DESAPARECIDOS

Ť Entregan primera remesa de denuncias; Macedo, ausente

Ante la PGR, las antiguas fotos de quienes permanecieron jóvenes

Ť No somos magos, cumpliremos la ley: Lima Malvido

BLANCHE PETRICH

Una primera remesa de 61 denuncias de hechos ?de los 552 casos de desaparecidos que se registran en el país? fue presentada ayer en la Procuraduría General de la República, en un nuevo esfuerzo de las familias para localizar a las víctimas y juzgar a los responsables.

Como en incontables ocasiones anteriores, el Comité Eureka volvió a tomar la escalinata de la PGR y desplegó su larga manta, las viejas fotos de hombres y mujeres que permanecen jóvenes, después de un cuarto de siglo. Sólo que, a diferencia de tantos actos de protesta y denuncia del pasado, esta vez los demandantes acudieron a la autoridad con una nueva esperanza: por primera vez, el delito de desaparición forzosa está tipificado en el Código Penal recientemente reformado. Y al amparo de esta ley exigen que toda la cadena de responsabilidad en los actos de desaparición forzosa ?entre ellos cinco ex presidentes? sea juzgada.

El procurador Rafael Macedo de la Cocha prefirió no estar presente el mediodía de ayer en sus oficinas. Los familiares de los desaparecidos fueron recibidos por la subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo, María Luz Lima Malvido, y el director de Atención Ciudadana, Pedro Peñaloza. Ella aseguró que la instrucción del procurador es cumplir escrupulosamente con la ley e investigar a fondo los casos presentados.

Interrogada sobre si existen condiciones para que estas nuevas denuncias tengan un destino distinto al que tuvieron durante los cinco sexenios anteriores, Lima Malvido respondió: ''No somos magos. Si tenemos oportunidad jurídica de esclarecer los casos, lo haremos. Si no... pues no. Cada familia tiene derecho a creer o no. Nuestra obligación no es convencer a nadie sino cumplir la ley, y lo vamos a hacer.''

Reconoció, sin embargo, que ''el hecho mismo de que el Estado reconozca la existencia de desaparecidos en el país es un avance enorme. Es innegable que es un tema de la agenda nacional. Sobre esta línea vamos a trabajar.''

A nivel declarativo, la subprocuradora fue, en ese momento, la primera funcionaria federal en expresar ese reconocimiento sobre la realidad de la desaparición forzosa. En los hechos, fue el presidente Vicente Fox quien, al suscribir su ratificación a la reforma del Código Penal en materia federal en sus artículos 215 A al 215 D ?trámite previo indispensable para su publicación en el Diario Oficial y su entrada en vigor? concretó ese reconocimiento.

''El nuevo código no es una panacea, declaró por su parte la presidenta del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, pero sí es una palanca para mover a la justicia. Ahora falta voluntad política para accionar esa palanca.''

A ese ingrediente ?voluntad política? aluden las dos únicas mantas que se despliegan durante la concentración. Una dice: ''¡No habrá democracia con desaparecidos!'' La otra: ''Señor presidente Vicente Fox: Para usted ¿no contamos? Desde hace cinco meses esperamos audiencia''.

Cinco ex presidentes al banquillo

En su mayoría, las 61 demandas penales piden que sean investigados como responsables de encubrimiento y omisión en la aplicación de la justicia los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, sus procuradores Pedro Ojeda Paullada y Oscar Flores Sánchez, del primer sexenio, y Sergio García Ramírez, del segundo; sus secretarios de Gobernación, Mario Moya Palencia del primer sexenio y Jesús Reyes Heroles, y Enrique Olivares Santana del segundo; los respectivos secretarios de la Defensa y los principales jefes de los cuerpos de seguridad de la época, entre ellos el general Javier García Paniagua y Miguel Nassar Haro, de la extinta Dirección Federal de Seguridad; Francisco Sahagún Baca, de la que fuera Dirección de Investigaciones; los generales Humberto Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, y el capitán Luis de la Barreda, entre otros.

Sin embargo, también se documentan y denuncian casos de los siguientes gobiernos, e incluso dos del actual: Alejandro Martínez Dueñas, de 25 años, y su amigo Jesús González Medina fueron detenidos, según testigos, por agentes judiciales en la ciudad de Colima, el 30 de junio de este año. Las familias ya agotaron su recorrido por cárceles, hospitales y morgues. El procurador de Jalisco, Antonio Sam López, argumenta que se trata de un asunto federal y que fue la PGR la que los detuvo. ''Búsquenlos en Jalisco o en México. Tengo órdenes de no decir nada de nada''.

El secretario de Gobierno, Humberto Silva Ochoa, le dijo a la familia que probablemente uno de ellos ''se encuentre incomunicado en la PGR'', ya que puede tratarse ''de un caso de falsificación de billetes''. Pero la dependencia federal niega conocer el paradero de los dos.

En las escalinatas de la PGR coinciden por primera vez Diana Martínez, la hermana de Alejandro Martínez, el desaparecido más reciente, y la señora Briceida Alfaro Azola, madre de uno de los desaparecidos más antiguos. Ambas empiezan a dar los primeros pasos en la búsqueda.

Briceida, una mujer de 74 años con la salud resquebrajada, viene de Orizaba. Busca a su hijo Antonio Lara Alfaro, que era estudiante del Politécnico y militante del Movimiento de Acción Revolucionaria. Dos integrantes de esa organización, Elda Nerváez y Laura Gaytán, observan atentamente las viejas fotos que les muestra la señora. Cuando les explica que ella nunca buscó a su hijo cuando le perdió la pista en 1974, ''porque él así me lo pidió, nunca me busques, me dijo'', ellas entienden. Eran los hábitos estoicos de los guerrilleros de antes. Ahora lo busca porque hace 30 años que no lo ve. ''Siento que ya me estoy yendo y no quiero morir sin saber''. Hace algunos meses se le encendió la esperanza: ''Fue cuando vino Marcos. Cuando pasó por Orizaba, lo fui a ver. Pensé que a lo mejor iba a venir con ellos.''

En las listas del Comité Eureka figuran no sólo activistas políticos de la oposición, sino también se defienden los casos de ocho policías judiciales desaparecidos, un policía auxiliar y varios militares, entre ellos el del teniente Orlando Muñoz. Su madre y su hermana, Las Lupitas del movimiento, animan a una señora que, como ellas, trata de hallar a otro militar desaparecido. Se trata de Luz María Barrera de Rodríguez, que busca a su marido, el capitán retirado Juan Rodríguez Valenciano. Este fue secuestrado frente a su domicilio en Zapopan, Jalisco, por cinco hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta, el 22 de marzo de 1997.

Compañero en la Escuela Militar del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo ?hoy preso, acusado de narcotráfico?, el capitán era jefe de seguridad de un fraccionamiento en Zapopan, Colinas de San Javier, por recomendación de Gutiérrez Rebollo. Días después del arresto del ex comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, cuerpos de seguridad hicieron un cateo en una de las casas del general en ese fraccionamiento. Rodríguez fue desaparecido un mes más tarde. Su esposa levantó una denuncia ese mismo día. Cuatro años después, no sabe nada. Ahora, mientras Luz María Barrera participa sosteniendo en el Zócalo las mantas del Comité Eureka, empieza a conocer gente y a descubrir un México que no imaginaba.

Un México en el que también desaparecieron ancianos, que nunca tuvieron vinculación alguna con ninguna organización radical. Es el caso de José Reyes Mayoral Jáuregui. Ahí está su hijo, Jorge Mayoral Román, para recordarlo y volver a denunciar. Mayoral tenía 60 años en agosto de 1977. Había trabajado 30 años en el ayuntamiento tapatío y unas semanas antes lo habían condecorado por su rectitud y probidad. En esos tiempos el comandante de la Dirección Federal de Seguridad, Javier García Paniagua, se ensañaba contra todo lo que oliera a guerrilla en Guadalajara. En la prensa se mencionó que un hijo de Mayoral formaba parte de una de esas organizaciones y fueron por el padre. Fue un operativo de guerra, con decenas de patrullas, cientos de judiciales federales, helicópteros de la Judicial estatal, armas largas, todo para detener en su casa a un anciano.

Ayer su hijo expresó esperanzas, ''no porque el gobierno haya cambiado, sino porque lo que ya cambió es la sociedad''.