jueves Ť 23 Ť agosto Ť 2001

Adolfo Sánchez Rebolledo

Derecho sin justicia

Una de las peores lacras provenientes del pasado reciente es la crisis de las instituciones responsables de la procuración y la impartición de la justicia. El ciudadano medio, que juzga por su experiencia, está siempre a la defensiva cuando se trata de la autoridad judicial. No se siente protegido por ella. Si no cree en sus palabras, mucho menos confía en sus procedimientos. Teme a la autoridad, pero no la respeta.

Se dirá que no es razonable dudar por principio de la buena fe de nuestros guardianes y jueces, y que es peor generalizar en materia tan filosa, pero muchos mexicanos ya están cansados de verificar que unos son los dichos y otros, muy distintos, los hechos. Para la mayoría de la gente, el famoso "estado de derecho", cuya aplicación se enarbola como un amenazante e ineficaz conjuro verbal, carece de validez concreta, pues sabe que el derecho suele aplicarse pronto y rápido contra los más débiles, pero es reticente y omiso para favorecerlos aun cuando ostensiblemente tengan la razón.

Los tribunales suelen ser severos para juzgar delitos menores, pero ofrecen amplias oportunidades, por ejemplo, a quienes tienen la oportunidad de hacer negocios ilícitos con un amparo en la bolsa. Los individuos de a pie, conocedores de dichas costumbres, no temen condenar tales abusos, pero muchos estamos tentados de soltar una leve mordida antes que iniciar un engorroso e inseguro trámite. Dada nuestra peculiar cultura judicial se premia al "vivo" que sabe moverse en los callejones de la corrupción, no al honesto que cumple al pie de la letra con la ley.

Algunos representantes del Ministerio Público son capaces de inventar pruebas o falsificar testimonios para hundir a quien por cualquier motivo recibe bola negra, pero no dudan en favorecer con expedientes mal integrados a los peces gordos en problemas. En otras palabras: son los garantes de la impunidad que cohesiona al "sistema" tradicional que no se ha modificado con la llegada de la famosa alternancia.

Las causas judiciales sirven a menudo para realizar ajustes de cuentas entre grupos políticos con poder o para proteger fortunas mal habidas. Si observamos con detalle los escándalos político-legales de los últimos años, veremos que si bien éstos no han servido para fortalecer el respeto por la ley, en cambio han conseguido aumentar la sensación de que ésta es un arma usable para destruir a los adversarios, poniendo en un predicamento la independencia del Poder Judicial.

Gracias a las "filtraciones", mediante las cuales el público conoce algunos secretos de la investigación al margen del debido proceso, en ocasiones el juicio aparece en los medios como un trámite irrelevante cuya conclusión se conoce de antemano. Y si finalmente éste no corresponde con las previsiones iniciales, tampoco hay demasiada sorpresa pues, ya se sabe, "todo tiene un precio".

Por si eso fuera poco, hay casos en los cuales quienes se hallan en el papel de acusados no tienen la menor defensa ante el tribunal de la opinión pública, que juzga y sentencia en una sola pasada de su noticiario favorito: "ƑPara qué gastar tiempo y dinero en un largo y costoso proceso si ya se sabe que todos son iguales?". Si la justicia es, conforme a esa mentalidad, un acto de venganza "legal" legítimo y necesario, Ƒpor qué no implantar de una vez la pena de muerte, que es el castigo supremo para suprimir la mala yerba en este valle de lágrimas?

En fin, para comenzar a cambiar habría que recordarles a las autoridades que no basta señalar con el dedo a alguien como "guerrillero" o "defraudador" para que éste sea culpable de una cadena de delitos, mucho menos si para ello se reditan los métodos y el lenguaje de una época que creíamos superada. La primera condición para dar credibilidad a las instituciones es que sus principales representantes hablen con la verdad o aprendan a callar cuando no saben o no pueden hablar.

La democracia mexicana no será una realidad completa mientras la justicia sea un buen deseo o un instrumento maleable al servicio del poder establecido.