MARTES Ť 14 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť El organismo asegura que es viable establecer en México comisión de la verdad
AI: inoperantes, CNDH, PGR y Procuraduría Militar
ANGELICA ENCISO L.
Amnistía Internacional (AI) señaló que instituciones como las procuraduría General de la República y de Justicia Militar, así como el Poder Judicial muestran un claro "saldo de falla" en sus deberes constitucionales y en los deberes jurídicos internacionales a los que México se ha comprometido.
Además, agregó, tanto la CNDH como esas dependencias deberían haber realizado un trabajo imparcial, oportuno y eficaz de protección de los derechos humanos, pero "no lo han hecho, perdiendo así la confianza y el respaldo de la ciudadanía y evidenciando la necesidad de emprender un proceso de profunda y genuina transformación institucional".
Ante este panorama consideró viable el establecimiento de la comisión de la verdad para conocer las violaciones a los derechos humanos, la cual ha sido propuesta por algunos miembros de la administración del presidente Vicente Fox.
En el documento México: verdad y justicia, presentado ayer, AI señaló que "verdad, justicia y reparación" es la demanda indivisible y legítima de las víctimas y sus familiares.
Frente al desamparo, la injusticia y la impunidad imperantes, Amnistía Internacional estimó que una comisión de la verdad podría impulsar la postergada búsqueda de justicia; sin embargo, lo esencial es que no sólo sea una "retórica declarativa", sino una auténtica voluntad política de dotar a ese órgano de un mandato y de poderes y recursos reales.
Destacó que "es importante recordar que la justicia es un elemento fundamental del propio concepto de reparación, y que una comisión que se limite a ofrecer reparaciones exclusiva y meramente monetarias, sin acceder a la verdad y la justicia, no recuperará la confianza de las víctimas, los defensores de los derechos humanos y el conjunto de la sociedad. Esta confianza hay que conquistarla en los hechos, pues son insuficientes los puros enunciados de intenciones".
Se refirió a las experiencias de otras naciones donde se establecieron comisiones de la verdad, las cuales ofrecen una base para identificar condiciones mínimas indispensables para que en México pueda cumplir realmente con las expectativas. Estas serían que la comisión debe tener como objetivo establecer las responsabilidades institucionales e individuales por dichas violaciones, y contar con atribuciones legales que le permitan hacer comparecer a personas presuntamente involucradas en los casos investigados y a testigos.
Además debe estar autorizada para establecer los mecanismos de confidencialidad para proteger a quienes comparezcan ante ella. Asimismo, indicó, su integración deben suponer la participación de miembros de demostrada objetividad, imparcialidad y compromiso con los derechos fundamentales.
Precisó que la comisión de la verdad no sustituye al sistema judicial en sus funciones, sino que "actúa como instrumento de apoyo y complemento para el trabajo de investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación en materia de violaciones a los derechos humanos".
La comisión se debe ver como parte de un proceso de afianzamiento de los derechos humanos, además de que puede servir de catalizador para transformar las instituciones hasta ahora inoperantes, y contribuir a que reconquisten la confianza de los ciudadanos.