VIERNES Ť 17 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Violar derechos de infectados y hacer una apología del apartheid en Mérida, los cargos

Grupos civiles presentan queja contra ombudsman estatal

JENARO VILLAMIL

Por violación a los derechos humanos de las personas que viven con el VIH-sida, por realizar una "apología del apartheid y el genocido", así como por negar la atención médica y dar un "trato inhumano, cruel y degradante a pacientes en fase terminal", fueron denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán, Omar Ancona Capetillo; la ex directora de los Servicios de Salud en la entidad durante el último año del gobierno de Víctor Cervera Pacheco, María Teresa Zapata, y el ex director del hospital O'Horán, Russell Domínguez.

De acuerdo con la queja presentada ante la CNDH el pasado 14 de agosto por las organizaciones civiles que apoyan a enfermos de VIH-sida -Letra S, Mexsida y Frenpavih-, las opiniones del ombudsman yucateco, Omar Ancona Capetillo, "resultan de extrema gravedad proviniendo de quien debe promover, proteger y defender los derechos humanos, dando cuenta verbal de su actitud negativa a la atención de quejas que buscan proteger los derechos humanos de los afectados por la epidemia".

Ancona Capetillo opinó que a los enfermos de sida "se les debe tener en cuarentena", y que si pasan la línea de seguridad establecida "se les debe disparar a matar" (La Jornada, 15 de julio de 2001). Ancona también desestimó las denuncias de maltrato a personas seropositivas en el hospital O'Horán, considerando que "es mejor que se mueran. Ellos deberían estar en una isla donde no infecten a los demás".

La queja, presentada ante José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, documenta también los casos de dos personas que murieron de VIH-sida sin recibir ninguna atención médica, y de otra víctima de abandono del personal del hospital O'Horán.

En agosto de 2000, Sinaí Domínguez, oriundo de Chetumal, agonizó durante cinco días y murió en el cuarto piso del nosocomio. Médicos y enfermeras se negaron incluso a inyectarle el medicamento que requería para tratar su meningitis por hongos, de acuerdo con el testimonio de su esposa y de Carlos Méndez Benavides, director del albergue Oasis San Juan de Dios, anexado en la queja.

Otro fue el caso del recluso Seferino Yah Tec, quien se encontraba en fase terminal. Sufrió una caída y un cuadro de deshidratación severa con vómito. Por tal motivo, fue trasladado al hospital O'Horán. El personal se negó a recibirlo argumentando que se trataba de la seguridad del nosocomio. Yah Tec murió dentro de una camioneta antimotines.

Sólo 20 reciben terapia antirretroviral

En la queja se subraya que "en el estado de Yucatán sólo 20 personas que carecen de seguridad social reciben terapia antirretroviral, lo cual resulta indignante, si se toma en consideración que existen más de 400 personas diagnosticadas a quienes no se les da tratamiento".

Las organizaciones que presentaron la queja consideran que, en el caso de las declaraciones del ombudsman yucateco, se violó el derecho a la atención, a la no discriminación y a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, "porque al estigmatizar a los enfermos se puede acarrear rechazo y violencia social", así como el derecho a la información, al difundir declaraciones que "instauran el mito y el prejuicio y evitan que la población se proteja responsablemente".

Asimismo, consideran que Ancona Capetillo realizó una "apología del apartheid y el genocidio por manifestar que deben ser aislados y se les debe tirar a matar".

Mexfam, Frenpavih y Letra S denuncian a la Secretaría de Salud de Yucatán y a sus ex titulares Rafael Pacheco Estrella y María Teresa Zapata Villalobos, por negar la atención y el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Subrayan el "trato inhumano, cruel y degradante (tortura) a pacientes en fase terminal, a quienes mantienen en condiciones indignas por negarse a atenderlos e higienizarlos y a aliviar sus sufrimientos".

A los directivos del hospital O'Horán los acusan de negar el derecho a la educación, en el caso de los trabajadores del sector que se encuentran desinformados sobre precauciones universales, y negar también el derecho al trabajo "en condiciones seguras e higiénicas, por la carencia de material y equipo adecuados para la protección del personal de salud".

Ante el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, Georgina Gutiérrez, Arturo Díaz y Silvia Panebianco, en representación de las organizaciones promotoras, solicitaron "su pronta y enérgica intervención", y subrayaron: "no aceptaremos una amigable composición en un caso de extrema gravedad como el que nos ocupa".

Soberanes subrayó que se le daría un trámite expedito y que la CNDH estaba "muy interesada" en este caso.