VIERNES Ť 23 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Sirven para dos cosas, "para nada y pa'nada": Alejandro González Alcocer
En BC no se creará fiscalía para investigar desapariciones, informó el mandatario
Ť Al menos diez sinaloenses fueron levantados en 1999 por presuntos policías en ese estado
JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL
Tijuana, BC, 23 de agosto. El gobernador Alejandro González Alcocer afirmó que no se creará en Baja California una fiscalía especial para investigar desapariciones forzadas de personas, pues ese tipo de medidas "sólo sirven para dos cosas, para nada y pa'nada".
De esa forma, el mandatario respondió a solicitudes de un grupo de madres de presuntos desaparecidos de origen sinaloense, quienes viajaron a la entidad en busca de sus hijos. El grupo se manifestó este jueves en la garita internacional de San Ysidro para exigir a la administración de González Alcocer que intervenga en la localización de al menos diez personas reportadas como levantadas en 1999 por grupos presumiblemente policiacos.
A decir del gobernador, la creación de una fiscalía especial no resolvería el problema que, en todo caso, "debe atender la Procuraduría General de Justicia del Estado".
No obstante, los familiares de sinaloenses desaparecidos en Baja California entre septiembre y diciembre de 1999 afirmaron que el procurador de Justicia estatal, Juan Manuel Salazar Pimentel, se negó a recibirlos para escuchar sus peticiones.
De acuerdo con los afectados, integrantes del Frente Contra la Impunidad de Sinaloa, y de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en Baja California, detrás de las desapariciones está un "comando de la muerte" auxiliado por agentes federales.
Miguel Ángel García Leyva, representante del frente de familiares, sostuvo que dicho grupo armado secuestró en la entidad cuando menos a diez personas originarias de Sinaloa, y a otras dos oriundas de otros estados, residentes en Baja California.
Ante la negativa de las autoridades a considerar sus exigencias, los perjudicados solicitaron la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado (PDHBC), para dar con el paradero de sus familiares.
García Leyva visitó la tarde de este miércoles al titular de a PDHBC, Raúl Ramírez Bahena, a quien dijo que no se descarta que en las desapariciones participaran agentes federales al servicio de bandas organizadas de delincuentes.
A la cita con el ombudsman bajacaliforniano también acudió Cristina Palacios, madre del presunto narcotraficante Alejandro Hodoyán, desaparecido en esta ciudad desde marzo de 1998 a manos de sujetos que, de acuerdo con Palacios, eran ex agentes del ahora desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.
Ramírez Bahena apuntó por su parte que en todos los casos referidos por los familiares de los presuntos desaparecidos, los responsables serían agentes de la Procuraduría General de la República.
La PDHBC recibió las denuncias, mismas que serán valoradas para indagar el papel de las autoridades locales en las pesquisas que se iniciaron a raíz del reporte de las desapariciones y, en caso de detectar irregularidades, se turnarán los casos al programa nacional de desaparecidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicó Ramírez Bahena.