Ť Implicará más riesgos de muerte para indocumentados en la frontera, acusa el ombudsman estatal

Oficializan autorización de usar la fuerza contra migrantes en BC

Ť Repudian ONG mexicanas y estadunidenses decreto del gobenador panista Alejandro González

DE LOS CORRESPONSALES

Organismos mexicanos y estadunidenses defensores de los derechos de los migrantes repudiaron que el gobierno de Baja California publicara este viernes, en una edición extraordinaria del periódico oficial del estado, un decreto por el cual se autoriza usar la fuerza pública para detener a quienes pretendan acercarse a menos de tres kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en dos polígonos de casi 100 kilómetros lineales. De acuerdo con el gobernador Alejandro González, del PAN, la medida pretende evitar muertes entre aspirantes a indocumentados.

Raúl Ramírez Baena, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, aseveró que restringir el paso de los migrantes hacia la barda metálica que divide a México y Estados Unidos "es a todas luces una medida anticonstitucional".

Según el ombudsman, el decreto "violenta las garantías individuales y no resuelve el problema de riesgos de muerte en la frontera; por el contrario, coloca a los migrantes en mayor riesgo, porque buscarán rutas más alejadas de los núcleos urbanos".

Añadió que con esta resolución, "de alguna manera vinculada" a la presencia de patrullas militares en la frontera con Belice y Guatemala, el gobierno mexicano acepta "hacer el trabajo sucio" para las autoridades migratorias de Estados Unidos.

A su vez, Claudia Smith, directora de la Fundación de Asistencia Rural Legal de California con sede en San Diego, apuntó que "aunque (el decreto) sea una medida bien intencionada, se pretende tapar el sol con un dedo. La medida obedece a la estrategia estadunidense de mover el tráfico de indocumentados fuera de zonas urbanas, y canalizarlos a regiones remotas".

Alfredo Escobedo, director de Protección Civil de Baja California, informó por su parte que el gobernador González Alcocer autorizó y firmó desde el miércoles la declaratoria de zona de alto riesgo que facultará a autoridades policiacas a impedir el paso de personas a tres kilómetros de la frontera.

El documento afecta el polígono de 17 hectáreas denominado Mesa de Andrade, que cuenta con 52 kilómetros de frontera, así como el polígono de 48 mil hectáreas ubicado entre los municipios de Mexicali y Tecate, con 43 kilómetros de frontera.

Actualmente, traficantes de indocumentados usan dichas zonas rurales, y los grupos Beta de protección a migrantes únicamente pueden alertar a los viajeros de los riesgos de caminar por el desierto y las montañas para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, a partir de la declaratoria, los grupos Beta y otras corporaciones estarán facultadas para coadyuvar de facto con la Patrulla Fronteriza del vecino país, y prohibir el paso quienes se dirijan a la frontera por esas regiones.

Asimismo, prohibe a empresas transportistas trasladar a migrantes hasta zonas desérticas cercanas a la frontera con Estados Unidos.

Rescata la Patrulla Fronteriza a familia de migrantes

La Patrulla Fronteriza rescató en el desierto de Arizona a una familia de indocumentados originarios de Sinaloa, compuesta por un matrimonio y sus tres hijos, de nueve, seis y dos años de edad, a quienes se halló "en avanzado estado de deshidratación", aseveró.

La misma corporación detuvo en un retén en la carretera interestatal 35, al norte de Laredo, Texas, a 57 mexicanos a quienes el estadunidense Robert Douglas pretendía llevar en un tráiler a San Antonio.

También informó que encontró muertos a tres mexicanos que pretendieron ingresar sin documentos a territorio estadunidense por la región desértica al sur de California. También perecieron dos personas ahogadas en el río Bravo, a la altura del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

En otro contexto, la directora general del Registro Civil del estado de México, Dolores Aguirre Sánchez, dio a conocer en Nezahualcóyotl, que han sido robados más de mil documentos oficiales del Registro Civil de una oficialía de Los Reyes la Paz. La funcionaria sostuvo que dichos documentos serían usados por traficantes de indocumentados.

JORGE A. CORNEJO, CRISTOBAL GARCIA, CARLOS FIGUEROA, MARTIN SANCHEZ Y RENE RAMON