JUEVES Ť 30 Ť AGOSTO Ť 2001
Pedro Rivas Monroy
Los laberintos de la seguridad pública
La seguridad pública es un concepto que por culpa del manejo indiscriminado y demagógico que se ha hecho de él en política hoy significa delincuentes, policías, fiscales perversos, armas y reclusorios. Con ello se han dejado de lado la prevención y la readaptación social, que implican políticas públicas de largo plazo y que, por supuesto, no generan un capital político inmediato.
El DF es un ejemplo claro de la grave problemática de la seguridad pública; sus índices delictivos saltan a la vista. Los factores que hacen de esta ciudad un foco rojo en este fenómeno social son claros: hiperconcentración humana, descomposición y violencia familiar, falta de oportunidades para los jóvenes, discriminación y corrupción institucionalizada. Enfrentar esta situación, que se ha extendido a todas las entidades del país, requiere medidas y estrategias que involucren a la Federación, aunque en el pasado se han realizado esfuerzos.
En el sexenio de Luis Echeverría, a petición del maestro Porte Petit y con apoyo de Sergio García Ramírez, en ese entonces subsecretario de Gobernación, se fundó el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Sus objetivos eran, fundamentalmente: crear un centro de docencia e investigación de punta en los campos del derecho penal, la criminología y la criminalística, con el fin de preparar profesionales en las áreas de prevención delictiva, readaptación social, procuración y administración de justicia en materia penal, y que como producto de la investigación alimentara al Estado de alternativas científicas para impulsar políticas públicas en estos ámbitos.
En el mandato de Carlos Salinas el Inacipe dejó de pertenecer a la Segob y fue ubicado como órgano descentralizado de la PGR. Este cambio representó la primera agresión al instituto, porque redujo su campo de acción a la procuración de justicia en el ámbito federal, contraviniendo los fines que le dieron origen.
Hay que recordar que durante esa administración desfilaron cinco titulares por la PGR, lo que trajo como consecuencia su desarticulación. De todos los procuradores fue Jorge Carpizo quien convirtió al Inacipe en academia de policía, cancelando la investigación y la docencia especializada, en un momento en que la seguridad pública se había convertido en un problema de seguridad nacional y, en consecuencia, de salud pública.
Con Ernesto Zedillo y la designación de Jorge Madrazo en la PGR se produjo otro revés para el instituto. Uno de sus subordinados, el hoy doctor Mirón, quien se encargaba de vigilar el buen desempeño de los funcionarios de esta dependencia, utilizó al Inacipe para manipular los exámenes de ingreso a la Procuraduría. En recompensa, casi al finalizar el sexenio Madrazo designó a este funcionario como encargado del instituto. Su estancia le sirvió para convertirse en doctor en ciencias penales.
En la actualidad el doctor Mirón, después de cumplir una labor ejemplar en ese puesto, se convirtió en flamante director general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque el doctor Soberanes no lo crea. Desde luego, con conveniente barniz de su doctorado, el señor Mirón podrá afirmar que él no llegó de la Procuraduría a la CNDH, sino que viene de una institución académica. En fin.
A partir del 2 de julio del año cero se nos prometió el cambio. Bueno, pues resulta que en el Inacipe, efectivamente, hace unos días se dio el relevo del ínclito doctor Mirón. A sustituirlo llega un ilustre desconocido en el ambiente de la criminología, la criminalística, el derecho penal y la seguridad pública.
Sus antecedentes, a saber, son haberse encargado de una oficina de atención ciudadana con el señor González Fernández en la Procuraduría del DF y su último empleo fue en el área de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su mérito: ser amigo del general Rafael Macedo, sin importar que esta amistad viole la ley.
El decreto por el que se crea el instituto establece en su artículo 9 los requisitos para ser su director, y en sus fracciones II y III señala: "Poseer grado académico superior al de licenciatura que implique conocimientos especializados en alguna de las disciplinas penales", y "haberse distinguido en algunas de las áreas relacionadas con las ciencias penales, en la labor docente o en la investigación, y tener obra escrita de reconocida calidad científica".
Es lamentable que una institución de vital importancia para revertir el déficit en seguridad pública que tiene el gobierno federal sea tratada con tal frivolidad. Seguramente Macedo, abrumado como está con asuntos que requieren de inmediata respuesta, confió en alguien la decisión. Lo delicado en este tipo de situaciones consiste, amén de lesionar una institución violentando la ley, en poner en entredicho la veracidad del presidente Vicente Fox, porque no olvidemos que el nombramiento de director del Inacipe es de carácter presidencial.