MARTES Ť 28 Ť AGOSTO Ť 2001
José Antonio Montero
El retorno de Las Abejas
En precarias condiciones de seguridad, 61 familias desplazadas de la sociedad civil de Las Abejas, originarias de tres comunidades de Chenalhó, retornarán hoy a sus comunidades, luego de un acuerdo de respeto mutuo celebrado el pasado 24 de agosto entre el ayuntamiento de San Pedro Chenalhó y la sociedad civil Las Abejas.
Las Abejas abandonaron sus comunidades en 1997 cuando los paramilitares destruyeron y quemaron sus viviendas, saquearon sus bienes y los amenazaron de muerte si no se afiliaban con ellos al PRI.
La acción de los paramilitares, adiestrados por el Ejército Mexicano, protegidos y financiados por el entonces gobernador, Julio César Ruiz Ferro, a través de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas, Seguridad Pública y el ayuntamiento que presidía Jacinto Arias Cruz pariente del famoso antropólogo Jacinto Arias, quien fungió como secretario de Atención a los Pueblos Indígenas y como asesor del gobernador ocasionó el desplazamiento de 5 mil 800 personas en el municipio de Chenalhó, según censo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Sobra decir que han sobrevivido en condiciones de miseria, acoso político y violencia en campamentos de desplazados durante cuatro años en las comunidades X'oyep, Acteal y Yabteclum, municipio de San Pedro Chenalhó. A Las Abejas se suman familias simpatizantes del EZLN en campamentos ubicados en el municipio autónomo de Polhó y en Acteal y Poconichim.
Durante 1997 fue casi imposible transitar libremente por la mayoría de los caminos del municipio, ya que eran vigilados por los paramilitares, quienes disparaban a quienes no eran del PRI o afines a sus intereses. En algunas comunidades secuestraron y amenazaron de muerte a varias familias con la finalidad de que contribuyeran económicamente en la compra de armas.
El acoso paramilitar tuvo su máximo nivel con la masacre de Acteal (22 de diciembre, 1997) cuando fueron asesinadas 45 personas de Las Abejas y resultaron gravemente heridas 17 más. Esta acción obligó a Ernesto Zedillo a tomar medidas de control político y de recomposición de imagen ante la opinión pública internacional, pues hasta ese momento se seguía negando la existencia de paramilitares en Chiapas. Finalmente, la acción jurídica de la fiscalía se encargó de culpar a funcionarios menores del gobierno estatal y de lavar la imagen del Ejército y del gobierno federal. La PGR sostuvo como causas de la masacre y de la existencia del "grupo civil armado", como ellos llaman a los paramilitares, los conflictos intercomunitarios entre bases zapatistas y priístas.
Durante 1999 y 2000 Las Abejas sostuvo mesas de negociación con el gobierno del estado; al que pidieron: ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes, indemnización de daños, desarme de paramilitares, reapertura de templos, educación y retorno, pero el gobierno condicionó la indemnización a cambio del retorno.
El retorno de 61 familias (de 361 desplazadas de Las Abejas) a las comunidades Puebla, Yaxgemel y Chuchtic, municipio de Chenalhó, se da en el contexto de la firma de un acuerdo que se compromete a respetar 17 principios que regirán la convivencia armónica entre sus familias y sus pueblos indígenas: derecho a la vida, a la propiedad agraria y comunal, a la igualdad, a la libertad, a la diversidad cultural, libertad de culto y de expresión, de asociación y participación política, libre tránsito, respeto a la seguridad social y a las garantías individuales, prohibición de armas de fuego en las comunidadades, control de venta de alcohol, y que no se haga justicia por propia mano.
El acoso paramilitar no ha cesado, aunque no es de la misma intensidad. Pero se recordará la aparente ineficacia del Estado contra los paramilitares en el operativo de la PGR realizado en la comunidad de Miguel Utrilla, Los Chorros (noviembre de 2000).
Ante la insuficiencia alimentaria y la desesperación del desarraigo, Las Abejas han debido generar por sí mismas las mínimas condiciones para su retorno.
En primer análisis el acuerdo no debió haberse pactado en tanto que los principios aducidos son acordes con las garantías individuales reconocidas por la Constitución. El que los habitantes de Chenalhó firmaran un acuerdo de esta naturaleza viene a demostrar que el Estado no es capaz de hacer cumplir a los ciudadanos las mínimas garantías, aun para su retorno. De tal manera que el Estado lo construyeron los propios habitantes de Chenalhó con los mismos principios y espíritu de libertad y derechos de nuestra Constitución.
Dada la ineficacia (en el fondo indiferencia) y acoso militar gubernamental, la experiencia de este 24 de agosto muestra que la reconstrucción del tejido social, tan deteriorado por el efecto de la etnocida guerra de baja inten-sidad, radica en los propios pueblos indígenas.