Al instalar ayer el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural, el presidente Vicente Fox externó su convicción de que el problema agrario, si bien "majestuoso y gigantesco", puede ser atemperado por las acciones de su gobierno, por una administración presupuestal eficiente y honrada, así como por una política democrática e incluyente que tome en cuenta a diversas dependencias gubernamentales, productores, autoridades estatales y municipales, así como a legisladores, académicos y organizaciones civiles.

Los propósitos presidenciales son plausibles y, de realizarse, representarán sin duda avances importantes respecto de la absoluta falta de interés de los gobiernos anteriores hacia el agro. Sin embargo, para enfrentar de raíz los problemas del campo --o para "tomar el toro por los cuernos", según la expresión del mandatario-- no basta, a estas alturas, con la formulación de una política estrictamente agraria. 

Se requiere, en cambio, de una visión distinta de país y de un proyecto nacional diferente del que ha venido imponiéndose desde el sexenio de Miguel de la Madrid, ante el cual Fox y su equipo no han dado muestras claras de deslinde.

Ha de considerarse, como señaló ayer el titular del Ejecutivo, que si bien el campo mexicano padece desajustes inmemoriales y herencias de décadas de políticas gubernamentales equivocadas, el desafío más alarmante para los campesinos proviene de la brutal inserción del país en la economía global y sus reglas, proceso que arrancó hace menos de cuatro lustros y que dista de haber culminado. 

Ese proceso significó, en materia agraria, la cancelación tajante de subsidios a los micro, pequeños y medianos agricultores y una apertura indiscriminada --en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte-- del mercado a productos extranjeros, muchos de los cuales son fuertemente subsidiados. 

Con la imposición de semejantes reglas se estableció de golpe la inviabilidad para decenas de cultivos y una situación insostenible para millones de campesinos.

Según los preceptos imperantes del libre mercado, de la rentabilidad y la competitividad como valores supremos y del darwinismo económico y social, ese sector de la población no tiene más horizonte que abandonar sus actividades actuales --lo que implica, también, dejar sus lugares de residencia-- y dedicarse a otra cosa. 

Ayer el presidente Fox se felicitó por el hecho de que, en el último trimestre, el sector agropecuario haya generado 18.9 por ciento del PIB. Pero en la lógica de la ortodoxia económica ese dato debe ser contrastado con el hecho de que 25.3 por ciento de la población del país está asentada en el campo y que hay, en consecuencia, un desequilibrio en la productividad agraria.

Para enfrentar con profundidad este desafío es necesario replantear la articulación económica entre las ciudades y el campo, entre la agricultura, la industria y el sector terciario, entre los factores de la producción, así como entre el país y sus socios comerciales. Se requiere, en suma, de un nuevo pacto social y de un nuevo proyecto de país.