Ť Hay gran desconocimiento sobre el tema, dice la candidata a presidir la CDHDF

Propone María Angélica Luna Parra campaña para difundir la defensa de derechos humanos

Ť Si se desalienta la denuncia se abre el camino a la impunidad, afirma la ex legisladora

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

Para la ex diputada priísta María Angélica Luna Parra uno de los principales retos del próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será combatir el gran desconocimiento que los ciudadanos tienen sobre la cultura de la legalidad y la defensa de los derechos humanos, y para ello propone iniciar una amplia campaña de difusión y promoción mediante unidades móviles que recorran todas las colonias de la ciudad de México.

Apoyada en estadísticas, la ex delegada en Alvaro Obregón señala que las víctimas de delitos enfrentan con mucho trabajo sus denuncias en las instancias correspondientes, ya sea civil o penal. Las cifras de denuncias que se presentan y del seguimiento "es aterradora, se habla de una de cada diez; esto pone en evidencia la tremenda violación a los derechos ciudadanos", sostiene.

Advierte que si se desalienta la denuncia ?"uno de los pivotes más importantes del sistema jurídico"? se abre el camino a la impunidad.

Luna Parra recuerda la cara de angustia de más de una madre de familia que no sabe qué hacer en casos de violencia familiar o cuando alguien les quiere quitar su casa o una persona las amenaza con una credencial falsa del servicio público. "Realmente hay un gran desconocimiento, una incertidumbre jurídica en todos los niveles; entonces, una de las funciones de las comisiones de Derechos Humanos debe ser difundir y promover una cultura de respeto que además sea preventiva".

María Angélica Luna Parra fue postulada por diversos organismos civiles para presidir la CDHDF, lo cual generó algunos cuestionamientos por su militancia en el PRI. Al respecto, la ex diputada local rechaza que ser priísta pueda o deba ser un punto en su contra.

Remarca que "en este país pertenecer a un partido u órgano político es un derecho constitucional. De tal manera que se cambia éste o la militancia no se usa como elemento discriminatorio". Más aún, añade que no sólo es un derecho, es un activo para quien compite por un puesto de elección.

Asegura que esa corriente de cancelar la posibilidad a los militantes de un partido político de ser parte de algún órgano, como el Instituto Federal Electoral (IFE) o el Tribunal Electoral, sólo ha generado encubrimiento, porque hay mucha gente que está ligada a uno u otro proyecto y esto se sabe cuando ya están adentro. "Lo que debería exigirse es que quien ocupe un puesto, ya sea presidente, gobernador, legislador o servidor público trabaje con objetividad por el bien de los ciudadanos y no para defender intereses partidistas".

Agrega que quienes tienen en sus manos la decisión de elegir al nuevo ombudsman deben privilegiar la labor que los aspirantes han hecho en el ámbito de los derechos humanos.

Luego de agradecer la confianza que tienen en ella las organizaciones que registraron su candidatura, María Angélica Luna afirma que tiene la vocación y la convicción necesarias para el puesto. No obstante admite: "quizá tengo muchas debilidades y algunas carencias, pero también muchos años de trabajo en defensa de los grupos vulnerables o en desventaja social, en la lucha por la equidad de género, por la humanización de esta ciudad, en contra de la pornografía infantil y de la violencia familiar".

Las agencias especializadas en delitos sexuales son algunas de sus muchas contribuciones en apoyo de las mujeres, de los niños y niñas. "Hicimos propuestas concretas que culminaron en reformas jurídicas para hacer instituciones y promover políticas públicas. Mientras que como legisladora presenté propuestas para las leyes de los derechos de los niños y las niñas y la de los adultos mayores".

Durante su gestión como delegada en Alvaro Obregón, Luna Parra se opuso a las razzias. "Nos tocó prácticamente pararlas, era la forma de gobierno en ese momento; tuvimos muchas presiones, incluso del sindicato de Ruta 100, porque los conductores eran agredidos con violencia a la entrada de las barrancas; entonces establecimos pactos sociales con los cuerpos de seguridad y las bandas. De esa época surge el Consejo Popular Juvenil".

Considera que la gran fuerza de la comisión está en su posibilidad de exigir que se cumplan sus recomendaciones. "Es su fuerza moral para que cada recomendación que haga sea seguida y, además, genere una discusión pública".

Finalmente apunta que cuando se usan recursos públicos existe la obligación de informar: "creo que ninguna institución debe estar al margen de enterar a los ciudadanos sobre su presupuesto y el manejo que se hace de sus recursos".