JUEVES Ť 16 Ť AGOSTO Ť 2001
LEY INDIGENA
Ť Están en juego privilegios de priístas y son parte de la contrainsurgencia en Chiapas
Rebatiña por centros de atención en las cañadas
Ť Secuestros a funcionarios de Sedeso, manifestación de esa disputa por la estructura de control
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 15 de agosto. Una ola de secuestros y autosecuestros de representantes de programas sociales gubernamentales recorre la selva Lacandona. Es decir, unos son verdad, otros no. Hay maroma y teatro en la disputa por los centros de desarrollo, llamados de Asistencia Social (CAS) durante el zedillismo, hoy conocidos como Centros Estratégicos de Desarrollo. Están en juego los privilegios que tuvieron las comunidades priístas, y sobre todo está en riesgo la utilidad estratégica de los CAS para el proyecto de contrainsurgencia que se aplica en la zona de conflicto, particularmente en las cañadas de la selva Lacandona, desde 1995.
Los secuestros a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (que por lo menos en el caso de San Quintín, a fines de julio, se trató de "autosecuestro", según denunciaron las autoridades ejidales de esa región de Ocosingo) son algo más que una reacción corporativa del priísmo. Se está cuidando una estructura de control diseñada para cercar y dividir a las comunidades en resistencia mediante la inversión social del Estado.
Detonantes de sectarismo y corrupción
Al anunciar el nuevo gobierno chiapaneco su Programa de Desarrollo Sustentable para la Región Selva, el 18 de julio en Ocosingo, lo primero que destacó fue que las comunidades habían decidido "por unanimidad dar por concluido el Programa de las Cañadas instaurado por los gobiernos pasados, porque sólo fomentó el odio y la división entre los indígenas". También había servido para innumerables actos de corrupción de los funcionarios del gobierno interino de Albores, que duró cuatro largos años.
El 80 por ciento de los CAS del alborismo-zedillismo se ubicaron en comunidades donde existían instalaciones militares. Por más que lo desmintieran el gobierno y sus ideólogos, en la práctica cotidiana Programa Cañadas y militarización iban de la mano. Esto fue experimentado por los indígenas de la región de tres maneras: la zapatista, la independiente y la priísta.
Las bases de apoyo del EZLN, que se definen en resistencia, entre otras cosas, por no aceptar ningún programa gubernamental en las presentes condiciones de guerra, han visto desfilar por las cañadas programas y sexenios sin que se resuelvan sus demandas verdaderas.
Las organizaciones independientes, de corte perredista y/o próximas a la diócesis de San Cristóbal, en Ocosingo, Altamirano, Chilón y Las Margaritas, fueron críticas en repetidas ocasiones respecto de estos programas, pero participaron en ellos y recibieron sus beneficios, y de manera fluctuante han participado en los municipios autónomos de los rebeldes.
Las comunidades priístas recibieron proyectos productivos, financiamientos, servicios y acceso a los bienes del consumismo más inútil, así como impunidad para hostigar a las comunidades en resistencia.
El conjunto de organizaciones que han participado con los nuevos gobiernos federal y chiapaneco en el diseño del que acabó llamándose Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva había establecido un criterio básico: que en el futuro ninguna sede microrregional (como los CAS) estuviera donde existen posiciones militares. En su proceso de elaboración, de marzo a julio de este año, el programa que habría de emerger oficialmente en Ocosingo pasó por varias manos, federales y estatales, lejanas y cercanas a los creadores del viejo Programa Cañadas. Al final se impusieron los criterios de la Coordinación de Desarrollo Humano de la Presidencia, y señaladamente los del doctor José Sarukhán. Y el criterio de separar cuarteles y microrregiones fue desechado.
No obstante, en el ámbito estatal se previó la instalación de los nuevos centros regionales lejos de las posiciones militares. En reacción a esto se han suscitado los dos últimos "secuestros" de funcionarios de la Sedeso por parte de los anteriores dirigentes (priístas) de los CAS.
ƑSecuestros a modo?
Las organizaciones indígenas han denunciado estos días que las autoridades de Sedeso, en connivencia con los anteriores delegados priístas de los CAS, convocan a reuniones de las viejas estructuras en las viejas sedes, contraviniendo acuerdos y disposiciones oficiales. Eso pasó en San Quintín y Nuevo Momón. La ARIC Independiente y la CIoAC Independiente denuncian la intromisión de los operadores del centro regional de la Sedeso que opera en el río Euseba, "la imposición pactada con grupos minoritarios que no tienen representatividad legal".
Los ejidatarios de Betania, Soledad, Champa San Agustín, Benito Juárez Miramar, Lindavista y una decena de comunidades más denunciaron expresamente a Carlos Montemayor (no confundir con el poeta; serán homónimos pero no tienen el mismo nombre), delegado federal de Sedeso, y al antiguo personal de los CAS, de entrometerse en las microrregiones para desestabilizar. En un acta de asamblea del 30 de julio, las autoridades y representantes de los ejidos describen las maniobras del enviado federal Rodolfo Domínguez y del presidente del extinto CAS de San Quintín, quienes el 23 de julio se habrían reunido secretamente en Emiliano Zapata, a un kilómetro de San Quintín, "y prepararon la estrategia a seguir". Por la noche llegaron a San Quintín, y allí el funcionario de Sedeso fue "secuestrado" por los priístas, que así le "arrebataron" el cambio de sede. La sede microrregional no irá a Betania, en la cañada tzeltal de Patihuitz, sino que permanecerá en el vecino San Quintín, donde se localiza la mayor base militar de la selva.
El confuso incidente protagonizado por las autoridades ejidales de Nuevo Momón y El Edén, en la cañada tojolabal de Las Margaritas esta misma semana, obedece a similares circunstancias. En Momón hay un cuartel y estuvo un CAS. El nuevo programa indica a El Edén como sede microrregional. Los priístas de Nuevo Momón se oponen y acusan a los no priístas de El Edén de perseguir fines electorales.
Según miembros de la CIOAC Independiente, los representantes de Sedeso y el gobierno estatal, José Luis Muñoz y Mario Luis Hidalgo Morales, acordaron con el viejo CAS priísta mantener la misma sede microrregional. En esta ocasión fueron los inconformes de El Edén quienes retuvieron a los funcionarios, y los de Nuevo Momón, en represalia, retuvieron a dos autoridades de El Edén.
Después de la desafortunada retención de funcionarios de Sedeso en Marqués de Comillas por parte del Mocri (otra organización de la órbita perredista), y el desafortunado "rescate" emprendido por la policía estatal hace un par de semanas, la idea de 'secuestrar para presionar' fue adoptada por autoridades priístas y antiguos administradores de los CAS, quienes con los recursos federales y el respaldo militar devinieron caciques y se beneficiaron del negocio de la guerra.
Un programa "reprobado" por sus presuntos beneficiarios
El Programa Cañadas se había echado a andar en 1995, con fondos del Banco Mundial, como 'segundo tiempo' de la ocupación militar de la selva Lacandona. Se anunció entonces una inversión de 384 millones de pesos para los seis años siguientes, que beneficiarían a 382 mil 907 habitantes de las cañadas. Sin escatimar esfuerzos publicitarios, se dijo que el dinero del BM apoyaría el desarrollo de los campesinos. Hoy se ve que atizó las diferencias, escindió familias y pueblos, penetró perversamente en el tejido social, y estuvo al servicio de la contrainsurgencia.
La Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) hizo público su rechazo el 17 de marzo de 2001. Siendo afín al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, la COAO proponía nuevos criterios para el eventual Plan de Desarrollo Sustentable que por entonces se negociaba con el gobierno federal. La propuesta presentada por la coalición de organizaciones indígenas de la región incluía un demoledor balance del programa zedillista: "En la práctica, el Programa Cañadas respondió a otros objetivos y estrategias, donde lo más importante era esconder un conflicto armado que se generó por la pobreza y la inconformidad de los habitantes de la región".
La acusación de "electorero" que recibió repetidamente el Programa Cañadas ahora es revertida por los priístas y su prensa (todavía la tienen) al PRD, en los casos de San Quintín, Nuevo Momón y ayer mismo en Ocosingo. Con ello, los priístas acabaron por aceptar tácitamente que esta clase de programas son instrumentos de control político; al "protestar", defienden los privilegios que les proporcionó la inversión social del Estado.
Cuando el gobierno de Chiapas anunció a fines de marzo la cancelación del Programa Cañadas, de inmediato alzaron sus voces el senador priísta Carlos Rojas y el ex funcionario Arturo Warman, padres del cancelado programa. Rojas llamó al gobernador oportunista, ignorante, revanchista "o una combinación de los tres". A su vez, en una entrevista periodística del 5 de abril, Warman defendió la presunta "neutralidad política" y el desarrollo social llevado a las comunidades con el programa hoy defenestrado. El antropólogo expresó su temor de que los centros de desarrollo social zedillistas "quedaran vacíos".
El testimonio de los indígenas de la región, los protagonistas de aquel desarrollo prometido, descalifica abrumadoramente las políticas anteriores. "No se nos tomó en cuenta, de si queríamos que operara el programa", ha dicho la COAO. "Para las comunidades resultó un programa de control político, social y electorero, que fomentó la división entre los pueblos, negó la autonomía de las organizaciones, desmembró las relaciones de trabajo comunitario, fomentó el oportunismo y el paternalismo, benefició más a empresarios y proveedores que a los indígenas, y en suma, atentó contra el derecho fundamental de los pueblos indios de lograr un desarrollo sustentable".