La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la denominada ley indígena, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, suscitó innumerables expresiones de rechazo por parte de sectores de todos los partidos --incluido Acción Nacional, cuyos legisladores locales en Chiapas se sumaron al repudio--, organismos de la sociedad civil, gobernadores de distintos signos, ayuntamientos y, lo más importante, de los propios sujetos de las reformas constitucionales: los indígenas. 

En las instancias parlamentarias nacionales y locales, así como en las filas del propio Ejecutivo federal, esta versión distorsionada de lo que pretendía ser una reforma significativa en materia de derechos y cultura indígenas ha generado divisiones y voces discordantes, como señalaba anteayer la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que pidió al gobierno el cese de las "voces cruzadas" al respecto. 

No es para menos. El engendro negociado por los caciques legislativos priístas y panistas alimenta las fracturas entre sociedad y legislación, entre los pueblos indios y el resto de la nación, entre raíz y modernidad, entre opulencia económica y marginación ancestral. 

Se conforma así una simulación legal que, lejos de resolver el alarmante y justificado descontento que campea entre las comunidades indígenas, representa a ojos de éstas un agravio más en una lista interminable. Si el propósito de los traicionados acuerdos de San Andrés en la propuesta formulada por la Cocopa era superar, por la vía institucional, el alzamiento de 1994, las reformas adulteradas promulgadas ahora no harán más que empantanarlo y agravarlo. 

Los dirigentes partidarios y legislativos de Acción Nacional y algunos del Revolucionario Institucional llamaron a aplicar estas reformas y a enterrar la discusión sobre las posibles vías para restaurar el sentido original, dignificador y positivo de la iniciativa de la Cocopa. Se niegan, en suma, a percibir que las modificaciones nacieron muertas debido al gran abismo existente entre ellas y las realidades sociales. 

No es fácil entender el orgullo que manifiestan los autores y operadores de un engendro legal que sólo podrá ser aplicado violentando a los legislados y provocando entre ellos nuevas y peligrosas reacciones de exasperación. La llamada ley indígena publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación es una derrota para los partidarios del entendimiento, la convivencia pacífica y el respeto a las leyes e instituciones; en cambio, proporciona argumentos a quienes propugnan, desde la desesperación ciega de la marginación social y política, los métodos violentos.