JUEVES Ť 16 Ť AGOSTO Ť 2001

Crímenes impunes contra gays en Colima

Para el procurador estatal su temor ''es muy personal; nadie puede garantizar la vida a nadie''

MARIA RIVERA

A los 26 años Karim Chávez Alvarez había traspasado muchas fronteras vitales, menos la del silencio. Tanto en su barrio como en su trabajo se había forjado una reputación "de hombre reservado". Los vecinos de La Albarrada -colonia marginada donde creció junto con sus 11 hermanos- lo veían con admiración: la licenciatura en lenguas extranjeras, el viaje a Canadá donde perfeccionó su inglés y sus más recientes estudios en el campus local del Tec de Monterrey lo volvieron ejemplo a seguir.

Mostraba un horizonte diferente al de la vagancia o las labores eventuales en que se desenvuelven los otros jóvenes. Además, su trabajo en el área de pensiones del estado no sólo lo había puesto en contacto con "gente importante del gobierno", según relata su madre, sino que le permitió ganarse el aprecio de aquellos que solicitaban préstamos.

Pero no todo era viento a favor. Su opción sexual, oculta, furtiva, lo hacía sentir más cerca del infortunio que de la suerte, cuentan sus amigos. Y no estaba errado. El 10 de mayo pasado confirmó sus temores.

Después del "pozolito" con el que la familia festejó la fecha, su madre le pidió que la acompañara a la iglesia a rezar. Al caer la noche, cumplido el ritual, Karim avisó que "iba a dar una vuelta al parque": se refería al Jardín Núñez, sitio de reunión de la comunidad gay colimense. No volvió más a su casa. Una semana después su cadáver fue encontrado, atado de pies y manos, en la Barranca del Muerto.

La muerte de Karim forma parte de una serie de ataques contra la comunidad homosexual colimense que comenzaron el año pasado. En octubre de 2000 un hombre de 33 años, de nombre Alberto Fuentes, fue despojado de su vehículo y dinero en efectivo. El 28 de diciembre el estudiante Arnoldo Larios Ramírez, de 24 años, fue ahorcado en su hogar y su cadáver se encontró atado de las extremidades. Dos días después, Carlos Miguel González, de 22 años, fue asaltado, golpeado y abandonado en un hotel.

El segundo homicidio ocurrió el 22 de enero de 2001. La víctima fue Jorge Ernesto Uruchurtu Larios, arquitecto de 40 años. Luis Eduardo Vázquez Montes, hermano del dirigente estatal del PRI, desapareció el primero de mayo y fue encontrado días después estrangulado y encajuelado. Todas las víctimas fueron abordadas por uno o dos sujetos en el Jardín Núñez, ubicado en el centro de la ciudad de 130 mil habitantes, y asesinadas de la misma forma.

Los homicidios causaron escándalo. ''ƑAquí, en Colima, en el centro?'', era la pregunta obligada. ONG, periodistas independientes y algunos legisladores empezaron a reclamar el esclarecimiento de los hechos. Desacostumbrado a las presiones, el procurador Jesús Antonio Sam López advirtió que si los casos no se resolvían sería por culpa de los demandantes.

Finalmente la exigencia dio resultados el 28 de junio. El funcionario se vio obligado a informar que Miguel Angel Amaro Huerta (reportero del semanario veracruzano La Verdad) era el presunto asesino, pero que había escapado. También dio a conocer que el vehículo robado a una de las víctimas, Jorge Ernesto Uruchurtu, fue recuperado en Veracruz, mientras era conducido por Juan Morales Zurita, director del diario donde laboraba Amaro Huerta. El celular de Karim también fue encontrado en aquella entidad.

El funcionario también indicó que varios agentes de la Procuraduría fueron enviados a Veracruz en busca del presunto homicida. Al ser cuestionado en torno a la preocupación de la comunidad gay dijo, según información del Diario de Colima: "Si un grupo de personas homosexuales dice estar aterrorizada, su miedo es muy personal, nadie puede garantizarle la vida a nadie".

Los suspiros de alivio se escucharon por todos lados. Finalmente cayó El Chacal -sobrenombre del presunto homicida- y "era de fuera". De nuevo reinaban el silencio y el orden en esta apacible provincia de poco más de medio millón de personas.

Un mes después el procurador sostiene que el caso está resuelto "en el papel". Sin embargo, los familiares de las víctimas y dirigentes de organizaciones civiles de derechos humanos no opinan lo mismo. Señalan que carecen de información sobre la investigación, y que nada estará solucionado mientras el o los asesinos continúen libres.

La madre de Karim Chávez Alvarez también menciona que después de la muerte de su hijo empezó a recibir llamadas anónimas insultándola y ha visto a personas extrañas observando su casa. Para ella la pesadilla está lejos de haber terminado.

El diputado local panista Gonzalo Lino Peregrino, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal, advierte que el procurador Sam López "es un hombre mañoso, que tiene orejas en todas partes... y sabe cómo manejar este tipo de situaciones". Por su parte, Max Mejía, pionero en la defensa de los derechos de homosexuales y lesbianas en Colima, recuerda que en 1988 Armando López, fundador de Lambda, fue asesinado brutalmente y arrojado en una zanja. "Digamos que la sociedad autorizaba este tipo de acciones", reflexionó Mejía.

"A las autoridades no les interesa averiguar los crímenes que sufre la comunidad homosexual; es como si este sector del país no tuviera protección de la ley, no mereciera ningún respaldo legal. Por eso el engranaje oficial no está interesado en investigar a fondo los homicidios que ocurrieron en la ciudad en fechas recientes", agregó Mejía.

"La ley soy yo"

El procurador estatal Sam López es un hombre que ha dicho: "aquí la ley soy yo". Los siete años al frente de la máxima instancia de procuración de justicia del estado le han permitido concentrar todos los hilos del poder. Nada ocurre en la entidad sin su conocimiento. Baste un ejemplo: todos los taxis que entran o salen de la ciudad tienen que reportarse en las casetas policiacas para informar a dónde se dirigen. Por eso a más de uno extrañó que se fueran acumulando tantos casos sin resolver.

Este hombre peculiar, al que medio estado parece temer, y que vinculan con el llamado Grupo Universidad que controla el gobierno, se define como "priísta guadalupano", y dan fe de sus creencias no sólo la gran cantidad de imágenes religiosas que hay en la dependencia (incluido su despacho), sino su forma de administrar la justicia. Admite que conmuta sentencias -leves, especifica- a cambio de obras caritativas. También se precia de haber regalado vírgenes a cuanta persona se le ponga enfrente, y de asistir diariamente a misa de 7.

Tal fervor religioso escandaliza hasta a los diputados del Partido Acción Nacional. Gonzalo Lino Peregrino considera esa conducta "fuera de la ley", y cuenta que varios amigos suyos, infractores, han tenido que elegir entre rezar aves marías y padres nuestros y otorgar limosnas, o pagar la multa correspondiente. Con Sam López no hay engaños, advierte, lleva un riguroso control de los que cumplieron y los que no. "Para éstos no hay perdón de Dios: les cae todo el rigor de la ley".

El procurador, hombre de todas las confianzas del gobernador Moreno Peña, replica que nadie tiene en cuenta su labor al frente de la dependencia. Ha convertido a Colima en ejemplo nacional, argumenta, con el más bajo índice delictivo. Respecto a la investigación de los asesinatos también afirma que ha realizado un arduo esfuerzo: más de 200 personas de la sociedad colimense fueron interrogadas. "Y se espantaría al saber quiénes resultaron inmiscuidos, gente que era incuestionable. No voy a dar nombres, por supuesto". Eso sí, continúa, la solución del caso no es sencilla porque "según mi experiencia de 42 años, los crímenes más difíciles de resolver son los de homosexuales, por el miedo; es gente muy cerrada, que no se deja interrogar fácilmente, y si usted pone a 200 homosexuales, špues está medio canijo!".

-ƑLa demanda de información de parte de la sociedad no tendrá que ver con los cambios políticos ocurridos en México, que exigen mayor transparencia?

-La sociedad exige que haya paz, tranquilidad y seguridad. Eso es lo que tenemos que cumplir.

La sociedad colimense, por lo pronto, parece querer algo más que eso. En una encuesta publicada el pasado 6 de agosto por el Diario de Colima, 30 por ciento de los consultados considera la gestión del procurador como regular, y casi 20 por ciento mala.

Efraín Naranjo Cortés, presidente del Comité de Derechos Humanos no gubernamental, sostiene que no basta con la paz, también se debe ofrecer información y resguardar los derechos de todos los grupos sociales. Los asesinatos recientes los relaciona con personajes de la política, que considerarían necesario "erradicar" a personas con una opción sexual diferente. "Hay algunos individuos que prefiero no identificar, dentro de los ámbitos clericales más conservadores, así como en algunas altas posiciones políticas, que podrían estar relacionados, no sé si directamente, pero sí propiciando un ambiente contra ese grupo social. Son gente muy moralina, con sus buenas dosis de hipocresía, que se oponen a esas prácticas, pese a que ellos también las realizan. Digamos que son homosexuales vergonzantes".

El abogado demanda una investigación a fondo de los asesinatos hasta su total esclarecimiento. No cree que con la identificación del asesino concluya el caso. "Estamos reacios a creer, debido a las mentiras que nos han venido contando. La comunidad homosexual siente temor y no es casual, no tiene quién la defienda".

"El procurador, la mayor traba"

El panista Gonzalo Lino sostiene que la mayor traba para investigar el caso es el procurador mismo. "Es un hombre mañoso, que tiene orejas en todas partes. Hay que recordar que es un hombre que estuvo vinculado con Jesús Miyazawa -quien está ahora detenido-, o sea que trae un historial negro. La ciudadanía no tiene plena confianza en que la procuración de justicia sea estricta y se cumpla cabalmente".

El legislador hace referencia a Miyazawa Alvarez, quien fue subdirector de la Policía Judicial del Distrito Federal entre 1974 y 1975, periodo en el que Sam López tenía el cargo de director general de la dependencia. En 1998, mientras tenía a su cargo la coordinación general de la Policía Judicial de Morelos, Miyazawa fue destituido al descubrirse la existencia de una organización de secuestradores en esa entidad formada por policías judiciales.

Sobre las investigaciones de los asesinatos, Lino Peregrino reconoce que no tiene mayores datos. "Sam López no ofrece ningún tipo de información, ni a nosotros".

Llama la atención la actitud del diputado. Mira a su alrededor y dice que no sería raro que hubiera micrófonos en el Congreso. También comenta que sus amigos le aconsejan que tenga cuidado, que no quieren que termine encajuelado o tirado en alguna carretera. Y si un legislador se anda con tiento por estos rumbos, no es de extrañar que Jorge Iglesias de la Cruz, titular en el estado del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH/sida (Frenpavih) comparta ese temor.

Iglesias de la Cruz explica que los gays están alarmados por los asesinatos, y más los de su sector. Uno de los muertos, asegura, era portador del virus e incluso se había acercado a su organización en busca de apoyo emocional. "Cómo no vamos a tener miedo, cualquiera lo tendría si cree que lo quieren exterminar, Ƒo no?".

Ante la ausencia de información, Iglesias de la Cruz envió una carta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 30 de mayo, en la cual demanda información. A la vez realizó una serie de declaraciones a la prensa. Inmediatamente fue llamado a la procuraduría. Una noche fue recibido por la plana mayor de la dependencia. Sam López, relata, le aventó un expediente diciéndole que ahí estaba el nombre del asesino, pero que si no lograban atraparlo sería por culpa de sus presiones.

"Me dijo que quién era Derechos Humanos para hacerle recomendaciones a él, y que lo que habíamos hecho nosotros como agrupación eran niñerías. Yo le respondí que como grupo vulnerable necesitábamos saber de quién teníamos que protegernos. Al final opinó que era responsabilidad de nosotros lo que nos pasaba, que se debía a que andábamos buscando hombres por ahí. Que en cambio él, que sólo iba de su casa al trabajo y a la iglesia, no tenía problemas. Me sentí profundamente humillado pero no le dije nada, me dio miedo. Yo estaba ahí solo con él y dos de sus hombres. Además, conociendo sus antecedentes..."

El dirigente de la ONG señala que Colima es un estado profundamente conservador, donde impera una doble moral. "Después de que se acuestan con uno, te advierten: 'si dices que me metí contigo, te voy a matar o te voy a desaparecer'. Primero lo hacen y después llega la amenaza para que uno no divulgue nada".

El que parece no saber que hay problemas en la entidad es Angel Reyes, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a quien todos señalan como cercano al gobernador. Para él todo va bien. Las quejas, afirma, "francamente son pocas, casi inexistentes". De la misma opinión es Rosa María Vadillo, jefa de Orientación y Quejas, quien procede de la Procuraduría, y termina interviniendo en buena parte de las respuestas.

Parece saber todo, menos hacia qué instituciones fueron dirigidas la mayoría de las querellas ciudadanas. "Necesito tiempo para sacar esos datos", se disculpa.

Es contra las autoridades en general -interrumpe el ombudsman-, pero además el hecho de que alguien presente una queja no le da la razón.

Al tema de los asesinatos entre la comunidad gay Reyes no lo considera de su competencia. Es más, desconoce los pormenores.

-ƑDe qué se trataba el caso exactamente? -pregunta-. Quien sí debe tener una opinión clara es la licenciada Vadillo.

-Mandaron una carta quejándose de que la procuraduría no daba información, pero esta dependencia tiene derecho a callar cuando es un caso muy complicado. Si se filtra algo, se pondrían en riesgo sus investigaciones. Cuando hay dilación en la procuración de justicia, pues sí intervenimos, pero no es el caso -tercia ella.

-Cuando eso sucede, hacemos una súplica, Ƒverdad? -interviene Reyes.

-ƑPero cuál es la situación de la comunidad homosexual del estado? ƑSe resguardan sus derechos?

-Eh... A ver, tú eres la que debes saber -dice dirigiéndose a la funcionaria-, pero que yo recuerde todo está bien.

-Bueno, sí, parece que hay veces que se burlan de ellos, entonces nosotros llamamos a los responsables y todo se arregla -concluye la asistente.

Todo son sonrisas por el rumbo. El funcionario, que cumple su noveno año al frente de la comisión, pone cara de aquí no pasa nada.

Historia de agresiones

Hasta los años 80 eran frecuentes los casos de linchamiento contra los homosexuales en Colima, recuerda Max Mejía, fundador del grupo Lambda. El refrán aquel de ciudad chica, infierno grande, se hacía patente para la comunidad de maneras diversas.

"Cualquiera creía que podía agredir a los homosexuales en las calles; los que más sufrían este hostigamiento eran los que evidenciaban su condición. Digamos que la sociedad autorizaba este tipo de acciones".

A raíz de que el gobierno de Griselda Alvarez (1979-1985) alentó una serie de iniciativas a favor de los derechos de las mujeres y de los grupos homosexuales, disminuyeron las agresiones. Al mismo tiempo surgieron organizaciones de la sociedad civil que mantuvieron una estricta vigilancia sobre los grupos conservadores. Pero la tentación homofóbica estaba latente.

En 1985, durante un mitin del candidato del PRT, Víctor Hugo Rosas, le lanzaron toda clase de objetos, especialmente elotes. Y en 1988 uno de los fundadores de Lambda, Armando López, fue brutalmente asesinado y tirado en una zanja.

Mejía, quien radica actualmente en Tijuana, recuerda que desde que asumió el control del gobierno del estado el grupo vinculado a la Universidad de Colima -"dinosáurico, muy represivo, con métodos machistas y gangsteriles"- se ha desarticulado el tejido social que existía en los 80.

Del grado de conservadurismo de la sociedad colimense, que muchos de los entrevistados ven como sustento de la homofobia, habla el hecho de que aquellos que desean "reventarse" y tienen ciertas posibilidades económicas, viajan a la cercana ciudad de Guadalajara para hacerlo. La Perla de Occidente es percibida casi casi como una Sodoma en este contexto. Entre ciertos sectores, la homosexualidad se vive ambiguamente: entre el rechazo y la fascinación.

César Octavio González Pérez explica en su tesis de maestría en antropología social, que a principios de los 90 en los bares de la zona de tolerancia empezó a ocurrir un nuevo fenómeno: las prostitutas comenzaron a ser desplazadas por gays. Esto a la larga terminó provocando conflictos.

Cita en su investigación una nota del Diario de Colima: "Las prostitutas dicen que es injusto que en la zona de tolerancia se permita trabajar a homosexuales, ya que no sólo les quitan clientes, sino que son un peligro para los jóvenes, porque los pervierten. Desde que ellos están en la zona, la clientela ha disminuido porque los hombres prefieren ir a donde están los gays, aun con el riesgo de contraer alguna enfermedad".

Otro espacio donde aflora la fascinación por este mundo son las fiestas charro-taurinas de Villa de Alvarez (municipio conurbado de Colima), que se celebran el mes de febrero. En ellas el acto principal es una cabalgata llamada el día de la gasolina, en la que los organizadores -rudos trabajadores del autotransporte público- se travisten y desfilan entremezclados con homosexuales. "La diferencia que hallé entre las cabalgatas gays y heterosexuales radica en la forma de ser travesti, explica González Pérez. El travestismo entre los heterosexuales, generalmente choferes de taxis y camiones, es burdo e ironiza la condición del ser mujer y ser varón. Esos travestidos lanzaban besos a los hombres, bailaban con ellos, les tocaban el trasero, etcétera. En cambio el de los gays es más pulido, emulando más la imagen femenina. Ellos no bromeaban a la manera de los heterosexuales".

Pese a todo, en el jardín Núñez todo sigue igual. Al caer la noche, los jóvenes siguen acudiendo sin saber si su destino será la muerte.