Los recientes atentados contra tres sucursales de Banamex, reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y la posterior captura de cinco personas acusadas de haber participado en esos ataques, obligan a evocar las épocas amargas en las que varias organizaciones político-militares declararon la guerra al Estado y éste, a su vez, respondió con una estrategia delictiva de asesinatos, desapariciones, torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los implicados y, en muchas ocasiones, de sus familiares, vecinos y personas que no tenían ninguna participación en la lucha armada.

Pero para buscar antecedentes preocupantes sobre los desvaríos de un poder público descontrolado no es necesario remontarse a los años setenta del siglo recién pasado: hasta el último año del zedillismo --es decir, hasta hace unos meses-- se mantuvo vigente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero una política de contrainsurgencia violatoria de los derechos humanos, como lo documentaron y denunciaron organizaciones humanitarias nacionales e internacionales. Amnistía Internacional, por ejemplo, caracterizó al último gobierno priísta como una "catástrofe" en materia de derechos humanos.

En el delicado momento presente, cuando la plena democratización en el ámbito federal no se ha traducido en una variación de la política económica neoliberal y cuando el entorno democrático da pie a un contrasentido político tan grave como la aprobación de una ley indígena insatisfactoria y regresiva, salta a la vista la necesidad de no olvidar esos precedentes nefastos.

Para que la institucionalidad y la legalidad vigentes no se conviertan en un remedo y una simulación de Estado de derecho, es necesario que las autoridades judiciales y las corporaciones de seguridad pública operen, ante las manifestaciones de descontento armado, en el más estricto respeto a las garantías individuales y a los procedimientos establecidos por la ley.

La vigencia democrática no garantiza, por sí misma, tal conducta por parte de los distintos niveles de gobierno. En distintos momentos de la historia la Cuarta República Francesa emprendió una guerra sucia contra los independentistas argelinos y la democracia no fue obstáculo para que en el gobierno de Felipe González, en España, se organizaran escuadrones de la muerte para asesinar etarras o supuestos etarras.

Se requiere, pues, de una clara voluntad política por parte del gobierno actual para preservar, en la circunstancia presente, el Estado de derecho y para eludir las tentaciones de ofrecer a los grupos guerrilleros como las FARP una respuesta meramente policial, militar o, peor aún, paramilitar. 

Es necesario ir a la raíz de los descontentos y atacar de frente los rezagos antidemocráticos --que en diversas entidades se traducen en formas específicas de opresión política-- y las cada vez más injustificables y lacerantes desigualdades económicas y sociales.