JUEVES Ť 16 Ť AGOSTO Ť 2001

Ť Guardan 300 manifestantes un minuto de silencio frente al Senado por la promulgación

Exigen 51 organizaciones a la OIT extrañamiento

Ť Indios mazahuas y otomíes presentarán de nuevo un recurso de amparo Ť Avala el obispo Felipe Arizmendi la reforma Ť Riesgo de que surjan grupos guerrilleros, alerta Lona Reyes

Con el llamado de 51 organizaciones indígenas a instancias internacionales para que se haga un extrañamiento a México por el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, ayer continuaron las protestas y las acciones en contra de la promulgación de la ley indígena el martes pasado.

Frente al Senado de la República, casi 300 personas guardaron un minuto de silencio en señal de luto, y la Alianza de Pueblos Indígenas Mazahuas y Otomíes anunció que interpondrá de nuevo demandas de amparo en contra de la aplicación de esa ley.

La promulgación es caldo de cultivo para el surgimiento de más grupos guerrilleros en el país; diputados y senadores ''no oyen el río de lágrimas, porque no han llorado", expresó el obispo emérito de la diócesis de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes.

Felipe Arizmendi, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, afirmó que pese a todas las protestas e inconformidades la ley indígena es "legal y legítima, porque fue aprobada por quienes el pueblo de México nombró como sus representantes".

En conferencia con la prensa, el prelado estimó que aun cuando la ley hubiera salido al antojo de los zapatistas, tarde o temprano se hubiera roto nuevamente el diálogo debido a que los temas subsiguientes son mucho más controvertidos que el de esta ley. Lamentó que las posibilidades de diálogo prácticamente se hayan difuminado, pero aseguró que con esta legislación se puede trabajar y ayudar mucho a los pueblos y comunidades indígenas.

Manifestaciones de pro indigenistas

Organizaciones y ayuntamientos étnicos de Veracruz anunciaron que acudirán ante Naciones Unidas y el Parlamento Europeo para denunciar la "desidia y negligencia del gobierno de Vicente Fox", al promulgar esta ley que "carece del respaldo de los pueblos indios del país".

También 51 organizaciones de Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Yucatán, Puebla, Nayarit, Chihuahua, Sonora, Chiapas, Jalisco, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal, reunidas en un seminario en Oaxaca, pidieron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que emita una recomendación y extrañamiento al gobierno mexicano, ya que esta reforma no se ajusta a las disposiciones del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y además violenta la Constitución mexicana.

Señalaron que la promulgación de esta contrarreforma constitucional sienta un precedente negativo para el establecimiento de la paz y la estabilidad del país, y "abre las puertas a la violencia, ya que incumple una de las tres señales exigidas por el EZLN para la reanudación del diálogo".

Frente al Senado, lugar donde hace unos meses se reformuló y aprobó la iniciativa de ley indígena, poco después del mediodía se comenzaron a reunir alrededor de 300 representantes de organizaciones no gubernamentales y grupos de indígenas. Con rituales aztecas y la quema del Diario Oficial del 14 de agosto, donde se publicó esta legislación, se gritó la consigna: "šCongreso de la Unión, vergüenza de la nación!".

Congregadas alrededor de un círculo formado por mantas en las que se leían leyendas de rechazo a la reforma constitucional, las organizaciones colocaron un moño negro frente las puertas del Senado y pidieron guardar un minuto de silencio en señal del luto que viven los pueblos indígenas. Minutos antes, clausuraron el recinto "por haber aprobado una iniciativa distinta a la ley Cocopa, que recoge los acuerdos de San Andrés".

Mientras, representantes de bienes comunales de San Miguel Xoltepec y San Antonio de la Laguna, que son parte de la Alianza de Pueblos Indígenas Mazahuas y Otomíes, hace unos días presentaron la demanda de amparo, pero los jueces primero y octavo rechazaron el recurso con el argumento de que la reforma no les causaba perjuicio porque no estaba publicada y no era obligatoria; en cuanto fuera oficial el recurso procedería, explicó Bárbara Zamora, del despacho Tierra y Libertad.

Estimó que en aquel momento los jueces no quisieron rechazar los amparos, sino buscaban hacer tiempo, pero ahora el recurso procede, por lo que estas dos comunidades determinaron volver a recurrir a este procedimiento. El amparo es un recurso individual y cada comunidad lo puede promover mediante su representante de bienes comunales, explicó.

En conferencia con la prensa, Delfina Martínez, de la comunidad San Antonio de la Laguna, expresó que mediante ese mecanismo se mantendrán en la lucha porque "los gobiernos siguen ahorcando a los pueblos y éstos todavía no han encontrado la justicia. El gobierno debe cumplir su palabra y debe mandar obedeciendo".

Thaayrohyadi Bermúdez, coordinador del Consejo de la Nacionalidad Otomí, dijo que no es con la imposición de leyes que carecen del apoyo del pueblo la forma para resolver los problemas que viven los indígenas del país, y expresó: "a los indígenas no nos anima la guerra; nosotros abrigamos el diálogo y vivir en paz".

El PRD, por medio de la Secretaría de Pueblos Indios, también expresó su rechazo, porque estimó que con esto se da un grave golpe al proceso de pacificación en Chiapas y se elimina la posibilidad de realizar un tránsito a la democracia al negar a los pueblos indígenas la posibilidad de ser parte constitutiva del Estado nacional.

Gilberto Rincón Gallardo, presidente de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, dijo acerca sel hecho de que esta legislación no fue aprobada en los congresos con la mayor parte de la población indígena que "los pueblos indios están en todo el país, tienen la misma fuerza y vitalidad, sus propias costumbres y el derecho de que se conozca su opinión, y no sólo de lo que piense el EZLN".

El jefe delegacional de Tlalpan, Gilberto López y Rivas, calificó de una declaración de guerra del presidente Vicente Fox la aprobación de la ley indígena. Afirmó que el jefe del Ejecutivo le "está apostando a la solución militar", y advirtió que con ello colocará al país en una confrontación que a nadie conviene. GEORGINA SALDIERNA, TRIUNFO ELIZALDE, JOSÉ ANTONIO ROMAN, ANGÉLICA ENCISO Y MARIA ESTHER IBARRA; CLAUDIO BAÑUELOS, DAVID CARRIZALES Y ANDRÉS T. MORALES, CORRESPONSALES