LEY INDIGENA

Ť Nace muerta, es una ''traición'' del gobierno, afirma el CNI

Polarización política al promulgarse la ley indígena

Ť Se combatirán inconformidades que se manifiesten por la vía violenta: Creel

La polarización política se hizo manifiesta al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el texto de las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas. El gobierno de Vicente Fox pidió que quienes impugnan el precepto lo hagan dentro de la ley; en voz del secretario de Gobernación alertó que combatirá cualquier manifestación que se haga por la vía violenta y reiteró su disposición a dialogar con el EZLN.

A su vez, el PRD pidió empezar la tarea de nuevo porque la promulgación representa ''la consumación de un acto fallido''. Para el presidente en turno de la Cocopa, Emilio Ulloa, la entrada en vigor del precepto ''podría encender la mecha'' en el país por el descontento social que sin duda despertará. Además, llamó al presidente Fox a fijar una postura única respecto a la ley indígena ''para evitar que sus colaboradores compliquen el asunto''. Esto pareció una coincidencia con la postura del líder de los diputados del PAN, Felipe Calderón, quien al comentársele que en el gobierno federal se plantea la posibilidad de enviar una reforma de la reforma, respondió: ''En el gobierno se habla de muchas cosas''.

Quienes no estén de acuerdo que utilicen la vía institucional...

Santiago Creel, secretario de Gobernación, ratificó ayer la disposición al diálogo frente a las acciones legales que se interpondrán en oposición a las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas. Dijo que el gobierno federal combatirá ''cualquier forma de violencia'' que tome como pretexto a esa legislación. El funcionario habló cerca del mediodía, luego de comparecer ante las invitadas al foro Institucionalización de la perspectiva de género.

Cuando se le preguntó si el gobierno federal no teme al recrudecimiento de hostilidades como resultado de la publicación de la ley en materia indígena, Creel Miranda dijo: la convocatoria es que quienes no estén de acuerdo con la reforma utilicen la vía institucional y se combatirá toda violencia que se dé fuera de ese cauce.

Ratificó la disposición al diálogo con el EZLN y enfrentar conjuntamente los problemas. Reiteró los que, en su opinión, representan los avances hacia la solución del conflicto como la reubicación de las tropas del Ejército, la liberación de los presos vinculados con el zapatismo y la presentación de la iniciativa sobre derechos y cultura indígenas por parte del presidente Vicente Fox.

''Es por ello que deseamos reentablar el diálogo con el EZLN lo más pronto posible, y que esta reforma pueda retomarse en los congresos locales, instrumentarse y, efectivamente, que los pueblos indígenas tengan garantizados sus derechos y garantías. Estamos abiertos a las propuestas que tengan a bien hacer los legisladores o los grupos organizados de la sociedad para ir mejorando la legislación en la materia'', subrayó.

En el mismo escenario, minutos más tarde, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Martí Batres, consideró que promulgar la ley representa ''la consumación de un acto fallido'' y que el gobierno federal debió esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera sobre la controversia que se le ha presentado en la materia. Ese habría sido el mejor camino.

Indicó que el asunto de fondo es que los legisladores deben ser sensibles, porque esta ley indígena ''no resolvió nada ni recuperó los derechos de los pueblos indios ni solucionó el problema de la paz en Chiapas; no ayudó a reanudar el diálogo y tampoco fue reconocida por nadie.'' Además, a escala internacional fue una ley criticada por todos los países en los que ha habido un proceso étnico.

El precepto, añadió Batres, no beneficia a los pueblos indios, no beneficia a la paz en Chiapas, no prestigia al Congreso de la Unión, no le ayuda al Ejecutivo federal a alcanzar la anhelada estabilidad que todo gobierno necesita. ''Entonces, no resuelve ningún problema y sólo beneficia a la inercia para que las cosas sigan empantanadas como están''.

Calderón Hinojosa, quien participó en el mismo foro que organizó el Instituto Nacional de las Mujeres, admitió que existen diferentes opiniones sobre la ley entre los funcionarios del gobierno federal, pero que percibe ''que el Ejecutivo está comprometido con la ley como debiera estarlo cualquier gobierno y cualquier mexicano.''

Declinó opinar sobre la posibilidad de que el propio gobierno realice reformas al precepto: ''Si las hace, las analizaríamos en su momento. Me parece que ahora lo que sigue es que el Ejecutivo cumpla la ley, lleve adelante las políticas que se establecieron en la misma y trabaje en políticas públicas que superen la condición grave de pobreza, de miseria, de insalubridad y analfabetismo en que viven los pueblos indígenas y estar muy atentos a lo que hagan los congresos locales.''

Sobre esto último recordó que una parte medular de la reforma deja en manos de esos órganos legislativos la posibilidad de avanzar, de redefinir, de establecer incluso mayores derechos y prerrogativas sobre los pueblos indígenas.

El PAN, en voz de su presidente, Luis Felipe Bravo Mena, dijo que la publicación de la ley permitirá configurar realidades de justicia, de presencia, de participación y de incorporación plena de los pueblos indígenas a la vida nacional. Además, se manifestó en contra de reformar de inmediato la ley, pero sí hacerlo cuando se haya consolidado y se vivan a plenitud las realidades que de ella surjan.

Amalia García, dirigente nacional del PRD, lamentó que el Ejecutivo hubiese publicado el precepto y apuntó que el CEN perredista ha pedido a los ayuntamientos y diputados locales que inicien la presentación de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por el PRI, Salvador Rocha Díaz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se congratuló de lo ocurrido porque, en su opinión, así se establecen las condiciones mínimas para los pueblos indios. Dijo también que de ese modo se concluye aquello que en doctrina constitucional se conoce como ''veto de bolsillo'', al sacar del archivo una nueva ley aprobada por las tres cuartas partes del Congreso federal y la mayoría de las cámaras locales.

Nada le impide a estas últimas, añadió, mejorar las condiciones mínimas que la Federación reconoce para los indígenas mexicanos.

El también priísta Feliciano Moo y Can, secretario de Acción Indígena del CEN, planteó que el Ejecutivo no tenía otra opción que publicar la reforma constitucional, pues en este tema el Presidente de la República no tiene veto.

Por su parte, el senador Carlos Rojas pidió ''ver hacia delante'' y analizar aquellos temas de la ley que sean perfectibles.

A su vez, el presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), Emilio Ulloa, adelantó que los legisladores de esa comisión se reunirán este miércoles con Santiago Creel. ''Veremos si hay voluntad gubernamental para revisar la ley o sólo fue un dicho del Presidente.''

Finalmente, apuntó que a ese órgano de coadyuvancia le interesa la estabilidad de las regiones y llamar a las partes al diálogo como única fórmula de resolución de controversias.
 
 

Ť No abona el camino de la paz

ROSA ROJAS

Organizaciones integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) coincidieron ayer en calificar de ''traición'' la promulgación de las reformas sobre derechos y cultura indígenas, por considerar que atenta contra la existencia misma de los pueblos indios, no abona el camino de la paz en Chiapas y en el país, y viola los acuerdos internacionales firmados y ratificados por México, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Varias de las organizaciones consultadas informaron que participarán este miércoles, a las 13 horas, en una manifestación convocada frente al Senado de la República por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Movimiento por la Paz, Unión de Artesanos y Trabajadores no Asalariados, Ce-Acatl, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y algunos sectores del PRD y el PT.

Dijeron asimismo que el CNI se reunirá la próxima semana para discutir la estrategia a seguir frente a la promulgación de la mencionada reforma constitucional.

Para Juan Anzaldo, de Ce-Acatl, dicha promulgación ''es una más de las posturas demagógicas de Fox, que dice que va a hacer todo lo posible por allanar el camino a la paz y otra vez no es congruente entre lo que dice y lo que hace. La ley indígena no está sola, va dentro del modelo económico y dentro de los planes a nivel internacional del comercio, el Plan Puebla-Panamá, el Plan Colombia, los tratados de libre comercio y el ALCA, que van en el mismo sentido de comercializar los recursos naturales y permitir la entrada de las grandes empresas en los territorios indígenas'', dijo.

''El gobierno federal y el Congreso no han sido sensibles a las protestas de las organizaciones y de los pueblos indios'', indicó por su parte Abelardo Torres, de la Nación Purépecha Zapatista.

En el caso de Michoacán, se están impulsando las acciones de inconstitucionalidad, ''estamos en pláticas con algunos de los diputados locales y promoviendo las controversias constitucionales a cargo de los ayuntamientos, y en los próximos días se van a interponer algunos de esos recursos jurídicos. Se está afinando el documento que se va a presentar a los magistrados, son varios ayuntamientos, sobre todo los que tienen población indígena. Se va a hacer uso de todos los recursos legales que estén a nuestro alcance para tratar de revertir esa ley''.

Sofía Robles, de Servicios del Pueblo Mixe (Oaxaca), consideró que la acción ''que hace Fox al emitir esta promulgación es consumar una traición hacia los pueblos indígenas. Para nosotros, esto significa una ley que aunque tenga vigencia oficial nace muerta, no corresponde a las aspiraciones de los pueblos indígenas y no va a valer, seguiremos resistiendo como lo hemos venido haciendo.''

Mencionó que diversas organizaciones indígenas de Oaxaca y de otros estados ''dimos nuestra palabra de que seguiremos luchando por todas las vías legales, con controversias constitucionales, promoviendo que las autoridades presenten controversias para tratar de que la Suprema Corte de Justicia dé un fallo que nos favorezca a nosotros''.

Amador Cortés Robledo, del Consejo Guerrerense 500 Años, recordó que ellos ?junto con otras 14 organizaciones sociales y de derechos humanos? también dieron la batalla buscando que Fox no promulgara esa reforma y que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) interviniera para revertirla.

''Esta es una traición grave que está alentando, avalando la declaración de guerra por parte del gobierno federal a los derechos de los pueblos indígenas; demuestra la prepotencia; pretenden mantenernos en el olvido ignorando nuestros derechos y el ejercicio de la autonomía que de hecho se está dando a decidir, a coaligarnos en un municipio o varios municipios; está cancelando ese derecho''.

La promulgación de la reforma que hizo Fox ''afectaría el ejercicio de la policía comunitaria, que funciona para 42 pueblos que tienen su propio órgano de seguridad pública y de impartición de justicia, con base en el artículo 39 de la Constitución, que dice que el pueblo tiene el inalienable derecho de modificar su forma de vida, y el Convenio 169 de la OIT.''

Los diputados y el Presidente le están dando razón a los que están levantados en este país, a los que no han establecido diálogo con el gobierno federal, les están diciendo que tienen razón en esa postura. Es grave una decisión presidencial de esta índole''.

Por su parte, diversas representaciones y autoridades integrantes de la Alianza de Pueblos, Ejidos y Comunidades del Anáhuac, reunidos en San Pedro Atlapulco, estado de México, ratificaron el rechazo que el CNI hizo de la ley ''por considerar que atenta contra la existencia misma de los pueblos indígenas''.

El Consejo Comunal Permanente de Santo Tomás y San Miguel Ajusco; el comisariado de San Mateo Tlaltenango; la representación de San Francisco Tlalnepantla, así como la de Villa Milpa Alta y el comisariado de San Pedro Atlapulco, dijeron: ''Desconocemos en todos sus términos la mencionada ley''.