Ť Reclusión también a cuatro ex altos jefes de la armada argentina y un notario

Ordena juez arresto del ex dictador Massera por robar a desaparecidos

Ť Los militares se apropiaron de bienes de tres empresarios que fueron encarcelados en la ESMA

AFP Y REUTERS

Buenos Aires, 15 de agosto. Un juez fe-deral argentino ordenó esta noche el arresto de cinco ex altos jefes de la armada, incluido el ex dictador Emilio Massera, en una causa por desaparición de personas y la ce-sión forzada de bienes durante la dictadura, entre 1976 y 1983, in-formaron fuentes judiciales.

Agregaron que la orden de de-tención fue girada por el juez fe-deral Claudio Bonadío e implica a ex oficiales que habrían forzado a empresarios desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ?considerada como uno de los mayores campos de concentración durante la dictadura? a transferir sus bienes a los represores o allegados.

La medida alcanzó, además de Massera, a los ex oficiales Jorge Tigre Acosta, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón y Alejandro Spinelli, y al notario Arnaldo Dardano.

El juez Bonadío investiga la desaparición de tres empresarios y el "latrocinio" (robo calificado) de sus bienes, que fueron obligados a transferir a sus captores.

Massera y Acosta ya están detenidos por una causa de robo de hijos desaparecidos nacidos en cautiverio durante el régimen militar, delito no amparado en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que dieron impunidad a los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura.

Massera, ex jefe de la armada, está sometido a arresto domiciliario por ser mayor de 70 años.

Los empresarios desaparecidos son Conrado Higinio Gómez, Carlos Cerruti y Pablo Palma, quienes habrían sido obligados a transferir sus respectivos patrimonios a los captores militares.

Delito imprescriptible

La Cámara Federal indicó el pasado 6 de marzo que este tipo de delito no puede ampararse en las leyes denominadas de Obediencia Debida y Punto Final dictadas entre 1987 y 1990, pues se trata de una figura imprescriptible, confirmaron fuentes judiciales.

El magistrado federal argentino Gabriel Cavallo declaró entonces la "inconstitucionalidad y nulidad" de dichas leyes que exculparon a centenares de militares re-presores de la última dictadura.

El gobierno del presidente Fernando de la Rúa reaccionó con cautela ante la resolución de nulidad de ambas leyes, recientemente derogadas.

"Existían leyes impeditivas de la evolución del expediente a partir de que hay pruebas y no se podía llamar a indagatorias, ya que los culpables estaban amparados por esas mismas leyes. Ahora hemos destrabado el camino, va a haber oportunidad de apelar y la Cámara va a poder resolver, sin embargo la apelación no detiene el proceso", dijo en esa ocasión Cavallo, reportó entonces Stella Calloni, corresponsal de La Jornada.

El juez fundamentó su resolución en la incompatibilidad de artículos de esta leyes con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "con el objeto y fin de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes" y la Declaración Americana de los Derechos Humanos.

Analistas señalan que se espera una dura batalla jurídica sobre la interpretación del alcance de la decisión, que llegaría hasta la Corte Suprema, órgano que siempre declaró la validez de ambas leyes, que liberaron de culpas a más de mil militares.

Mientras la ley de Punto Final fijaba un plazo límite para la presentación de denuncias contra represores, la de Obediencia De-bida exculpaba a los oficiales por cumplir órdenes superiores de los máximos jerarcas militares.

Mientras, grupos de derechos humanos condenaron este miércoles el rechazo del gobierno de De la Rúa al pedido de extradición europeo del ex marino Alfredo Astiz, uno de los más emblemáticos represores de la última dictadura militar.

Astiz, apodado el angel de la muerte, fue liberado la noche del martes luego de que el gobierno argentino desestimó una solicitud de Italia y Francia para juzgarlo por la desaparición de ciudadanos de esos países.

"Esta decisión es una victoria de la impunidad a menos que el go-bierno ahora asegure que Astiz será llevado a juicio en Argentina", dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director para la División América de la organización Human Rights Watch.

Italia responsabiliza a Astiz del secuestro y desaparición de Angela María Aletta y Giovanni Oegoraro y su hija Susana, que estaba embarazada, durante el régimen de facto que gobernó Argentina.

Por esa causa el ex capitán de navío se encontraba detenido des-de principios de julio. Pero la re-clusión quedó sin efecto durante la noche del martes tras conocerse la negativa del gobierno a conceder su extradición.

Francia también solicitó la ex-tradición de Astiz, a quien en 1990 condenó a prisión perpetua en ausencia por el secuestro y desaparición de dos monjas francesas. La justicia sueca también tiene al angel de la muerte en la mira por el crimen de la joven Dagmar Hagelin en 1997, torturada hasta morir en la ESMA.

Sin embargo, la justicia federal argentina acogió una indicación de la cancillería para que los tribunales investiguen a Astiz, por el caso de un bebé desaparecido, en el caso de los italianos, indicaron fuentes judiciales.

El nuevo caso, según las fuentes, involucra a la hija o hijo de Susana Pegoraro, cuyo paradero se desconoce, ya que el delito de desaparición de menores no está amparado por las leyes de amnistía.

Libre, otro asesino de Letelier

Mientras tanto, un cubano convicto por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976, fue puesto en libertad y piensa permanecer en Estados Unidos, informó su abogado.

José Dionisio Suárez Esquivel, de 62 años, cumplió desde hace cuatro años su sentencia por el doble crimen de Letelier y de su asistente estadunidense, Ronni Moffit, pero permanecía detenido desde 1998 en una cárcel del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), que trató de deportarlo a Cuba.

Suárez se benefició de un re-ciente dictamen de la Suprema Corte, según el cual el SIN no puede mantener preso a ningún inmigrante más de seis meses, al término de los cuales debe deportarlo o dejarlo en libertad.

Por falta de un tratado de deportación con Cuba, el asesino convicto quedó en libertad. Por la misma razón salió libre el pasado 26 de julio el otro cubano convicto por el doble crimen, Virgilio Paz Romero, de 49 años.

Suárez Esquivel y Paz Romero fueron cómplices del estadunidense Michael Townley, agente a sueldo de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, quien confesó haber puesto en el automóvil de Letelier la bomba que mató al ex canciller chileno el 21 de septiembre de 1976 en una céntrica calle de Washington.