Reforma electoral en los toros

Ť Lumbrera Chico

Ha pasado un semestre desde que el espléndido videasta que es Carlos Mendoza preside la Comisión Taurina del Distrito Federal (CTDF). Tal vez sea oportuno esbozar un primer balance. Militante político al servicio de las mejores causas, luchador social distinguido, pero también aficionado práctico y ex novillero que en su momento soportó las penalidades de la "guerra", ha desplegado una fina diplomacia para evitar fricciones y polémicas entre la administración de Andrés Manuel López Obrador y la mafia de la Plaza Muerta (antes México).

Su gestión ha sido, pues, conservacionista en la medida en que ha logrado exitosamente que todo siga como siempre, esto es, del carajo. Y nada sugiere por desgracia que las cosas vayan a cambiar. Es lógico y podemos entenderlo. El público taurino representa lo peor de la cultura política mexicana, es racista y conservador en grado extremo, y en términos de rentabilidad electoral carece de atractivos para un proyecto como el de López Obrador.

¿Qué hace entonces alguien como Carlos Mendoza en un puesto como éste, donde sólo cosechará desprestigio? Desde el punto de vista legal, es muy poco en efecto lo que la CTDF puede hacer para contener el caos en que la "empresa" de Rafael Herrerías ha hundido a la Plaza Muerta, a la que no tiene facultades jurídicas para obligarla a dar festejos cuando el cacique de Insurgentes no lo desea.

Pero la fiesta brava constituye uno de los componentes más antiguos de la tradición cultural mexicana -la primera vez que una res de lidia fue corrida en el valle de Anáhuac fue el 24 de junio de 1526-, y los intelectuales que la conocen y la aman deberían por lo menos procurar su restauración, al margen de las necesidades tácticas o el desdén de los políticos. Desde aquí, a la par de la excusa que le debo por haber hecho un abusivo juego de palabras con su apellido, propongo a Carlos Mendoza una iniciativa para tratar de corregir uno de los aspectos más nefastos de la fiesta. Y me refiero a los pésimos jueces -Dávila, Lanfranchi y Gameros- que padecemos.

La idea es muy sencilla: destituirlos, al final de una reforma de ley que permita a los aficionados, por voto universal, directo y secreto, elegir a las personas que puedan sucederlos. Que Mendoza convoque a mesas redondas para que se discutan las opciones posibles y se elabore, por consenso, una reforma electoral, para que la Asamblea Legislativa la apruebe y el jefe de Gobierno la promulgue.

Los tendidos de la plaza, quiérase o no, son una especie de parlamento en el que actúan, minoritaria y casi clandestinamente, grupos políticos organizados por la empresa. Con la dinámica que se sugiere nacerían nuevas formas de articulación entre los aficionados y la gente, esto es lo principal, contaría con el derecho de nombrar a sus representantes en el biombo y en el callejón, los cuales quedarían por ello comprometidos a velar por los intereses populares.

Si usted se identifica con esta desatinada ocurrencia y cree que vale la pena discutirla, fotocopie esta hoja y repártala, o comuníquese al buzón electrónico [email protected]