VIERNES Ť 24 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť La resolución del juez tercero de distrito fue dada a conocer la madrugada de ayer
Les fue dictado auto de formal prisión a los cinco presuntos miembros de las FARP
Ť Son acusados de violar la Ley contra la Delincuencia Organizada y de terrorismo Ť Por falta de elementos se les decretó libertad por transformación de artificios y daño en propiedad ajena
ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL
Toluca, Mex., 23 de agosto. La madrugada de hoy, el juez tercero de distrito en materia penal federal con sede en esta ciudad, Leopoldo Cerón Tinajero, dictó auto de formal prisión a las cinco personas implicadas en las explosiones ocurridas en tres sucursales de Banamex, la noche del pasado 8 de agosto en el Distrito Federal, con lo cual se dio inicio al procedimiento ordinario para determinar su inocencia o culpabilidad en tribunales.
Los cinco presuntos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) permanecerán recluidos en el penal federal de La Palma, ubicado en Almoloya de Juárez, donde se encuentran internados desde el pasado viernes 17 de agosto.
El juez encontró elementos suficientes para dictar la formal prisión a los hermanos Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo Contreras, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, almacenamiento de artificios, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y por posesión (sin el permiso correspondiente) de cartuchos de arma de fuego de las permitidas a los particulares.
Asimismo, por falta de elementos, se les decretó en libertad por los delitos de transformación de artificios y daño en propiedad ajena.
A Sergio Galicia Max y Pablo Alvarado Flores, se les dictó auto de formal prisión por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y por terrorismo. Además, Galicia Max quedó sujeto a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en tanto que a Alvarado Flores se le inculpa también por el ilícito de almacenamiento de artificios.
En punto de las tres y media de la madrugada, límite que tenía el juez para definir la situación jurídica de los presuntos miembros de las FARP, dio lectura a la resolución de la causa penal 120/2001, la cual se integró con 300 fojas -''por lo complejo del procedimiento''-, para que de inmediato el actuario del juzgado se trasladara al penal federal de La Palma, en Almoloya de Juárez, para notificar a los ahora procesados.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que, ''siendo las 5:15 horas de este día, se notificó al agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), el auto de término constitucional dictado por el juez tercero de distrito en materia de procesos penales federales con sede en el estado de México, dentro de la causa penal 120/2001, dictándose auto de formal prisión a los cinco implicados en las explosiones a las sucursales de Banamex.''
Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, así como Pablo Alvarado Flores y Sergio García Max, fueron detenidos el pasado 13 de agosto durante cuatro cateos que la PGR hizo con motivo de las investigaciones de los estallidos de tres artefactos explosivos en mismo número de sucursales bancarias, el 8 de agosto.
En el operativo participaron elementos de las policías Federal Preventiva, Judicial Federal y del Ejército Mexicano, en casas de seguridad de las FARP ubicadas en las demarcaciones Coyoacán y Xochimilco, en el Distrito Federal, y en el municipio Los Reyes La Paz, estado de México, donde además se decomisaron armas largas y cortas, vestimenta militar e iniciadores electrónicos de artefactos explosivos, así como 71 mil dólares en efectivo.
De acuerdo con el juez Cerón Tinajero, estas cinco personas tienen hasta el próximo lunes para inconformarse con su determinación, de lo contrario establecerá las fechas para llevar a cabo las primeras diligencias del proceso.
Esteban Guillermo Franco López, abogado defensor de Sergio García Max, mencionó que estudiará con atención la determinación del juez para decidir si presentará o no un recurso de apelación a los autos, ya que considera que aportó pruebas suficientes que demuestran la inocencia de su defendido.
''Vamos a estudiar a fondo esta resolución. Nosotros consideramos que aportamos todos los elementos para que se le dictara el auto de libertad; aportamos diversos testimonios que señalan que Sergio García Max nada tiene que ver con las FARP ni con ninguna otra banda o grupo. El arma y los cartuchos que se encontraron en su domicilio son una herencia de su abuelo'', dijo.