DOMINGO Ť 19 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Impunes, 96% de estos delitos en el país, afirman
La reforma en 94 abrió rendijas a fraudes financieros: abogados
Ť La administración foxista, sin visos de enmendar el pasado
RENATO DAVALOS
Una legislación penal laxa y compleja abrió numerosas rendijas a la delincuencia financiera y a funcionarios para desafiar a la justicia. "La reforma del 94 despenalizó la corrupción", aprecian abogados. Fue una historia que se fraguó en tiempos de Carlos Salinas y que no corrigió Ernesto Zedillo.
Una herencia de quebrantos e ilícitos aún impunes, de imperios económicos y de ilusiones sociales rotas. Ningún personaje aprehendido por esos delitos ha pagado y buena parte de los funcionarios de entonces hoy continúan en el desempeño público.
Han transcurrido casi nueve meses de la administración de Fox y la voluntad política en este tema se refleja en el hecho de que no hay siquiera una iniciativa para mirar al pasado y enmendar la herencia de irregularidades.
Delitos prescritos, querellas presentadas deliberadamente a destiempo, libertades bajo fianza, amparos federales y una serie de apellidos involucrados en los despachos jurídicos, llámense Esponda, Gómez Mont, Aguilar Zinser, Fernández de Cevallos, Velázquez o Rocha Díaz.
Abogados que aprovecharon las libertades de los códigos penales reformados intencionalmente para defender a personajes, que hoy en ningún caso hacen frente a procesos por el quebranto, y en los que figuran Lankenau, Cabal, Sada y El Divino, entre otros.
El sueño salinista
Pero tampoco una rendición de cuentas que nunca contempló la legislación. Nada del desastre azucarero de Molina o Gallardo Thurlow, que incluso presionaría después para alcanzar la embajada en París. Los Peralta y los "créditos" a Raúl Salinas, de donde se financió posteriormente la compra de Tv Azteca.
Nada de las secuelas del sueño salinista del boom económico y bursátil de 1992 y 1993, que prohijaron fortunas como la de Roberto Hernández.
Bajo el manto de esa legislación se elevaron las sanciones al robo calificado. Así, un ladrón de autopartes cumple largas condenas sin libertad bajo fianza, pero no un defraudador bancario.
Los legados generacionales de la historia se cifran en operaciones ilícitas que suman 100 mil millones de pesos en la banca de desarrollo y 900 mil millones en la banca privada.
Los funcionarios responsables están hoy en encargos gubernamentales o empresas privadas. Guillermo Ortiz, ex secretario de Hacienda, hoy es gobernador del Banco de México; Javier Arrigunaga, ex director del Fobaproa, representa a México ante la OCDE; Martín Werner, ex subsecretario de Hacienda, hoy es directivo de la firma Goldman Sachs; Jorge Madrazo, ex procurador, hoy es cónsul.
Por el lado de los ex banqueros, Carlos Cabal Peniche, preso en Melbourne, sólo enfrenta procesos por lavado de dinero. Por los casos de presunto fraude cometidos en Banco Unión ya obtuvo amparos de la justicia federal.
Los amparos fueron obtenidos porque la comisión bancaria presentó a destiempo las querellas y además porque "curiosamente", por ejemplo, el ex procurador fiscal, Ismael Gómez Gordillo, no acreditó la personalidad jurídica en el proceso. Hasta hace poco, este ex funcionario era titular de Aseguradora Hidalgo.
Jorge Lankenau, ex director de Confía, enfrenta procesos por asociación delictuosa, pero no por quebranto a ninguna institución financiera. Y El Divino, con un serial de amparos relacionados con la quiebra de Banpaís, encaró con sorna a los jueces cuando llegó a territorio mexicano. Tampoco hay ningún empresario procesado por el manejo de información privilegiada.
Con la complacencia salinista, el entonces diputado panista Fernando Gómez Mont, presidente de la Comisión de Justicia camaral, llegó en el verano del 93 con una iniciativa bajo el brazo para reformar los códigos penales. Entonces ya integraba una consultoría jurídica desde la que ulteriormente defendería a varios de los personajes bancarios.
La cortina de humo que establecía la propuesta se tendió a partir de un nuevo catálogo de delitos graves y no graves. Culminó una etapa jurídica en la que la media aritmética de una pena determinaba si un inculpado tenía libertad bajo fianza. Cuando el promedio era mayor a un lustro no había esa posibilidad. Con la nueva reforma los delitos financieros y patrimoniales quedaban en el capítulo de los no graves.
Se avecinaba la crisis bancaria y la denuncia hoy pendiente de los 25 millones de dólares que esos banqueros y empresarios canalizaron a través de fideicomisos a la campaña de Zedillo. Pero Salinas heredaba también a su sucesor las operaciones irregulares en la banca de desarrollo.
Oscar Espinosa, director de Nafin en buena parte de la administración salinista, encabezaba el desastre económico en ese banco de desarrollo. Las uniones de crédito, entre las que figuró la de Adriana Salinas y Luis Yáñez. Un desfalco superior a los mil millones de pesos y un sueño de esa pareja para construir un imperio que iba de la industria del arte a los fraccionamientos bajacalifornianos.
Apenas hace unos días se conoció la decisión del ex secretario de Hacienda José Angel Gurría para que se absorbiera la deuda de Nacional Financiera de 44 mil millones de pesos. Hoy es un próspero gestor internacional.
Mayor sanción a delitos comunes
La reforma Gómez Mont elevaba sensiblemente las penalidades para los delitos comunes como el homicidio, el secuestro, el espionaje, el terrorismo, el robo o los ataques a las vías de comunicación, que segaban la normatividad previa en torno a los castigos para los delitos vinculados a la corrupción. Un golpe efectista que desvió la atención.
La crisis bancaria del 95 y el rescate respectivo presionaron al gobierno de Zedillo, quien promovió una reforma en el 99, en la cual se establecían los delitos financieros. Para entonces, muchas irregularidades habían prescrito. Este apartado se ampliaba de tres a cinco años.
Ortiz, comentan los abogados, contrató deuda pública sin autorización del Congreso que derivó en el quebranto bancario. Muchas circunstancias quedaron sin explicar en la venta de bancos, una situación que él condujo desde el salinismo como presidente del Comité de Desincorporación Bancaria.
Ello propició amparos como los otorgados a Cabal y socios como Maldomasa o Castañeda Bretón. El delito fundamental aún vigente es el de lavado de dinero. Desde luego, de esos expedientes incompletos supo Jorge Madrazo, procurador en el zedillismo, hoy cónsul del foxismo en Seattle.
El punto nodal del esquema jurídico radicó en el 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Se instauraba con la reforma Gómez Mont una "división casuística" de delitos graves y no graves. En este último apartado quedaban considerados todos los delitos vinculados a la corrupción, todos alcanzaban libertad bajo fianza.
En contraste, la penalización para los casos de homicidio, traición, espionaje, piratería, genocidio, robo calificado y otros se elevaba brutalmente.
Alonso Aguilar Zinser, abogado de Espinosa Villarreal, aprecia que las penas que se instauraron con la reforma zedillista son muy duras. Se incluyeron nuevas figuras. No es laxa la legislación, pero sí había conductas previstas por la dinámica que "no quedaban contempladas".
En la legislación aprobada en el 99, añadió, se incluyeron conductas atribuibles a funcionarios de los órganos de control y vigilancia y para aquellos que teniendo conocimiento del delito no lo denuncien.
Las penas pueden ir de 12 a 15 años, pero el problema "no es de leyes sino de su aplicación", dijo. El hecho de que haya habido conductas irregulares y "no fueron denunciadas" no es laguna de la ley, sino un problema de actuación de la autoridad.
La prescripción de los delitos anteriormente era de un año, a partir de la denuncia, y de tres en el resto de los casos. Ese lapso se aumentó a cinco con la reforma del 99.
La mayoría de los hechos se dieron durante los siguientes 18 meses a partir del 94, cuando era aplicable la prescripción. No había sanciones para la autoridad aunque ahora sí.
En el caso de libertad bajo fianza de Espinosa Villarreal, explicó, es que cuando era jefe del DDF delitos como el peculado no eran graves y ahora sí. Bajo la legislación anterior, todos esos delitos que no aparecían en el catálogo del artículo 194 del código alcanzaban esa prerrogativa.
"Hoy, sí hay delitos financieros graves, pero además se incluyó en la reforma del 99 una serie de hipótesis para que fueran considerados así, como los riesgos para la sociedad. En el caso de Madero O'Brien se acumularon las penas y alcanzó los 24 años", justificó.
En resumen, el asunto no es de leyes sino de aplicación. Un "nuevo cambio" sólo provoca inseguridad jurídica y de retroactividad. En ese tránsito de la ley se pueden "dejar muchas conductas impunes".
La travesía jurídica
Mientras, los procesos continúan en marcha aunque no con muchas posibilidad de éxito, por la prescripción de los delitos, añadieron abogados consultados.
Por ejemplo, en el 98 se presentó una denuncia penal contra Espinosa Villarreal por el quebranto a Nafin con aquellas uniones de crédito que proliferaron en el periodo 91-94, pero el Ministerio Público argumentó que los delitos habían prescrito.
Lankenau está en la cárcel -con posibilidades próximas de liberación-, pero no por el quebranto a Confía, sino por las operaciones off shore en las que resultaron defraudadas algunas personas.
El dirigente barzonista Alfonso Ramírez Cuéllar, curtido en esa lucha, aprecia que se trata de un "problema del poder". Ninguno de los personajes ha sido juzgado por el quebranto bancario.
En el caso de los créditos reportables de 42 mil millones de pesos derivados de la investigación del auditor Michael Mackey, la resolución del tribunal colegiado indicó que los delitos habían prescrito, porque argumentó que había transcurrido más de un año desde la intervención gerencial hasta la presentación de la denuncia respectiva.
Ese es el gran riesgo que afronta el informe que presentará el auditor superior de fiscalización Gregorio Guerrero Pozas el 10 de septiembre a la Cámara de Diputados. Muchas de las auditorías practicadas al Fobaproa tendrán frente a sí delitos prescritos.
Ramírez Cuéllar -quien el día 30 promoverá una gran movilización en esta capital para tomar las instalaciones del IPAB y solicitar la creación de la comisión de la verdad prometida por Fox en campaña- apreció con sospecha la reunión del contralor Barrio con los priístas.
Las cosas irán por los "caminos normales", les dijo el funcionario a los tricolores. Pareciera que hay una actitud del nuevo gobierno por el "borrón y cuenta nueva", ante el temor de que se pondría en riesgo la gobernabilidad, aunque ello implique la protección de grandes fortunas.
En el caso de Banamex no se cumplió con el séptimo transitorio para regresar los créditos ilegales ni tampoco que, por ejemplo, el PRI regresara los 25 millones de dólares con que se financió la campaña de Zedillo y Madrazo en el 94.
En su tiempo, Gómez Gordillo aseguró que había 400 indagatorias por lavado de dinero, muchas de ellas vinculadas a centros cambiarios con operaciones menores. La Asociación de Banqueros estima que al año se lavan en el país 25 mil millones de dólares. Hace unos días, el nuevo procurador fiscal, Gabriel Reyes, refirió que hay 200 investigaciones en curso.
En la Cámara de Diputados duerme una iniciativa de un nuevo código penal elaborada por la Comisión de Justicia que retoma nuevas penas para abuso de autoridad, peculado o malversación. No obstante, los legisladores de esa comisión están más preocupados hoy por la presentación de la nueva Ley de Amparo.
En el corolario, un entramado de relaciones económicas y del grupo compacto del Banxico que se perpetúan en el tiempo y en los gobiernos y que hacen elocuente la estadística nacional de impunidad de delitos en México: 96 por ciento, concluyen los abogados.