MIERCOLES * 29 * AGOSTO * 2001
* Envió a SG un paquete legislativo que incluye reformas a la Ley del Servicio Exterior
Apoya la SRE creación de corte penal internacional
* La cancillería insiste en reformar el artículo 88 para que el Ejecutivo no pida permiso para viajar
ROSA ELVIRA VARGAS
Además de buscar la eliminación del trámite de pedir permiso al Legislativo para los viajes presidenciales al extranjero, cuando éstos sean hasta de cinco días, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará sendas iniciativas para que el Congreso modifique la Ley del Servicio Exterior Mexicano y para que el Senado ratifique la suscripción de 11 convenciones internacionales, entre ellas la que avala la operación de una corte penal internacional.
En el caso de las modificaciones al artículo 88 constitucional referente a la necesaria autorización del Poder Legislativo para que el Presidente de la República salga del país, en la cancillería se considera que la estructura del precepto resulta obsoleta para una época como la actual, en la que las naciones mantienen una agenda de relaciones muy activa y en la que las comunicaciones se han sofisticado y perfeccionado de tal forma que un mandatario puede estar al tanto de lo que ocurre en su país y, de ser necesario, regresar al mismo.
Los antecedentes de este ordenamiento se encuentran en la Constitución de 1824 y se mantuvieron prácticamente sin variaciones hasta 1966, cuando tuvo una leve modificación por la cual se permite que la autorización de las giras pueda otorgarla también la Comisión Permanente del Congreso.
En su iniciativa sobre este tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores se compromete a entregar a fines de cada año la relación de viajes ųde hasta cinco díasų que realizaría en los siguientes doce meses el mandatario, así como el compromiso de que al volver de los mismos informaría puntualmente de los resultados obtenidos.
Argumentos para que el Ejecutivo
no pida permiso para viajar
Otro argumento que destaca la oficina que encabeza Jorge G. Castañeda para respaldar la derogación parcial del artículo 88 constitucional, es que otras naciones de similar desarrollo y política exterior han simplificado este trámite. Así, por ejemplo, en Brasil el permiso se solicita sólo si el periplo será mayor de 15 días, en Chile si excederá de 30 y en Colombia únicamente si es necesario avisar del viaje.
Respecto a la ratificación de convenciones internacionales, la SRE aclara que prácticamente todas tienen que ver con la protección a derechos humanos y se busca congruencia con la política impulsada en esta administración para que México sea también observado en su cumplimiento de compromisos en esa materia, así como el dotar de instrumentos a los ciudadanos para defenderse ante abusos sobre su persona.
De ese modo, entre los instrumentos que se turnarían a la aprobación del Senado figuran los relativos a desapariciones forzadas, a derechos de la mujer, contra la tortura y, el más importante, aquel que tiene que ver con la corte penal internacional. Desde ahora se prevé que este último absorbería el mayor tiempo de análisis de los legisladores, sobre todo porque al asumir la creación de esa instancia, el país tendría que modificar algunas normas internas, tanto de su Constitución como de sus códigos.
Hace poco, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo explicó que el tribunal penal internacional responde a una vieja aspiración de la comunidad de países que data de la segunda posguerra y representa un mecanismo coercitivo para luchar en contra de la impunidad.
Serviría también para poner fin a la proliferación de tribunales creados a instancias de un "órgano tan politizado" como el Consejo de Seguridad de la ONU, y que en rigor representan un peligro real en la esfera mundial.
La idea de un tribunal, añadió, es que funcione sólo en la medida en que un Estado no pueda o no quiera ejercer su jurisdicción sobre una situación que sea propia de los crímenes que están tipificados en el estatuto. Hasta ahora, esa instancia ha recibido ya 37 ratificaciones de las 60 que se requieren para permitir la entrada en vigor de su estatuto, lo que se espera ocurra a medidados de 2002.
Los delitos sobre los que tendría injerencia la corte serían, hasta ahora, los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.
Por último, el "paquete legislativo" que Relaciones Exteriores turnó a la Secretaría de Gobernación para que ésta, previo análisis y consulta con la consejería jurídica de la Presidencia lo envíe al Congreso, se refiere a las reformas y modificaciones a la Ley del Servicio Exterior Mexicano surgidas, apunta la cancillería, de la consulta y propuestas que hiciera la comisión creada ex profeso a inicios de esta administración.