La huelga que estalló el pasado sábado en la planta poblana de la trasnacional Volkswagen es el segundo gran movimiento laboral de este tipo en lo que va del presente sexenio. El antecedente inmediato es el paro de sobrecargos que impidió los vuelos de Aeroméxico a fines de mayo pasado y que culminó de manera satisfactoria para la patronal y para los huelguistas.

En ese momento no faltaron las voces que, argumentando la importancia estratégica del transporte aéreo, exigieron la requisa de la aerolínea. El gobierno de Vicente Fox optó, sin embargo, por respetar los derechos laborales de los sobrecargos, desoyó tal demanda y permitió que el conflicto laboral se desarrollara en el marco de la ley, hasta que se logró una solución adecuada.

Ahora, ante la huelga en Volkswagen, diversos actores, empezando por los funcionarios de la empresa, piden que la medida laboral sea declarada inexistente. Otros se suman al coro patronal señalando que el paro afecta la imagen de México en el exterior y que podría ahuyentar la inversión extranjera. Este disparate puede cotejarse con el hecho de que movimientos como el de la armadora de Puebla ocurren de manera habitual en las naciones de Europa occidental --la huelga en Iberia es el caso más reciente-- y a nadie se le ocurre chantajear a los trabajadores con tales argumentos.

Cabe esperar que en el momento presente el gobierno federal asuma, ante el movimiento laboral de los trabajadores de la armadora automotriz, una actitud prudente, respetuosa y apegada a derecho, como la que exhibió ante la huelga de Aeroméxico hace unos meses, y que se limite, ahora como entonces, a interponer sus buenos oficios y su mediación para buscar soluciones aceptables para ambas partes. 

Ciertamente la industria automotriz en general, y la planta de Volkswagen en Puebla en particular, resultan de suma importancia para el resto de la economía y pueden desempeñar un papel clave en su reactivación. Pero por eso mismo es necesario que los conflictos laborales en el sector se resuelvan de manera transparente, pacífica y legal. La mejor contribución de las autoridades para lograr tales condiciones es evitar las medidas represivas y propatronales que asumieron, ante circunstancias análogas, los últimos gobiernos priístas.