LUNES Ť 20 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Asegura que la clave del debate está en mantener el servicio de energía como público

La apertura del sector eléctrico, una trampa: Ortega

Ť Salinas dejó a inversionistas privados un "negocio muy cómodo", dice Rodríguez Prats

CIRO PEREZ SILVA

Paralelamente a la llamada reforma hacendaria, el gobierno del presidente Vicente Fox pretende promover, en el próximo periodo de sesiones del Congreso, cambios a la Constitución para ampliar la participación del sector privado en la generación, distribución y venta de energía eléctrica, iniciativa que se sumaría a la que en 1999 presentó el entonces mandatario Ernesto Zedillo.

A pesar de que todos los partidos reconocen que es necesaria una mayor inversión en este sector, los propios panistas admiten que existen riesgos de que una mala legislación "genere huecos o rendijas que lleven a situaciones de especulación y desabasto que afecten al país", mientras que la oposición advierte que ningún cambio constitucional es viable, particularmente si se quieren tomar como ejemplos experiencias similares de otros países, las cuales han sido, aseguran, desastrosas.

Una parte sustancial del debate es la "virtual" privatización del sector eléctrico, hecho que, de acuerdo con el coordinador de los diputados panistas, Felipe Calderón Hinojosa, no se cumple si, como se plantea en la iniciativa foxista, el Estado mantiene la posesión de todos los activos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las opiniones de legisladores opositores difieren del planteamiento panista. Para el senador priísta Manuel Bartlett Díaz, la pretensión de "vender" como "exitosos" los esquemas de participación privada en la generación, distribución y venta de energía eléctrica en países como Argentina, Nueva Zelanda o ciudades como Los Angeles, "es un error que México ha tenido la ventaja de observar a lo largo de toda una década. Esa no es la solución para nosotros".

Explica que en esos y otros casos queda claro que no disminuye el precio del servicio de energía eléctrica para el consumidor, además que se contribuye a crear monopolios. "El costo del servicio aumenta por todos lados. No tenemos que mirar muy lejos, en Estados Unidos la desregulación del sector le cuesta al consumidor millones de dólares al año, además de que el abasto es insuficiente".

Bajo este esquema, insiste, "no creo posible ninguna reforma constitucional".

En este sentido el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, reconoce la necesidad de impulsar el desarrollo de la energía eléctrica en el país, "pero la gran diferencia con el PAN es que ellos lo hacen a partir sólo de la participación de la iniciativa privada. Nosotros decimos que la clave de este debate está en mantener el servicio de energía eléctrica como público".

Consideró que en el marco de la actual legislación es como debe mantenerse la participación del capital privado, ya que de otro modo las reformas oficiales conducen a desaparecer el concepto de servicio público.

Coincide con el coordinador de los diputados perredistas, Martí Batres, al señalar que el argumento de que no se privatizaría el servicio a partir de no vender los activos de la CFE "es una vieja trampa, un eufemismo".

Batres Guadarrama por su parte sostiene: "se dice que no se va a privatizar porque no venden la CFE. Por eso señalan que no es privatización sino apertura, pero es un eufemismo porque la apertura significaría la apropiación de la energía eléctrica. La empresa pública está abandonada, sería rebasada por las empresas extranjeras que se comerían a la CFE en los hechos y generarían su quiebra; se trata de otra estrategia de privatización".

De darse este proceso, advierte, la energía eléctrica dejaría de llegar a las zonas mas pobres, donde no sea rentable para los empresarios la prestación de este servicio, por las enormes desigualdades regionales; por eso no se puede privatizar.

El senador panista Juan José Rodríguez Prats rechaza los señalamientos opositores e insiste en señalar que no se trata de privatizar nada.

"Es muy sencillo, son dos conceptos distintos: privatizar es transferir bienes que son de la nación a manos particulares. Apertura es permitir en el futuro la participación de capital privado en nuevos proyectos".

Sostiene que las reformas impulsadas en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas le dejó a los inversionistas privados un "negocio muy cómodo", ya que toda su generación de energía eléctrica deberá comprarla la CFE, "que se convirtió en un cliente cautivo. Como empresarios tienen garantizado un pago por su producto".

Esto, dice el senador Rodríguez Prats, aumentó el gasto corriente de la CFE. Incluso, ahora a los empresarios dejó de interesarles el esquema de productor independiente, y muchos de los concursos han tenido que declararse desiertos. "Quieren participar ahora en el mercado y que se abra también la distribución", asegura.

"Si se cambia la Constitución, se crearían figuras en donde ya la iniciativa privada intervendría en la distribución, participando en un mercado con grandes riesgos. Pero si el Estado se margina, pueden quedar huecos o rendijas que afecten al país. Tenemos que ser muy cuidadosos al momento de legislar. Puede haber un problema de especulación, de desabasto", reconoce el legislador panista.

Admite que en lo inmediato la demanda está resuelta, pero se tiene que invertir ya porque los proyectos son de largo plazo. Menciona que actualmente 97 por ciento de la población urbana y 87 por ciento de la rural cuentan con el servicio de energía eléctrica, pero que si bien el país es la octava economía exportadora, se ubica en el lugar 14 en cuanto a capacidad instalada de energía eléctrica, mientras que a nivel de consumo per cápita está en el lugar 25, "muy por debajo de la media mundial".

Luego de las reformas de 1992, los particulares pueden participar en la generación de energía eléctrica bajo esquemas de autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente de energía eléctrica. En el caso de los productores independientes, dado que los suministradores públicos son por mandato de ley sus únicos compradores, la realización de proyectos exige obligaciones de largo plazo a cargo de éstos y, en última instancia, del gobierno federal.

La reforma propuesta por Ernesto Zedillo el 2 de febrero de 1999 establece a su vez que desde hace 50 años la demanda de electricidad ha registrado un crecimiento anual superior al del producto interno bruto. "Por ello, incluso bajo proyecciones moderadas de crecimiento económico para los siguientes años, la demanda de energía eléctrica aumentará cerca de 6 por ciento cada año. Ello obligará a aumentar rápidamente la capacidad de generación, así como a modernizar y ampliar los sistemas de transmisión y distribución".

La reforma zedillista, que no se ha dictaminado, propone -en el sexto párrafo del artículo 27 constitucional- reservar a la nación en forma exclusiva el control operativo de la red nacional de transmisión, abriendo las demás actividades de la industria eléctrica a la concurrencia de los sectores público, social y privado.

Plantea modificar el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, a efecto de establecer que dicho control operativo sea una actividad estratégica, y redefinir a la electricidad en sus diferentes segmentos como un área prioritaria para el desarrollo nacional, sobre la que el Estado ejerce su rectoría en los términos del artículo 25 constitucional.

Para reafirmar esta rectoría, el Estado conservaría el dominio sobre los bienes que integran las redes generales de transmisión y distribución, vitales para el suministro de energía eléctrica. Asimismo, conservaría como área estratégica la generación de energía nucleoeléctrica.

La reforma pretende sentar las bases constitucionales para establecer el marco legal e institucional de una nueva industria eléctrica nacional, en la que se permitiría la participación del sector privado en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad.

Los activos físicos que integrasen las redes generales de transmisión serían del dominio público de la Federación.