JUEVES Ť 30 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Es el inicio de un proceso de reconciliación: líderes estatales de PRD, PT, PAN y PVEM

El retorno de desplazados a Chenalhó, primer paso para la paz, coinciden partidos y ONG

Ť Demandan a autoridades federales y de Chiapas garantías para el regreso de los demás

JUAN BALBOA Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

mexico_chiapas_walking__0ustuxtla gutierrez, chis., 29 de agosto. Dirigentes estatales de cuatro partidos políticos consideraron que el regreso de 62 familias desplazadas por la guerra al municipio de Chenalhó, es el inicio de un proceso de reconciliación en Chiapas y el primer paso para continuar con el proceso de paz.

Los líderes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que con el retorno se dieron los primeros pasos para lograr la reconciliación, y pidieron a las autoridades estatales y federales dar todas las garantías a los desplazados del norte y la selva para que regresen a sus lugares de origen.

El dirigente estatal del PRD, Jorge Morales Messner, se mostró optimista por el regreso de los indígenas de la organización civil Las Abejas a las comunidades Shushtic, Tashgemel y Puebla, y dijo que con este hecho se vislumbran grandes posibilidades para que se logre la reconciliación entre los chiapanecos.

Por su parte, Amadeo Espinosa, del PT, puntualizó que es necesario que los gobiernos estatal y federal inicien una mesa de reconciliación en las regiones en donde existen aún desplazados.

En tanto, el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas destacó la importancia de atender y dar garantías a unos 12 mil desplazados que se encuentran en cuatro regiones de Chiapas, y señaló que se necesitan garantías para que las familias decidan regresar a sus tierras.

Por otra parte, unos 12 mil desplazados asentados en ocho municipios chiapanecos pidieron al presidente Vicente Fox y al gobernador Pablo Salazar garantías para el regreso a sus lugares de origen, y aseguraron que para lograr el retorno de todos es urgente el desmantelamiento de los grupos paramilitares que existen en el estado.

Representantes de los municipios de Tila, Salto de Agua, Sabanilla, Ocosingo, Villa de Corzo, Marqués de Comillas y Tenejapa consideraron que el retorno de las 62 familias del municipio de Chenalhó es ''un signo importante para avanzar en la solución de las demandas'' de los desplazados de toda la entidad, pero dijeron que aún falta atender las peticiones de muchas más comunidades que viven en ''esta situación de desplazamiento forzado'', en la cual calculan se encuentran unas 12 mil personas, la mayoría indígenas.

Señalaron que es urgente que se castigue a los responsables del desplazamiento, se indemnice a las familias y comunidades afectadas y se desmantelen los grupos paramilitares que siguen actuando en varias regiones del estado.

Exhortaron a la Cruz Roja -nacional e internacional- a que continúe brindando ayuda humanitaria a los desplazados y exigieron se respeten los acuerdos firmados en San Andrés Larráinzar y se anule ''la contrarreforma indígena'' que aprobó el Congreso de la Unión.

Acción paramilitar

Presuntos paramilitares desalojaron a bases zapatistas del poblado San José Bascan, ubicado al norte de esta entidad, informó el representante de los zapatistas desplazados, Clemente López Alvarado, al acudir a la Red de Defensores por los Derechos Humanos para solicitar su intervención ante las autoridades competentes, antes de que se susciten ''enfrentamientos lamentables.''

Relató que el pasado lunes un grupo de aproximadamente siete personas de la comunidad Tiquipa Bascan, ubicada en Salto de Agua -quienes desde 1995 forman parte del grupo paramilitar Paz y Justicia- desalojaron del poblado a cuatro familias.

Domingo Méndez Guzmán, Manuel Hernández Sánchez, Ignacio Hernández López y Julián Hernández López, miembros de las familias afectadas, explicaron que sus agresores actuaron por órdenes del comisariado ejidal Nicolás Velasco Arcos y de Jerónimo Alvaro Arcos.

Estas personas son miembros de la Unión Ejidal Emiliano Zapata y conocidos militantes del grupo Paz y Justicia. Según los afectados, ''fuimos desalojados simplemente por el hecho de ser bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).''

Relatan que ''ya desde 1995, por si fuera poco, sufrimos el primer desalojo por parte de los paramilitares de Paz y Justicia.'' En esa ocasión perdieron sus hogares, hubo personas asesinadas, heridas, encarceladas, y además perdieron sus pertenencias.

La Red de Defensores por los Derechos Humanos exigió a las autoridades municipales de Salto de Agua y del gobierno estatal frenen estos actos violentos antes de que se reinicien los enfrentamientos entre bases zapatistas y grupos paramilitares que siguen operando impunemente en esa región.