Ť Caso sonorense del 75

Presumen perredistas nexos de políticos en matanza de labriegos

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 27 de agosto. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de la Unión analiza nuevos expedientes de personajes de la vida política del gobierno de Sonora presuntamente involucrados en la matanza de siete campesinos de San Ignacio Río Muerto, en hechos ocurridos en 1975, informó Leticia Burgos Ochoa, senadora de ese instituto político.

En este sentido, exigió al gobierno federal abrir las investigaciones y esclarecer en forma cabal los hechos, "porque no se puede olvidar el pasado para perfeccionar el futuro".

La senadora propuso crear una "comisión de la verdad", que se integre con funcionarios y legisladores, con el fin de que puedan iniciar las investigaciones para que se castigue a los culpables de la muerte de siete campesinos yaquis del sur de Sonora.

Dentro de los expedientes sobresale el del procurador de Justicia de Sonora, Miguel Angel Cortés Ibarra, quien en ese tiempo ocupaba el mismo cargo y habría girado instrucciones al entonces director de la Policía Judicial del estado, Francisco Arellano Noblecía, para que efectuara el desalojo de los campesinos de los campos agrícolas del valle del yaqui.

Asimismo, indicó que el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, debe proceder por la vía de las instituciones para que se deslinden responsabilidades y se castigue a los responsables de los hechos sangrientos de San Ignacio Río Muerto.

Dijo que en caso de que Cortés Ibarra resultara ser el responsable intelectual de la muerte de los campesinos, el Partido de la Revolución Democrática pedirá que sea destituido de su cargo para que pueda enfrentar un juicio penal por el delito de homicidio.

Finalmente, la senadora expresó que la petición del Partido de la Revolución Democrática de cesar a Arellano Noblecía de la dirección de la Policía Federal Preventiva (PFP) sigue vigente, a pesar de que el funcionario ha emprendido una campaña en contra del narcotráfico en la que presuntamente se involucra al periódico El Imparcial, de Sonora, con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, al filtrar a medios nacionales de comunicación cheques que fueron entregados a esa casa editora por parte de ese cártel de las drogas.