Ť El militar en retiro argentino está en detención domiciliaria desde hace tres años

Se niega el ex dictador Jorge Rafael Videla a prestar declaración por el caso Plan Cóndor

Ť El juez federal Rodolfo Canicoba Corral deberá resolver ahora su nueva situación procesal

REUTERS, AFP, AP Y DPA

Buenos Aires, 17 de agosto. El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla se negó este viernes a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga la existencia de la Operación Cóndor, de represión a opositores coordinada entre los regímenes militares de la década de los años 70.

"No voy a formular ninguna declaración", dijo Videla, a Canicoba Corral. El ex dictador está bajo detención domiciliaria desde hace tres años, acusado del robo de bebés nacidos de madres en cautiverio y posteriormente desaparecidas.

El 10 de junio pasado, Canicoba Corral procesó a Videla como presunto integrante de una organización criminal que, bajo la denominación del Plan Cóndor, habría se-cuestrado y torturado a decenas de personas durante la represión ilegal que fue desplegada en Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile y Brasil.

Videla debía ampliar hoy su declaración en esta causa en la que está procesado también con prisión preventiva, como uno de los supuestos jefes de dicho plan.

Tras informar que el ex dictador se negó a declarar, el magistrado Canicoba explicó que ahora se deberá resolver su situación procesal respecto de estos nuevos hechos, que pueden derivar en una ampliación del auto de prisión preventiva, una falta de mé-rito o un sobreseimiento, para lo cual el juzgado cuenta con 10 días hábiles.

En el marco de este proceso, el juez pidió a las autoridades de Chile, el 20 de julio pasado, la detención preventiva con fines de extradición del ex dictador Augusto Pi-nochet y de seis de sus colaboradores, y realizó idéntico trámite con Paraguay para enjuiciar en Argentina al ex presidente de facto Alfredo Stroessner, actualmente asilado en Brasil.

Asimismo, la semana pasada envió un exhorto a la justicia de Estados Unidos para conseguir una declaración del ex secretario de Estado Henry Kissinger, por sospechar que el gobierno estadunidense, del que formó parte el ex funcionario entre 1973 y 1977 durante las administraciones de Ri-chard Nixon y Gerald Ford, sabía de la existencia de la Operación Cóndor.

Pero curiosamente Argentina, que demanda la detención de extranjeros y su eventual extradición para juzgarlos en este país, se niega a detener y extraditar a represores nacionales que son requeridos por las justicias de otros países, como Francia, Alemania, Italia y Suecia, a fin de procesarlos en casos de violaciones contra los derechos humanos durante la última dictadura argentina, de 1976 a 1987.

Tal es el caso de Videla, Alfredo Astiz, Emilio Massera y muchos otros, que están amparados por la doctrina de los últimos gobiernos argentinos que invocan el principio de territorialidad de la justicia -que señala que a delitos ocurridos en Argentina deben aplicarse leyes locales-, lo cual se opone a los pedidos de extradición.