DOMINGO Ť 26 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Propuesta de la diputada perredista Clara Brugada a incorporarse al PND
Urge fondo federal para desarrollo metropolitano
Ť Desatendidas, áreas conurbadas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla que concentran a la mayor población en condiciones de "pobreza invisible", advierte
ELIA BALTAZAR Y GABRIELA ROMERO
Dado que 30 por ciento de la población del país vive en las zonas metropolitanas del valle de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, y que éstas concentran la mayor población nacional en condiciones de "pobreza invisible" -porque no es extrema y por lo tanto no es tomada en cuenta por los programas federales-, urge poner en marcha un fondo federal de aportaciones para el desarrollo metropolitano.
Esta es la propuesta que la diputada local perredista Clara Brugada pone a consideración para que el tema de recursos destinados al desarrollo metropolitano se incluya en las discusiones de la reforma fiscal y su ordenamiento en el Programa Nacional de Desarrollo.
El fondo que propone Brugada requiere la adición de una fracción octava al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. Y se integraría con los recursos equivalentes -sólo para efectos de referencia- a 2.5 por ciento de la recaudación federal participable, que este año equivale a 19 mil millones 539 mil 128 pesos.
Explica que "50 por ciento de los recursos con cargo a este fondo serían distribuidos entre las ciudades medias consideradas en el programa Cien Ciudades, en proporción directa al número de habitantes que reporta el último censo de población del INEGI".
La otra mitad, agrega, se distribuiría entre las zonas metropolitanas con más de 2.5 millones de habitantes, en la misma proporción mencionada.
Los recursos de este fondo, dice, se destinarían exclusivamente a financiar acciones y obras de carácter metropolitano vinculadas a planeación, infraestructura hidráulica, vialidades, transporte, seguridad pública y medio ambiente.
Si bien existen bases jurídicas para la coordinación y planeación metropolitana, asentadas en la Constitución y en la Ley General de Asentamientos Humanos, explica la legisladora local, resultan insuficientes, pues a la fecha "el sistema federal no ha puesto en marcha los instrumentos necesarios para la planeación, gestión y, sobre todo, financiamiento de las conurbaciones intermunicipales e interestatales".
Según Brugada, los ordenamientos en la materia son letra muerta, en la medida en que tienen como principal característica establecer mecanismos exclusivamente orientados a la planeación y coordinación, y dependen en gran medida de la voluntad política de los gobiernos estatales y municipales y de las prioridades del financiamiento.
Agrega que los acuerdos en torno de la coordinación metropolitana están subordinados y limitados por decisiones políticas y administrativas y por la insuficiencia presupuestal de municipios y entidades. En resumen, no hay nada que obligue a los involucrados a invertir en proyectos metropolitanos.
Es necesario, entonces, "ampliar las fronteras jurídico-administrativas para atender la situación metropolitana, de modo que los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- colaboren en una restructuración que permita destinar recursos y hacer leyes destinadas a normar la vida en estas zonas".
Si bien en su momento la responsabilidad de emitir políticas públicas en materia de asentamientos humanos recayó en la Secretaría de Desarrollo Social, hace tiempo esta dependencia abandonó esa tarea.
Ejemplo de lo anterior fue el programa de Cien Ciudades, que en su momento se consideró una de las principales acciones federales para apoyar la planeación de esas urbes y llevar a cabo obras destinadas a ordenar y mejorar su gestión. Pero desde 1998 el programa prácticamente quedó fuera de la asignación presupuestaria, y ese es también el destino del Fonhapo, que tiene asignados recursos pero nunca se le entregan, explica Brugada.
La Federación, además, prácticamente ha abandonado la inversión en grandes proyectos de infraestructura urbana en las zonas metropolitanas. Por ejemplo, hasta 1995 el gobierno federal asumía el costo del Metro, "y ahora ni siquiera garantiza el cumplimiento de las normas vigentes".
Por ello, concluye, se requieren recursos para programas intermunicipales que atiendan la nueva realidad del desarrollo metropolitano.