LUNES Ť 20 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť El gobierno de Zedillo recibió créditos fuera del programa de rescate o sin darse cuenta: IPAB
Rechazaría el Congreso capitalización y compra de cartera por 174,832 mdp
Ť Propone la Federación identificar financiamientos ilegales y realizar otra auditoría a banqueros
ANTONIO CASTELLANOS
El gobierno de Ernesto Zedillo avaló sin respaldo del Congreso el rescate bancario; recibió créditos industriales y comerciales fuera de programa y otros "sin darse cuenta", según un informe interno del IPAB. Por ello, el Congreso de la Unión considera que puede rechazar el programa de capitalización y compra de cartera por 174 mil 832 millones de pesos.
El auditor superior de la Federación recomendó al IPAB una nueva auditoría y los banqueros deberán decidir esta semana si la aceptan; otra irregularidad la representa el hecho de que el canadiense Michael Mackey encapsuló créditos "para facilitar su trabajo" que involucran un total de 2 mil 313.3 millones de pesos que no tienen nombre. El IPAB ha requerido información, pero Mackey no ha respondido.
El informe de Mackey clasificó tres tipos de créditos. Todos fueron transacciones reportables, pero ahora el Poder Legislativo, el IPAB y los banqueros se encuentran entrampados en la discusión de los préstamos con títulos del Fobaproa que la banca podría decidir no canjear y hacerlos efectivos en 2005 y 2006. Todo dependerá de sí acepta o no la auditoría sugerida por el auditor superior de la Federación.
En los créditos está un total por 21 mil 778.2 millones de pesos que fueron aceptados más allá del programa establecido; en el apartado B están 716.4 millones de pesos de créditos relacionados que no han sido pagados, pero que ya están vencidos. En 1997 los banqueros le dijeron al gobierno, fuera de programa, que tenían otros créditos industriales y comerciales y la administración federal, fuera de programa, los aceptó como extensión.
Según el informe interno, 21 créditos del apartado Ab por el monto de 716.4 millones de pesos, corresponden a Banco del Atlántico 2 por un total de 362.6 millones; a Bancomer 14 por 338.2; a BBV, 3 por 6.8 y a Bital 1 por 4.8 millones de pesos, fueron los que entraron al Fobaproa "sin que el gobierno se diera cuenta".
En el informe o auditoría hubo un error, o para simplificar el trabajo del despacho canadiense se encapsularon créditos por el monto señalado. Lo cierto es que el IPAB no ha obtenido respuesta a sus inquietudes sobre estos financiamientos. Simplemente no tienen nombres y los bancos no precisan a quiénes corresponden. El total se considera es de 2 mil 313.3 millones. Todos debieron ser nominativos.
En el programa de capitalización y compra de cartera, el IPAB consigna un total de 174 mil 832 millones que corresponden a cinco bancos de la siguiente forma: Banamex, 63 mil 440 millones; Bancomer, 66 mil 416; Banorte, 10 mil 13; BBV, 11 mil 40 y Bital 23 mil 923 millones de pesos.
Es aquí donde está el problema, porque para estos recursos, el Fobaproa todavía vive. Los bancos no han intercambiado sus pagarés con el IPAB y si no les conviene la auditoría tampoco lo harán, y entonces el artículo quinto transitorio de la ley del instituto, no podrá aplicarse.
Ese precepto legal dice: "En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica".
La instrucción del auditor superior de la Federación es muy clara, según los informes: identificar todos los financiamientos irregulares y no aceptarlos; los banqueros dicen que no les "gustaría una nueva auditoría; que no hay fundamento jurídico", pero deberán decidir esta semana.
La información proporcionada destaca que los títulos del Fobaproa tienen el aval del gobierno federal, pero también saben los banqueros que serán puestos en entredicho, y el Congreso cree que puede rechazar los 174 mil 832 millones de pesos incluidos en el programa de capitalización y compra de cartera.
Los banqueros saben que si acpetan nueva auditoría saldrán nuevos créditos ilegales; por eso podrían oponerse. Lo que podrían iniciar es una batalla legal y decidir que se quedarán con los títulos Fobaproa que fueron aprobados junto con el total del rescate bancario, que no se consultó al Congreso.
El Ejecutivo informó al Congreso 4 o 5 meses después de haber otorgado el aval por un monto superior al total de la deuda interna. Simplemente dijo a los diputados: "Tengo facultades para ello".