De acuerdo con informaciones publicadas en esta edición, en el noroeste de Argentina se realizarán, a partir de este mes, las maniobras militares internacionales Cabañas 2001, presumiblemente coordinadas por Estados Unidos y con la participación de tropas de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, y observadores de México y Venezuela. En un periodo en el que las naciones referidas carecen de enemigos potenciales fuera del continente, así como de conflictos armados internos, no es fácil imaginar el propósito real de los inminentes "juegos de guerra" que van a desarrollarse en Salta. 

Una posibilidad inquietante es que las maniobras referidas sean parte de un preparativo de coordinación militar entre las naciones sudamericanas en prevención de las consecuencias desestabilizadoras regionales que implicaría, necesariamente, la aplicación del denominado Plan Colombia, el proyecto injerencista estadunidense para esa nación andina, y en el que se mezclan de manera peligrosa la contrainsurgencia y la lucha contra las drogas. 

Si así fuera, ello implicaría una deplorable inconsecuencia por parte de varios gobiernos que se han manifestado en contra del Plan Colombia y que, sin embargo, estarían enviando sus tropas a foguearse de cara a un conflicto programado. 

Adicionalmente, en el contexto argentino, caracterizado por una crisis económica galopante e implacable que ya ha producido graves expresiones de descontento social, las maniobras militares referidas adquieren el carácter de preparativos contra la represión de civiles. Es ilustrativo, a este respecto, que la solicitud oficial para la realización de los ejercicios enviada al Congreso por los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores en junio pasado, describe "un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales". 

Esta perspectiva alarmante parece confirmarse por la intención del Ministerio de Defensa de Buenos Aires para integrar a las fuerzas armadas corporaciones policiacas hasta ahora civiles. 

Cabe preguntarse si el gobierno de Fernando de la Rúa, incapaz de contener el desastre económico, no se apresta ahora a enfrentar, manu militari, sus consecuencias sociales.