VIERNES Ť 24 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Pide a la ALDF desoír reclamos de venganza
Deben ser eje de la reforma penal los derechos humanos: Sales
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal pidió a la Asamblea Legislativa que las reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales "salvaguarden las libertades que dan sentido a la democracia, y resista el acoso de quienes piden al Estado ejercer venganza antes que hacer justicia".
Afirmó lo anterior el subprocurador jurídico y de Derechos Humanos, Renato Sales Heredia, quien recordó al respecto la frase "tristemente célebre" que usó en su campaña política el actual gobernador del estado de México, Arturo Montiel: "Los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas".
La seguridad pública, explicó, no es un fin en sí, ante el que deba sacrificarse todo mediante políticas criminales que aboguen por la eficiencia total, sino un medio para la preservación de las libertades, la integridad y los derechos de las personas.
Recordó que el miedo "es el cimiento de los regímenes totalitarios" que pretenden aplicar orden y paz a toda costa, mediante campos de concentración y toques de queda.
Criticó reformas anteriores a la legislación penal, en las que se dio "rienda suelta al incremento de penas", pues de esta manera se abusa de la sanción punitiva provocando hacinamiento en las cárceles.
El funcionario admitió que el Estado ha sido incapaz de definir una política criminalística clara, "acorde con los calificativos que dice poseer" en un Estado democrático y de derecho, ante el reclamo justo de la sociedad por la inseguridad que la acosa.
Sales Heredia consideró que la reforma debe ser integral; sí es necesario reformar el Código Penal, junto con el de Procedimientos Penales, pero también es indispensable una nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales; una nueva Ley de Justicia Cívica, e inclusive una exhaustiva revisión de los ordenamientos en materias civil y administrativa.
En el caso del Código Penal, refirió que en su estructura actual se coloca al Estado en el centro de las preocupaciones punitivas, pues el título primero del libro segundo tipifica los delitos contra la seguridad de la nación. Sin embargo, son la vida y la integridad corporal de las personas los bienes jurídicos que deben estar en primer orden dentro de la legislación.