MIERCOLES Ť 29 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Acusa Profepa de delitos ambientales a ex funcionarios del INE
Dimite Caso Lombardo al cargo en consejo de Semarnat ante protestas por su afición a la caza
Andrés Caso Lombardo renunció el lunes pasado a su cargo como presidente del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, dependiente de la la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de protestas que se desataron porque se conoció que es "cazador".
En su dimisión, dada a conocer ayer, destacó que a partir de su nombramiento se hizo énfasis en su carácter de cazador y sostuvo que son críticas de "personas menores y de un grupo que ha hecho de la ecología y de la política un negocio familiar próspero", en referencia al Partido Verde, que realizó mitines de inconformidad por su designación.
En el documento, entregado a Víctor Lichtinger, titular de Semarnat, Caso Lombardo dijo que el pasado 10 de mayo aceptó el cargo en el consejo donde preveía desarrollar la pluralidad y que participara gente involucrada con el desarrollo y la conservación de la vida silvestre.
Lamentó que haya una acción concertada para que la cacería deportiva no tenga representación. En su renuncia dijo que "sería lamentable que las decisiones para mejorar la vida silvestre en el país que pudiera tomar el consejo fueran desvirtuadas por críticas sin base al presidente del propio organismo".
Por esa razón presentó su renuncia, ya que "acepté el puesto para impulsar, no para obstaculizar los proyectos para mejorar la vida silvestre".
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó ante la PGR una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por los presuntos delitos ambientales cometidos por ex funcionarios de la Dirección General de Vida Silvestre del Instituto Nacional de Ecología de la anterior administración.
Se trata del registro de Unidad de Manejo de Vida Silvestre (UMA) otorgado a la comunidad de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca. La irregularidad consiste en que toda la superficie de esta comunidad constituye la UMA, lo cual "resulta ilegal".
La Profepa informó que el 26 de febrero la Dirección General de Delitos Ambientales Federales presentó esta denuncia y aseguró que están involucrados los servidores públicos encargados de otorgar las autorizaciones para operar las UMA, en las cuales se crían ejemplares para su comercialización regular.
Dio a conocer que la investigación de diversos actos de autoridad relacionados con el tráfico de fauna, comenzó como resultado de visitas de inspección a sedes de comercialización y a UMA.