internos -unos 400 mexicanos- cuya manutención cuesta alrededor de 42 dólares diarios por cada uno.
MARTES Ť 14 Ť AGOSTO Ť 2001
Ť Delegaciones de México y Estados Unidos recorrieron el Centro de Detención del SIN
Pedirán legisladores a la SRE canalizar más recursos a consulados para asesorar a migrantes
Ť Sin defensa alguna, la mayoría de los indocumentados retenidos en esa cárcel
ANDREA BECERRIL ENVIADA
El Paso, 13 de agosto. Un recorrido por el Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos, donde el año pasado se enjuició y deportó a 12 mil 500 indocumentados, 40 por ciento de ellos mexicanos, hizo que legisladores mexicanos y estadunidenses coincidieran en la necesidad de recomendar al canciller Jorge Castañeda que se destine más recursos a los consulados y éstos puedan asesorar a los ilegales detenidos y procesados.
El diputado del PRD Sergio Acosta Salazar consideró que Castañeda es responsable de que los consulados en El Paso y en los estados de la Unión Americana donde se concentran indocumentados "mantengan un total abandono de los procesos contra los mexicanos reincidentes en violar las leyes migratorias estadunidenses y son condenados hasta dos años de prisión, por no contar con una buena defensa".
Los legisladores pudieron asistir a una audiencia de la Oficina de Revisión Migratoria, que se ubica en el Centro de Detención del SIN y ser testigos de la situación de dos dramas de mexicanos que son algo más que una estadística: Uno de ellos, Ramiro Martínez García, de 22 años y quien angustiado pidió ayer ser deportado para continuar con sus estudios de ingeniería, pues lleva tres semanas detenido por ayudar a su cuñada a cruzar a territorio estadunidense. Se le expulsó finalmente, pero se le canceló la visa por diez años.
El otro caso que impresionó a los legisladores mexicanos fue el de Luis Armando Altamirano Márquez, de 27 años, con una historia distinta, ya que su proceso continúa y la juez Penny Smith fijó una fianza de 7 mil 500 dólares, toda vez que ha sido deportado en siete ocasiones, esta vez se le encontró documentación falsa y mintió durante la audiencia al ocultar que antes había sido encarcelado por una riña.
Una cárcel moderna
Los senadores priístas Silvia Hernández y Germán Sierra, los panistas Héctor Osuna Jaime y Jorge Lozano Armengol, así como los diputados Ildefonso Guajardo, del PRI, y Sergio Acosta, del PRD, advirtieron que ese tema y la suerte de los niños migrantes deportados y expulsados a territorio mexicano son puntos que requieren atención inmediata.
Los legisladores mexicanos, acompañados del representante demócrata por Texas, Silvestre Reyes, caminaron por esta moderna cárcel, que es el Centro de Detención del SIN. Una mole de cemento, ubicada junto a unas de las pistas del Aeropuerto Internacional de El Paso, con infraestructura para cerca de mil inmigrantes sujetos a proceso.
Ahí, los migrantes llevan tres tipos de uniformes: azul, para quienes sólo son juzgados por faltas a la Ley de Inmigración; anaranjado, para los que tienen antecedentes delictivos o graves, y overoles rojos para aquellos detenidos con situación migratoria ilegal y que además son reos peligrosos. Hasta ayer por la mañana ese centro tenía una población de 782 internos -unos 400 mexicanos- cuya manutención cuesta alrededor de 42 dólares diarios por cada uno.
El tiempo que pasan ahí es de seis a ocho semanas, aunque ha habido casos de inmigrantes que quedan detenidos por años; son aquellos que apelan de su deportación, la mayoría de estos últimos son inmigrantes de Africa o Asia. Los mexicanos, pese a que la cárcel es confortable -tiene gimnasio, biblioteca y amplios dormitorios colectivos-, prefieren ser deportados de inmediato.
En el juzgado los senadores pudieron comprobar esto al asistir a una audiencia de la juez de migración, Penny M. Smith, quien llevó los casos de 13 inmigrantes, cinco de ellos mexicanos. Dos hondureños que optaron por ser deportados de inmediato -"aquí no tengo ninguna opción ni esperanza", respondió uno de ellos- y dos mexicanos que también decidieron que se ventilaran ayer mismo sus casos. Los demás decidieron aceptar que se difiriera una semana el trámite.
Tanto Ramiro Martínez García como Luis Armando Altamirano Márquez deseaban concluir ya con la reclusión y ser regresados a México. El primero lo logró, después de aceptar que intentó ayudar a cruzar ilegalmente a una compatriota, Daniela Muñoz, y de decir a la juez que no hizo nada ilegal en Estados Unidos y que deseaba retornar de inmediato a su país, porque debe regresar al Tec de La Laguna, donde está por concluir la carrera de ingeniero.
Fuera de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria lo esperaba su madre, Francisca García, quien narró que el error de su hijo fue tratar de ayudar a la hermana de su novia -Daniela Muñoz- a llegar a salvo a territorio estadunidense. "El entregó al pollero los mil 700 dólares que cobró por pasar a la muchacha a El Paso y se trasladó luego a esta ciudad para verificar que estuviera a salvo. Sin embargo, lo que encontró al llegar al hotel convenido previamente fue a agentes del SIN que lo apresaron de inmediato. Ello ocurrió hace más de tres semanas."
Smith lo sometió a un minucioso interrogatorio y al ver que no tenía antecedentes criminales ni cruzó la frontera de manera ilegal, lo deportó y le canceló la visa por 10 años. "Esto es ya una desgracia para mi muchacho, porque ello será un obstáculo para su carrera."
La situación de Luis Armando Altamirano Márquez, un obrero de 27 años, sí que es delicada. Según salió a relucir en el interrogatorio; labora por lo menos desde 1992 en Texas, sin documentos, y aunque ha sido deportado en siete ocasiones, siempre reincide y vuelve a pasar ilegalmente. Pero, ayer, además, cometió el error de mentir ante Smith.
Dentro del amplio interrogatorio cayó en contradicciones. Reconoció que está aquí junto con su esposa y tres hijos, la menor de siete meses y nacida en territorio estadunidense, pero no quiso decir cuál es la situación migratoria de su familia.
"ƑTiene antecedentes criminales?", le preguntó la juez. El respondió que no, pese a que porta el uniforme naranja que distingue a aquellos migrantes que han cometido delitos o han sido encarcelados. De inmediato, el representante de la procuraduría de Estados Unidos le sacó su expediente cuando Altamirano empezaba a balbucear "perdón, se me olvidó...". El funcionario no lo dejó terminar y le señaló que estuvo detenido por asalto. "ƑPor qué le ocultó esto a la juez?", lo inquirió.
Smith le dio oportunidad de aclarar. De hecho, explicó el obrero mexicano, su cuñado golpeó a su hermana, él intervino y debió defenderse del ataque de su pariente. Pero ya era tarde, la juez siguió preguntando y logró averiguar que es por ese problema que lo apresaron 21 días y lo remitieron al SIN, al descubrir las autoridades judiciales que laboraba con papeles falsos. La juez no le redujo la fianza, como él pedía, la dejó en 7 mil 500 dólares. No los podrá pagar, lo que significa que seguirá en el Centro de Detención hasta que la justicia estadunidense averigüe la situación legal de su familia, que puede también ser deportada.
Cada año, cien mil mexicanos expulsados
Al concluir la audiencia y después de que el director regional del SIN, Luis García, explicó que el año pasado se deportaron en El Paso a 12 mil 500 inmigrantes, además de que en la línea fronteriza se expulsó a otros 13 mil 929 que portaban documentos falsos, el diputado del PRD Sergio Acosta Salazar dijo que recomendarán al canciller Castañeda que la dependencia a su cargo canalice más recursos a los consulados.
"Lo que hoy vimos es prueba de que los migrantes están indefensos. Muchos de ellos son condenados a dos años de prisión por no contar con una defensa adecuada. Los dejan ahí, frente a una juez que trata de hacerlos caer en contradicciones, apenas con una intérprete".
El perredista agregó que Castañeda debe dedicar 80 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a los consulados y recortar los sueldos de funcionarios y gastos onerosos.
Los legisladores, acompañados del representante texano, recorrieron la frontera, donde cada año la Patrulla Fronteriza expulsa a 100 mil mexicanos. Luego se trasladaron a Ciudad Juárez.