Ť Los acusa el Congreso peruano de asociación ilícita para delinquir

Inhabilitan a ex legisladores y ex funcionarios fujimoristas

AP, AFP Y REUTERS

Lima, 17 de agosto. El Congreso peruano inhabilitó a las congresistas Luz Salgado y Carmen Lozada, muy cercanas al ex presidente Alberto Fujimori, para desempeñar cargos políticos durante cinco años, acusadas de conspirar contra la democracia, decisión que será apelada por las legisladoras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica.

El Congreso unicameral impuso idéntica sanción por la misma falta a otros 13 ex congresistas y ex funcionarios de la agrupación Cambio-90 Nueva Mayoría, del destituido Fujimori, entre ellos al ex ministro de Economía y ex presidente del Congreso, Víctor Loy Way, así como a los ex ministros de Justicia y de Energía y Minas, Alfredo Quispe y Alberto Pandolfi, respectivamente.

Una resolución aprobada por mayoría en el Congreso, la noche del jueves, determinó sancionar a Luz Salgado y Carmen Lozada, así como a otros 13 miembros de la formación fujimorista, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, al sabotear un referéndum sobre la reelección presidencial.

Los sancionados sostuvieron una reunión el 3 de abril de 1998 con el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, para urdir la inconstitucional reelección de Alberto Fujimori en los comicios del 2000, la cual fue grabada en un video por hombres del ex asesor de Inteligencia.

Con esta reunión los legisladores cometieron infracción a la Constitución, pero antes de la aprobación de la resolución los acusados alegaron que en dicho encuentro no conspiraron, sino que trataron asuntos menores de política interna.

Salgado y Lozada, quienes calificaron de desproporcionada la sanción y se dijeron víctimas de una persecución política, adelantaron que acudirán a los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para apelar y pedir justicia por la decisión adoptada por la cámara única del parlamento.

En entrevista con radioemisoras limeñas, dijeron que existe una campaña de venganza política por parte del nuevo oficialismo "antifujimorista", que -dijeron- tomaron revancha por los supuestos atropellos cometidos por el anterior régimen del destituido Fujimori.

De otro lado, el procurador especial anticorrupción, José Ugaz, reiteró su denuncia de corrupción contra Fujimori, a pesar de que en nueve meses de investigaciones no le ha podido probar delito alguno ni cuentas bancarias en el exterior.

Ugaz se escudó en el carácter reservado de las investigaciones, pero afirmó que existen varias pruebas contra el ex mandatario que demuestran que está implicado en el delito de corrupción económica.