JUEVES Ť 16 Ť AGOSTO Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Amenazas al patrimonio material
Las protestas en la ciudad de México contra la demolición en la calle de Amsterdam 1 de una casa de principios del siglo XX catalogada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), así como la destrucción del edificio y los murales del Casino de la Selva en Cuernavaca, Morelos, evidencian las graves amenazas que enfrenta el patrimonio cultural materializado en piedras, inmuebles, monumentos, plazas, calles y trazas urbanas. Estos son sólo los más divulgados de los cientos de casos de irreparable destrucción o degradación patrimonial que a diario ocurren en campos, pueblos y ciudades de México.
Para la legislación, los gobiernos locales, instituciones como el INAH o el INBA y, lamentablemente, para muchos historiadores y diseñadores sólo son "patrimonio arquitectónico" los grandes edificios, monumentos y plazas monumentales realizadas por la elite del diseño pasado para instituciones o clases dominantes, y son catalogados como tales por los organismos estatales. Para muchos, la historia urbana que hay que preservar sólo considera los centros históricos y termina en el siglo XIX. Ni siquiera estas "grandes obras" están eficazmente protegidas, mantenidas y a salvo de la destrucción. Pero las más amenazadas son las de arquitectura popular anónima, las trazas urbanas, los recorridos cotidianos que forman las identidades culturales de los lugares y que dan el soporte necesario a las obras consagradas; ese todo que llamamos patrimonio social urbano (aldeano o rural en su caso).
Acontecimientos naturales como sismos, hundimientos, lluvias torrenciales o los socio-organizativos (explosiones e incendios) o el deterioro infraestructural actúan destructivamente sobre este patrimonio social, porque los propietarios no pueden o no quieren mantenerlos, no cuentan con apoyo público para hacerlo, o la situación social y cultural de los usuarios impide que asuman esta tarea.
Otra amenaza es el inadecuado uso de los inmuebles y espacios públicos, derivado de problemas sociales no resueltos, como el aprovisionamiento del comercio en vía pública, el contrabando y la piratería, que han convertido en inadecuadas bodegas cientos de inmuebles patrimoniales en las áreas centrales; el ambulantaje, que degrada plazas y calles, y la delincuencia, que impide su libre apropiación colectiva y les quita su identidad; y el excesivo uso vehicular y el estacionamiento en vía pública, causantes además de grave contaminación ambiental. El despoblamiento de las áreas centrales es un efecto de la destrucción de vivienda por cambio de uso del suelo y los inmuebles, no su causa.
Pero los mayores destructores del patrimonio material son la modernización y la mercantilización a ultranza de lo urbano, en ausencia de regulaciones y controles sociales protectores y de una eficiente acción pública.
En nombre de la modernidad arquitectónica, urbana y tecnológica destruimos inmuebles, trazas urbanas y espacios públicos para ganar suelo bien localizado y para remplazarlo por arquitectura chatarra seudo posmoderna; interiorizamos y privatizamos las calles y plazas, aislándolas de los espacios públicos tradicionales, convertidos en autopistas de tránsito vehicular, pero intransitables para los peatones. Una evidente mala calidad de las intervenciones privadas y públicas, justificada en la rentabilidad o la escasez de recursos, genera más problemas al patrimonio que los que pretende resolver. La escasa reutilización de inmuebles privilegia los valores mercantiles y publicitarios sobre las identidades estéticas y culturales de lo original. La publicidad en pequeños y grandes anuncios o en fachadas completas degrada los entornos patrimoniales, agrede visualmente a los usuarios y pone en riesgo a los inmuebles mismos.
No se trata de convertir los inmuebles o ámbitos patrimoniales en museos ni de salvarlos a costa de su privatización y mercantilización, ni de conservar sólo fachadas escénicas; estos procesos excluyen la apropiación activa por todos los ciudadanos. Se trata de recuperarlos para la apropiación colectiva, para el disfrute cotidiano de los pobladores, usuarios y visitantes; de integrarlos armónica y adecuadamente a la realidad urbana de hoy.
La mayoritaria pobreza de la sociedad mexicana y capitalina no es nada más material; es también cultural e identitaria. Al destruir o degradar el patrimonio social urbano, aldeano y rural, estamos también destruyendo parte de nuestra historia, nuestra identidad, nuestro medio ambiente socialmente transformado, nuestra calidad de vida, y una fuente económica muy importante de la ciudad de México y otros muchos lugares del país: la viabilidad de una pujante industria turística y cultural, social y ambientalmente sustentable, equitativa en la distribución de sus beneficios y reproductora de nuestra identidad.