Ť La solicitud era por el caso de la Operación Cóndor
Rechaza juez tramitar arresto preventivo de Pinochet
Ť Hallan restos de posibles víctimas de la Caravana de la Muerte
ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL
Santiago, 28 de agosto. El juez Domingo Kokish
rechazó hoy tramitar la solicitud de arresto preventivo solicitada
por el magistrado argentino Rodolfo Canicoba Corral en contra del ex dictador
Augusto Pinochet Ugarte, en su investigación sobre la Operación
Cóndor, la coordinadora represiva de los servicios secretos
sudamericanos en la década del 70.
Kokish trapasó a su colega Alberto Chaigneau la
tramitación de la orden de detención contra Pinochet. Este
juez tramita actualmente un pedido de extradición solicitado por
el mismo Canicoba contra el general retirado Manuel Contreras, quien fuera
jefe de la siniestra Dirección de Intelgencia Nacional (Dina) la
policía secreta de Pinochet. Contreras ya se encuentra en arresto
domiciliario por esta causa.
Mientras, los horrores del pasado siguen emergiendo. Personal del Servicio Medico Legal encontró en la quebrada El Buitre, a 20 kilometros del centro minero norteño de Calama, restos óseos que podrían corresponder a 13 de los 26 fusilados que dejó el paso en la zona la Caravana de la Muerte en octubre de 1973, el recorrido militar para exterminar opositores que se llevó a cabo poco después de que Pinochet encabezara el golpe de Estado.
Saber cuántos ejecutados se encuentran en la fosa, su sexo y edad es un trabajo que "puede durar un mes o dos meses y luego de ello se analizara el ADN", señaló la experta Patricia Hernández.
Por su parte, el ex agente de la Dina Nibaldo Jiménez entregó al juez Juan Guzmán Tapia un testimonio en que señala que en el edificio de Londres 38, en pleno centro de Santiago, existían rieles cortados para amarrar los cuerpos sin vida de los detenidos, para lanzarlos luego al mar. Los cuerpos "los envolvian en un saco (costal), bien amarrados con alambres, y con el peso del riel se iban para el fondo", según el testimonio del ex agente.
Finalmente, el juez Sergio Muñoz, que investiga el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez en febrero de 1982 inculpó a 16 militares retirados y colaboradores de la dictadura por el hecho, al tiempo que absolvió a tres procesados, informó Dpa. Entre ellos se encuentra el general Hernán Ramírez Hald, quien estaba en servicio activo cuando fue involucrado en el caso y debió renunciar en noviembre pasado.