JUEVES Ť 16 Ť AGOSTO Ť 2001
LEY INDIGENA
Ť La instancia mediadora, "menos que un cero a la izquierda", aseguran
Fox es "racista, hipócrita y excluyente", afirman indígenas de Guerrero en una carta a la Cocopa
Ť Reconocen que el movimiento indígena no ha estado a la altura de las circunstancias
Ť Llaman a agrupaciones civiles a un segundo levantamiento por la defensa de sus derechos
ROSA ROJAS
El Consejo Guerrerense 500 Años y otras 12 organizaciones sociales de esa entidad llamaron a todas las agrupaciones indígenas, campesinas y sociales del país a realizar un segundo Levantamiento Indígena por la Paz y el Reconocimiento pleno de sus derechos.
Asimismo, convocaron a diputados "honestos", gobernadores, presidentes municipales y demás autoridades con facultades para iniciar una controversia constitucional y juicios de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, "en virtud de que la reciente reforma en materia de derechos y cultura indígenas contraviene instrumentos jurídicos internacionales vigentes", como el Convenio 169 de la OIT.
Ayer, una comisión de nueve indígenas de diferentes regiones de Guerrero entregó un documento a integrantes de la Cocopa -entre ellos al presidente de esa instancia, el diputado perredista Emilio Ulloa, la senadora panista Luisa María Calderón y el legislador petista Félix Ramírez-, en el cual calificaron al presidente Vicente Fox de "racista, excluyente, hipócrita y traidor, por no haber defendido la iniciativa de la Cocopa como lo hace con su propuesta de reforma fiscal".
Asimismo, reprocha al guanajuatense haber permitido "que las fuerzas oscuras de su partido impusieran sus criterios racistas".
El citado documento critica también a los partidos políticos que "sólo les interesó la defensa de los derechos indígenas como mero recurso para alcanzar sus votos en las contiendas electorales".
Reconoce además que "el movimiento indígena no ha estado a la altura de las circunstancias, ya que no ha podido mostrar su fuerza política a nivel nacional para modificar la ley aprobada por el Congreso en abril de este año". Admite que con las movilizaciones estatales se consiguió convencer a los legisladores locales para que rechacen las reformas, aunque esto no fue generalizado.
"Las organizaciones sociales y particularmente los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos no hemos tenido la imaginación suficiente para proponer en estos momentos fórmulas novedosas que ayuden a sensibilizar a la sociedad civil de que la lucha de los pueblos indios forma parte de la lucha por construir un México diverso, plural, incluyente y tolerante", agrega.
Afirma que los actuales integrantes de la Cocopa tampoco han tenido "la estatura moral para convencer a sus partidos de tomar en cuenta el espíritu de los acuerdos de San Andrés".
"La Cocopa ha sido menos que un cero a la izquierda. Su papel ha sido gris y ni siquiera ha actuado como elemento de coadyuvancia en los acontecimientos de este año, cuando la comandancia zapatista llegó a la capital de la República, después de haber recorrido 12 estados del país y de obligar a las fuerzas políticas nacionales a abrir el Congreso de la Unión a la voz de los pueblos indios".
El documento, firmado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan; el CG-500; Frente de Lucha Popular; Frente de Organizaciones Democráticas de La Montaña; los consejos de pueblos nahuas del Alto Balsas, de Pueblos Tlapanecos de la Montaña de Guerrero y de la Nación Amuzga, entre otras organizaciones, cuestiona también que hasta el momento la Cocopa no haya esclarecido si ya hizo contactos con la comandancia zapatista para plantear su trabajo.
"En el caso de que el EZLN no apruebe lo que está haciendo esta instancia, la pregunta es: Ƒpara qué hacer este tipo de reuniones si los integrantes de la Cocopa no pueden convencer a los principales interlocutores de este proceso, como son el Ejecutivo, el Legislativo y los miembros del EZLN?".
Añade que los legisladores deben recordar que se trata de alcanzar la paz y resolver las demandas de los hermanos zapatistas, pero no sólo en el estado de Chiapas, sino de todas las regiones del país.
Advierte que "el hecho de que los legisladores no consideren la importancia que para los pueblos indígenas representa la paz, es darle elementos a los grupos guerrilleros para incorporar en su agenda revolucionaria las demandas de los pueblos indígenas, y a partir de ahí generar nuevos brotes de explosión".
Se intensifica la militarización
Denuncia que en los últimos días se ha generado una enorme militarización de las regiones indígenas, sobre todo en la región de la Costa Chica, en donde tiene sus bases la policía comunitaria de San Luis Acatlán-Malinaltepec-Azoyú. Asegura que el Ejército entra a las comunidades sin ninguna explicación y en ocasiones se ha asesinado a indígenas, como en El Charco y Barrio Nuevo San José, donde también violaron a dos mujeres.
"Sabemos que al gobierno le preocupa mucho esta experiencia comunitaria y pensamos que en cualquier momento intentará hacer algo para destruir nuestro proceso, que tanto esfuerzo nos ha costado y que desde cualquier ángulo que se le vea, ha logrado disminuir los índices de delincuencia que existían antes de su conformación", indica, demandando el retiro de los militares a sus cuarteles y que cuando realicen alguna operación informen a las autoridades comunitarias.
En el texto se solicita también que los legisladores intervengan para que se cancelen las 18 órdenes de aprehensión contra dirigentes indígenas, por haber realizado un cerco social alrededor del Congreso estatal para exigir el rechazo de dicha ley, lo que finalmente se logró.
Subraya que la Cocopa, "ante la ausencia de un interlocutor indígena nacional", está ante la posibilidad de iniciar los primeros pasos para su constitución. "Se trata de sentar las bases para abrir un espacio en el que los pueblos indios tengan confianza de asistir y plantear sus propias demandas sin temor a la coptación oficial y al corporativismo político de los partidos".
El ex diputado Marcelino Díaz de Jesús, del CG-500, informó que los integrantes de la Cocopa recibieron el documento pero contestaron, respecto a la cancelación de las 18 órdenes de aprehensión citadas, que esto "no es posible porque su mandato es otro". No obstante, los diputados de PT y PRD dijeron que van a tratar de intervenir en ese asunto.
Díaz de Jesús informó que los legisladores les indicaron que este jueves se van a reunir con el resto de los integrantes de la Cocopa, y que, por escrito, les comunicarán su posición ante el documento, ya que la comisión es incluyente y tolerante pero no pueden tomar decisiones más que por consenso.