viernes Ť 24 Ť agosto Ť 2001
Jaime Martínez Veloz
Tierra indígena, acuerdos de paz y ley internacional
Una constelación de improviso armónica y unida en sus cortesías serviles apareció en el Congreso de la Unión, en lo que será una boda reditada de las coincidencias torales que en el camino han tenido sectores del PRI y el PAN para determinar la ley que los revela como mango y cuchillo partiendo el pastel de México: los territorios indígenas protegidos por la ley internacional que signó México en 1990, a un año de que fuera emitida por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169) y cuyos derechos están estipulados también en las actas firmadas por el gobierno mexicano con los pueblos indígenas el 26 de febrero de 1996, en los acuerdos de San Andrés.
En el pasado reciente se llamó concertacesiones a estas alianzas de facto entre el PRI y el PAN para resolver cuestiones fundamentales en materia electoral. La ley indígena aprobada anula o se sobrepone a la elaborada por la Cocopa, que es la realización de una unión de voluntades, inteligencias y amor por México de decenas de representantes históricos del pueblo, como Heberto Castillo, Rosario Ibarra, Samuel Ruiz, Marcos, por supuesto; sin olvidar la franja de antropólogos, historiadores, arqueólogos, filósofos, jurisconsultos y escritores que asesoraron a los pueblos indígenas y que constituyen el alma espiritual de la nación.
El Congreso de la Unión autoriza una ley contraria a los intereses de los pueblos indios que hicieron una declaratoria de guerra y acciones militares para llegar, mediante un proceso de diálogo, abierto por el mismo Congreso, a una iniciativa de Ley de Derechos y Cultura Indígenas.
Estamos ante la terrible máquina que puede llegar a ser el sistema de votación como mecanismo automático de los intereses mayores del imperio global. A sus ventanillas de prestamista llegan los jefes de Estado a entregar los recursos de la tierra y a los pobladores mismos, pues el desplazamiento poblacional y la migración son consecuencia de la manera en que los intereses de mercado asuelan a los pueblos campesinos. A cambio de las monedas para financiar el saqueo -"la producción y la productividad"-, que proveerá "desarrollo", se deja en la indenfensión a millones de seres, según estamos viendo que sucede con labradores y campesinos del maíz, café, caña, arroz, trigo, piña, cítricos, ajo.
No podemos dejar de ver la ley indígena promulgada por Vicente Fox como una triangulación que signa la época actual (PRI-PAN-Poder Ejecutivo), como una constancia de los acuerdos que van contra la nacionalidad diversa, pluricultural y multiétnica de México.
El EZLN y el Congreso Nacional Indígena corresponden, según el artículo sexto del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, a las entidades que los "gobiernos deberán consultar mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".
La espina dorsal de los acuerdos de San Andrés es idéntica a la del Convenio de Ginebra de la OIT, que aplica los artículos 13 y 14, concernientes a tierras o territorios: "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y el término tierras deberá incluir el concepto de 'territorios' que cubre la totalidad del hábitat de las regiones".
Por la claridad de estos artículos tan importantes, el examen técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (abril 1994) recomienda adoptarlos en el Proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La precisión respecto a la posesión de la tierra en los acuerdos de San Andrés y la sustentación legislativa en la iniciativa de la Cocopa, no dejan lugar a dudas.
Al extraerse de la ley el corazón que sustenta los derechos jurídicos de los pueblos indios en el Estado nacional, ha quedado un vacío que intentó ser cubierto con líneas o recomendaciones de política pública que garantizara al máximo a los indios el derecho a ser asistidos en la legalización de su propia defunción; por eso los pueblos autóctonos han visto en esta ley un acta fúnebre. Hoy la razón de su lucha es "querer vivir, puesto que están muertos". En su renuncia como procurador de Justicia del Instituto Nacional Indigenista, el abogado mixteco Francisco López Bárcenas señaló: "uno a uno los espacios propuestos para el cambio se han ido cerrando".
Asimismo, existe preocupación e indignación en los pueblos indios y en la sociedad civil nacional e internacional por esta actuación de la mayoría del Congreso en contra de los acuerdos que se alcanzan en favor de la población indígena del planeta. En el foro realizado recientemente en el salón Legisladores de la Cámara de Diputados sobre el Plan Puebla Panamá, un dirigente indígena del sur expresó su indignación por la gestualidad ofensiva del coordinador de dicho plan, quien manifestó así su desprecio por las argumentaciones en contra de la pretensión de arrasar con los recursos naturales y humanos que expresaban ponentes y público.
Es claro que ese plan está en contra de la voluntad colectiva de los pueblos indios, porque ocupan las tierras que se propone abrir el foxismo a las vías del mercado. Por eso la consonancia entre los Rocha-Cevallos-Fox, reveladora de las peores intenciones contra la mayoría de los mexicanos, los millones que están asentados en sus pueblos originarios, los millones que depauperados parten hacia las ciudades del centro, del norte y Estados Unidos, y los millones que sobreviven en condiciones adversas y cada vez más agresivas en esas mismas ciudades.