que las familias afectadas con los operativos interpondrían denuncias por los destrozos y robos ocasionados por los militares en algunas de las viviendas cateadas.
"Es inaceptable que el Ejército Mexicano sea utilizado para violentar el marco jurídico en Baja California, al realizar esta clase de operativos sin la orden de un juez", dijo.
Por su parte, el gobernador Alejandro González Alcocer solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) una explicación de lo acontecido.
No obstante, el mandatario dijo estar convencido de que la autoridad federal efectuó los operativos "por algo", con objetivos muy claros y que responden a la petición de la misma autoridad estatal de combatir al crimen organizado en Baja California.
González Alcocer dijo desconocer los resultados arrojados por el operativo, al que calificó como un mal necesario para avanzar en el combate a las bandas delictivas que operan en la entidad.
En tanto, el comisionado presidencial para la frontera norte de México, Ernesto Ruffo Appel, expuso que con estas acciones la autoridad federal cierra la pinza en torno al cártel de los Arellano Félix.
Sin embargo, tanto el mandatario como el ex gobernador de Baja California coincidieron en que debieron actuar agentes de la PGR y de la PFP en lugar de los efectivos castrenses.
Extraoficialmente se informó que las acciones derivaron de investigaciones relacionadas con la reciente detención de Ivonne Soto Vega, La Pantera, señalada como una de las principales piezas en el lavado de dinero del cártel de Tijuana. También se dijo que a partir de esta mañana las propiedades quedaron sin custodia, sin que se tuviera conocimiento de detenciones.