Ť La Benito Juárez y el IDDF piden atender el abandono de la Alberca Olímpica

Vacío jurídico en el caso del menor ahogado

Ť Comparecen en la ALDF José Espina y Bernardo Segura; se restructurará operación

 ABRIL DEL RIO

Cuatro horas no bastaron al delegado en Benito Juárez, José Espina, y al titular del Instituto del Deporte capitalino, Bernardo Segura, para hacer entender a los diputados locales que el accidente mortal del niño José Luis Cruz Huitrón, el pasado 30 de julio, sucedió en medio de un vacío jurídico entre ambos organismos.

Durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hicieron notar que no están enfrentados y que se requiere colaboración legal para resolver el abandono en que se encuentra la Alberca Olímpica Francisco Márquez desde hace un par de décadas.

Aunque la mayoría de los legisladores

advirtió que el caso no debe convertirse en "lucro político", lo cierto es que se trataba de un foro en el que se debaten grupos partidistas y sus representantes se dedicaron a bombardear tanto a Espina, que representa a una demarcación panista, como a Segura, ex diputado perredista y hoy titular del IDDF.

Como lo hizo desde las primeras horas de sucedida la tragedia, Espina asumió la responsabilidad que le toca a Benito Juárez por ser la demarcación que tomó a su cargo la alberca y el gimnasio olímpico a partir del 28 de junio.

Sin embargo, denunció "total desorden" en el proceso de transferencia del escenario olímpico, el último entregado mediante la desconcentración de instalaciones deportivas hacia las delegaciones políticas, de lo cual responsabilizó a la titular de Desarrollo Social del DF, Raquel Sosa.

El delegado puntualizó que el accidente del niño apunta a ser un error humano que el Ministerio Público se encargará de aclarar, y se concentró en la exposición de un plan de restructuración para la Alberca Olímpica.

El inmueble permanecerá cerrado hasta no lograr un progreso en sus instalaciones y operación, para lo cual será necesaria la colaboración de los sectores público y privado.

Por tratarse de un escenario de orden nacional, Espina solicitó a los legisladores que consideren a futuro el fortalecimiento de atribuciones para que la delegación pueda trabajar libremente al respecto.

Segura centró su participación en las pruebas documentales, decenas de oficios y anexos, para demostrar que el IDDF ya no era responsable del lugar cuando sucedió el accidente.

El mismo se dio en medio de un vacío jurídico entre ambas instituciones. Coincidió con Espina en que el deterioro de la Alberca Olímpica se originó años atrás.

El delegado en Benito Juárez fue cuestionado por no haber impedido la realización del programa vacacional ?que tenía 12 años de impartirse?, pese a que según sus informes se habían detectado inoperancias y fallas.

A Segura también lo censuraron por haber entregado la instalación sin diagnóstico. Incluso Raúl Nava, de Convergencia por la Democracia, acusó al gobierno perredista de no haber mejorado la alberca.

"Quedan muchas dudas, pero al margen de encontrar culpables hay que unirnos para evitar que se repita este tipo de accidentes", indicó Segura.

Espina por su parte se mostró dispuesto a lanzar una campaña en pos de un esfuerzo adicional para restructurar la operación del inmueble, lo cual requerirá un presupuesto inicial de 27 millones de pesos.