Ť Impulsarán gobernadores plan contra problemas sociales

En materia de federalismo hay que ir de las palabras a los hechos: Creel

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 21 de agosto. El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Santiago Creel Miranda, sostuvo que los mexicanos "no queremos que el federalismo sea un ropaje que encubra a un centralismo vergonzante, en donde las decisiones, el poder, la cultura y el desarrollo se concentren en pocas instituciones y regiones, sino que el arreglo institucional sea acorde con la realidad que vivimos: la de un país más plural y participativo".

En conferencia magistral, durante la clausura del tercer Foro para la Revisión Integral de la Constitución, Creel Miranda señaló la urgencia de pasar de las palabras a los hechos en materia de federalismo, así como repensar y definir con claridad potestades, competencias y atribuciones, teniendo como guía la obligación de promover una vinculación más estrecha entre los ciudadanos y los distintos ámbitos de gobierno.

Dijo que lo deseable es que el gobierno federal tenga fortaleza, "pero que no asfixie ni política ni económicamente a los gobiernos estatales y municipales". Señaló que "se requiere un Ejecutivo fuerte, pero con contrapesos institucionales que promuevan en todos los ámbitos una nueva forma más equilibrada de ejercer el poder".

Ante más de 200 asistentes de diversos estados, el titular de la Segob expresó que el Estado no es una graciosa concesión del centro, y expuso que en la Federación, el gobierno deriva de un pacto entre las entidades que lo conforman y es en ese pacto donde se encuentra la piedra angular de toda negociación.

Agregó que "sólo un pacto fundado en la solidaridad nacional y en las lealtades recíprocas entre nuestros estados, puede enfrentar de manera exitosa y permanente a las inercias centralistas".

Durante el foro se concluyó que el federalismo debe ser contemplado ya no como un régimen de organización vertical, sino de coordinación horizontal y se propuso redefinir las competencias penales en aspectos de criminalidad a nivel nacional, como el narcotráfico y el contrabando, para que los estados tengan mayor efectividad en el combate a la delincuencia.

Encuentro de gobernadores

Asimismo, los gobernadores que plantean una reforma fiscal alternativa al proyecto del presidente Vicente Fox, sostuvieron hoy una nueva reunión de trabajo, donde acordaron impulsar, en forma paralela a la reforma hacendaria, cambios profundos que permitan resolver problemas como la inseguridad pública, el narcotráfico, el crecimiento del crimen organizado, el desastre del campo mexicano, la cuestión indígena y asuntos coyunturales como el subejercicio del gasto público que ha contribuido a la desaceleración económica.

A la reunión acudieron los gobernadores de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía; Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba; Sinaloa, Juan Millán Lizárraga; Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks; Veracruz, Miguel Alemán Velasco; estado de México, Arturo Montiel Rojas; Coahuila, Enrique Martínez y Martínez; Puebla, Melquiades Morales Flores; Hidalgo, Manuel Angel Núñez Soto; Ricardo Monreal Avila, de Zacatecas; Fernando Moreno Peña, de Colima, y José Murat Casab, de Oaxaca, además del anfitrión de Nuevo León, Fernando Canales Clariond. Otros siete mandatarios estatales enviaron delegados.

En el encuentro de tres horas, los gobernadores presentes entregaron formalmente al Poder Legislativo y al Ejecutivo federal la Declaración de Mazatlán, que contiene los consensos en materia fiscal, del foro celebrado el diez de agosto.

En representación del presidente Vicente Fox estuvo el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, mientras que por el Congreso de la Unión recibieron la propuesta de los gobernadores que representan a las tres principales fuerzas políticas del país, Felipe Calderón Hinojosa, del PAN; Gregorio Urías Germán, del PRD; José Luis Ugalde, del PRI, y el senador priísta Emilio Gamboa Patrón.

A nombre de los asistentes, el gobernador Fernando Canales Clariond leyó un comunicado conjunto en el que se asentó el consenso de que en materia de reforma hacendaria es necesario entrar al detalle numérico de las diferentes propuestas a fin de evaluar sus impactos y proporcionar al Poder Legislativo elementos adicionales de decisión.