Ť Martínez Veloz argumentará fallas en el proceso de aprobación y rompimiento de pactos

Presentará priísta controversia contra ley indígena

Ť El diputado era presidente de la Cocopa cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés

ANDREA BECERRIL

Firmante de los acuerdos de San Andrés, en ese entonces en su calidad de presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), el diputado del PRI Jaime Martínez Veloz presentará en los próximos días ante la Suprema Corte una controversia constitucional contra la reforma indígena, por considerar que pasa por encima de lo acordado en Larráinzar por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, y viola el convenio 169 de la OIT.

El legislador priísta precisó que además de presentar la controversia, dará vista a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y paralelamente hablará con sus compañeros de bancada, a fin de insistir en la necesidad de que el PRI se ponga al frente de la causa indígena y del esfuerzo por reiniciar el trabajo legislativo.

"Afortunadamente, frente a la actitud de Salvador Rocha Díaz hay también la de muchísimos priístas que están del lado de las mayorías del país y avalan la lucha de los pueblos indígenas."

Martínez Veloz comentó que tiene ya prácticamente lista la argumentación que sustentará el recurso de controversia constitucional. Precisó que, por principio, hay una violación en el procesamiento de la reforma indígena, toda vez que la forma en que se llevó a cabo el trabajo legislativo en el Congreso de la Unión se contrapone con el artículo sexto del convenio 169 de la OIT, en el que se establece de manera clara que cualquier modificación de carácter legislativo o administrativo relacionada con los derechos de los pueblos indios debe ser previamente consultada con éstos y sus organismos representativos.

Es decir, precisó, en términos formales la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y recién promulgada por el presidente Fox viola ese convenio 169 que el gobierno mexicano se comprometió a cumplir. "Decidí dar vista de ello a la OIT, organismo que naturalmente no puede aplicar sanciones, pero sí emitir recomendaciones a los Estados firmantes".

El diputado priísta agregó que, por lo que se refiere al contenido, la reforma indígena tiene contradicciones serias, sobre todo con lo relativo al artículo 13 del referido convenio 169, además de que desconoce los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1966, con miras a lograr la paz en Chiapas.

Precisó que en ese entonces presidía la Cocopa y firmó esos acuerdos, cuyos puntos medulares no fueron considerados en la cuestionada ley indígena, toda vez que, por principio, no se contemplaron las reformas a los artículos 4 y 115 constitucionales, y el derecho a la autonomía de los pueblos indios fue acotado, de tal forma que quedó sin efecto.

Nulificación de la autonomía india, una de las bases de la inconformidad

En los acuerdos de San Andrés, agregó, se precisa que la autonomía será reconocida en el marco constitucional federal, y aunque su aplicación tendrá formas distintas en cada una de las entidades federativas, la interpretación que dio el Congreso nulifica ese derecho, toda vez que deja a decisión de los congresos estatales si se aplica o no.

Puso un ejemplo de lo que ello significa: "la esclavitud fue abolida para siempre, es un precepto plasmado en la Constitución, y no queda a decisión de ningún congreso estatal si la aplica o no, porque por ello es el pacto federal el que interviene".

El diputado Martínez Veloz agregó que otro de los puntos medulares de los acuerdos de San Andrés que se modificaron es el reconocimiento a las comunidades indias como entidades de derecho público, y que en la reforma constitucional pasaron a ser de interés social, además de que tampoco se aceptan sus derechos colectivos en torno a sus tierras y territorios.

Esos elementos son la base de la controversia constitucional que habrá de presentar la próxima semana, agregó. Hizo notar que pondrá también a debate la responsabilidad del presidente Fox, quien protestó ante el Congreso respetar y hacer respetar las leyes, pero promulgó una que no cumple con el marco jurídico que norma el país, desconoce los acuerdos de San Andrés y nulifica el proceso de paz en Chiapas.

Martínez Veloz agregó que todo lo que ha sucedido en torno a la llamada ley indígena, la forma en que grupos con intereses económicos presionaron para que no se aprobara la iniciativa de la Cocopa, la celeridad del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional para hacer el recuento de los votos en los congresos estatales, cuando aún faltaba discutir la reforma en varias entidades, y la rápida promulgación, obligan a preguntarse: ¿de qué ha servido tanto esfuerzo para lograr la pacificación de Chiapas y la solución política al conflicto zapatista?

"No puedo dejar de preguntarme sobre dónde fueron a parar los esfuerzos de legisladores ya fallecidos como Heberto Castillo, las idas y venidas de los integrantes de la primera Cocopa a La Realidad, los meses de negociaciones en San Andrés Larráinzar, si finalmente aprobaron una reforma que no tiene que ver con los derechos de los indígenas ni con la paz", concluyó.