Miguel Concha

Sujetos de derechos colectivos

Hace ocho días Kyra Núñez, corresponsal de La Jornada ante los organismos de la ONU, informó desde Ginebra que los delegados gubernamentales en el comité preparatorio de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia acordaron por primera vez considerar como pueblos en un foro internacional, y ya no simplemente como "poblaciones", a las comunidades indígenas. Es decir, reconocerlas como verdaderos sujetos colectivos de derecho público, dentro del contexto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y no como "entidades de interés público", como se aprobó en la trasnochada reforma que fue publicada el pasado martes, y que hoy es con razón impugnada con tantas controversias constitucionales y juicios de amparo por parte de sus supuestos destinatarios. Lo más paradójico es que en tal decisión tuvo mucho que ver la intervención de delegados gubernamentales de países como México, tal y como sucedió también hace casi un año en el grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (sic).

En la declaración política de la conferencia aprobada, que será adoptada en Durban, Suráfrica, entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre próximos, se enfatiza que actualmente se realizan esfuerzos para asegurar en las negociaciones de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el reconocimiento universal de los siguientes derechos: llamarse por sus propios nombres; participar equitativa y libremente en el desarrollo político, económico, social y cultural de su país; mantener sus propias formas de organización, estilos de vida, culturas y tradiciones; mantener y usar sus propias lenguas; mantener sus propias estructuras económicas en las áreas donde viven; participar en el desarrollo de sus sistemas y programas educativos; administrar sus tierras y recursos naturales, y tener acceso equitativo a la justicia.

El proyecto de declaración de la conferencia reconoce también la especial relación que los pueblos indígenas tienen con la tierra, como base de su existencia espiritual, física y cultural, y anima a los Estados, dondequiera sea esto posible, "a asegurar que los pueblos indígenas dispongan de la propiedad de sus tierras y de los recursos naturales de los que son titulares según las leyes nacionales".

En las estrategias propuestas para alcanzar una igualdad completa y efectiva, que incluyan la cooperación internacional y el compromiso de Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales para combatir el racismo y la discriminación, se hace un llamado a los Estados para concluir las negociaciones de la declaración de la ONU, de acuerdo con la resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos.

El borrador de la declaración política reconoce además que la participación plena de los pueblos indígenas en todos los aspectos de la sociedad, en particular en aquellos que les conciernen directamente, "es fundamental para la estabilidad política y social, así como para el desarrollo de los Estados en que viven", y enfatiza la necesidad "de adoptar medidas constitucionales, administrativas, legislativas y judiciales apropiadas, que incluyan aquellas que se derivan de los instrumentos internacionales aplicables", entre los cuales ahora se encuentra de manera destacada el Convenio 169 de la OIT.

En el plan de acción propuesto se urge literalmente a los Estados a adoptar o continuar aplicando, de acuerdo con los pueblos indígenas -"in concert with them" (el subrayado es del texto original en inglés)-, todas las medidas constitucionales, administrativas, legislativas y judiciales necesarias, "para promover, proteger y asegurar a los pueblos indígenas el disfrute de sus derechos, así como la garantía del ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, sobre la base de la igualdad, la no discriminación y la participación plena y voluntaria en todas las áreas de la sociedad, en particular las materias en las que son afectados o están concernidos sus intereses". El borrador de la declaración recoge el pronunciamiento que firmaron el 7 de diciembre en Chile 36 naciones del continente, durante la Conferencia Regional de las Américas.