DOMINGO Ť 19 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť ONG y sindicatos analizarán violación del convenio 169 firmado con el organismo
Pedirán exhorto de la OIT para rectificar la reforma
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
Organismos no gubernamentales y sindicatos anunciaron que aprovecharán la visita a México del representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guillermo López Guízar, para pedirle que haga un exhorto al Estado mexicano a fin de que se rectifique la ley sobre derechos y cultura indígenas, porque viola el convenio 169 de la OIT.
Representantes de Movimiento por la Paz, de Convergencia Socialista y del Centro de Estudios Antropológicos Ce Acatl indicaron que los próximos lunes y martes realizarán un seminario para analizar el incumplimiento del convenio 169 de la OIT, a 10 años de su vigencia, y tienen programada la asistencia de López Guízar, quien estará esos días en el país, para entregarle las conclusiones del acto.
Además, anunciaron que el 20 y 21 de agosto harán una serie de manifestaciones en embajadas y consulados de México en 34 países, en protesta por la promulgación de la ley, como parte de una campaña internacional de información y de movilización en contra de las reformas a la Constitución en materia indígena.
En conferencia de prensa, señalaron que las protestas se realizarán en países como Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Honduras y Brasil.
Juan Anzaldo, del centro Ce Acatl, explicó que el director de la oficina de la OIT para México, Cuba y Haití fue invitado por el gobierno nacional para participar en un foro de análisis del convenio 169, el cual se realizará en la Casa de la Cultura de San Angel.
Al mismo tiempo, un grupo de ONG, apoyadas por defensores de derechos humanos, obispos, intelectuales y escritores, realizará un seminario paralelo en la Casa de la Cultura Jaime Sabines, para que López Guízar conozca otras posturas, en particular, las de inconformidad por la reciente promulgación de la ley en materia indígena.
Explicó que entregarán documentación para demostrar que la reforma legislativa no tomó en cuenta la opinión de los indígenas y ha provocado repudio porque viola artículos del convenio 169, como los referentes al derecho de consulta de los pueblos indios y el acceso colectivo a sus tierras y territorios.
Anzaldo dijo que no sería la primera vez que la OIT emitiera algún pronunciamiento sobre México. Explicó que ha hecho tres recomendaciones en beneficio de los huicholes, del Consejo Indígena del Huxpanapa y de los nahuas del Alto Balsas.
José Luis Castro, de la Unión de Artesanos y Trabajadores no Asalariados, señaló que además de las gestiones ante organismos internacionales, los indígenas y la sociedad civil tienen que explorar las vías jurídicas para la solución de este conflicto, como la presentación de controversias constitucionales, de amparos y de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al día siguiente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera la demanda de inconstitucionalidad contra la ley indígena, Castro dijo que el Poder Judicial va a jugar un papel fundamental en el futuro de la reforma legislativa y de la paz en Chiapas.
Es una afrenta: CIPO
El Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO) consideró que la promulgación de la ley sobre derechos y cultura indígenas es la "mayor afrenta recibida en los últimos años", y se pronunció en favor de empezar un "levantamiento civil pacífico".
La organización oaxaqueña dijo que en respuesta a la promulgación de la ley se deben interponer denuncias de controversia constitucional y amparos contra la legislación, así como realizar movilizaciones y enviar cartas de repudio.
En un comunicado firmado por Alejandro Cruz y Raúl Gatica también hicieron un llamado al relator especial para los pueblos indígenas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, para que manifieste con carácter urgente al gobierno de México su interés de visitar oficialmente el país para constatar las violaciones permanentes a los tratados internacionales en materia indígena en que está incurriendo el Estado mexicano.