LUNES Ť 13 Ť AGOSTO Ť 2001

CIUDAD PERDIDA

Miguel Angel Velázquez

Ť Ombudsman capitalino
Ť Prepotencia y engaño

FRENTE A la respuesta oficial de las autoridades encargadas de los asuntos financieros del gobierno de la ciudad, aunada a las explicaciones claras tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral, los argumentos de la CDHDF se han desecho uno a uno y, fuera de las responsabilidades legales a que diera motivo la actuación del organismo, el engaño al que se ha llevado a sus consejeros le colocó en el nivel de lo muy poco creíble, de la mentira, del fraude moral.

LA RESPUESTA de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la diputada Iris Santacruz, como toda su defensa para no pagar impuestos que le obliga la ley, y como muchas otras de sus actuaciones a favor o en la omisión y el olvido de otros tantos casos, según los intereses del presidente de la misma comisión, constituyen la muestra de la manipulación constante con que se ha manejado este organismo.

PREPOTENCIA Y engaño serían otro par de factores que pervirtieron el espíritu de la comisión. A nadie extrañaría ahora una investigación profunda del quehacer del ombudsman actual y las consecuencias a que pudiera llevar ésta.

NADA SE podrá hacer, más que la condena moral a Luis de la Barreda en caso de que se descubra su fallida actuación como defensor de los derechos de la ciudadanía, pero en cuanto a los dineros que conscientemente dejó de pagar, pudiera haber un delito por cuya reparación sí clamaría la sociedad.

NI EL gobierno de la ciudad ni la Secretaría de Hacienda podrían perdonar o aceptar que los impuestos generados por la comisión fueran cubiertos por el dinero público, hacerlo tal vez sería salvar del repudio generalizado a Luis de la Barreda, pero sería condenar al organismo al descrédito, lo que equivale a destruir un instrumento necesario para la sociedad.

LAS CONSECUENCIAS no paran ahí. Si la impunidad campea en este caso lo más probable es que otras instituciones como el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral, organismos autónomos, sean arrastrados por la imagen que ha construido De la Barreda y que la percepción de la gente sea contraria a la existencia de los mismos.

POR ESO y por muchas otras cosas el caso no puede quedar impune si hubiera alguna ilegalidad, menos aún si la autoridad, a la que se ha querido culpar, explica "que las declaraciones efectuadas por los consejeros de la CDHDF sólo son afirmaciones temerarias, dado que no es posible que en virtud de una instrucción expresa, según se indica, hayan dejado de observar lo que por disposición legal están obligados a realizar, y que por ese hecho pretendan que una dependencia independiente de esa comisión se haga responsable de las obligaciones que a la CDHDF le corresponde, de acuerdo con lo señalado en la ley y en lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal".

ESA ES parte de la respuesta que el secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Carlos Manuel Urzúa, envió a la Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, con copia al presidente de la Comisión de Gobierno de ese órgano el 8 de agosto pasado.

EL DOCUMENTO en poder de Ciudad Perdida también está sellado el 9 de agosto a las 12 horas como recibido por la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, lo cual advierte del conocimiento de estas instancias a la observación hecha por la Contaduría Mayor de Hacienda en su auditoría fiscal.

DOS DIAS antes la Secretaría de Finanzas elaboró una respuesta a las publicaciones de La Jornada y en ocho puntos expresa su respuesta. El señalamiento número seis asegura: "En 1998 para el proyecto 1999, la subsecretaría de Egresos envió mediante oficio SE/545/98 a ese órgano autónomo (la CDHDF) el manual "Programación-Presupuestación" para la formulación del proyecto de Presupuestos de Egresos, así como un Clasificador por Objeto de Gasto, Estructura Programática Institucional, Estructura y Elementos de la Clave Presupuestaria y Catálogo de Unidades Responsables, Unidades de Medida y Tipos de Pagos, todos estos documentos para facilitarle a CDHDF la elaboración de su proyecto de presupuesto de egresos, ya que, como se ha manifestado, este órgano goza de autonomía para elaborar su proyecto".

EL DOCUMENTO enviado a La Jornada dice en el punto siete: "Es de señalarse que ni de los documentos enviados como apoyo se puede desprender que la Secretaría de Finanzas solicita los salarios ya deducido el impuesto sobre la renta; por el contrario, en la página 55 se precisa que la formulación del presupuesto preliminar en servicios personales se apegará estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas, de los cuales, como se sabe, se retiene el ISR.

"ASIMISMO, EN la página 58, en Servicios Generales se indica que se considerarán los gastos brutos correspondientes a la partida 3806 "asignaciones para equerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios" y, por separado, el impuesto sobre la renta que ocasiona esta partida".

NO OBSTANTE todo ello, el 7 de agosto la Dirección General de Administración de la CDHDF responde a los requerimientos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en una carta cuya copia también fue hecha llegar a La Jornada, en esta ocasión por la propia comisión que encabeza Luis de la Barreda, e insiste en culpar al GDF de sus omisiones y manipula algún párrafo de la auditoría ejecutada por la Contaduría Mayor de Hacienda al decir que "no se detectó", en el ejercicio fiscal que los culpa de violaciones al Código Financiero del Distrito Federal y la Ley del Impuestos Sobre la Renta, "irregularidad alguna".

LA MISMA CDHDF cae una y otra vez en sus propias trampas, hoy descubiertas por los organismos correspondientes. Todo indica que deberán ser las autoridades las que requieran el pago de más de 80 millones de pesos y con ello el esclarecimiento de este muy penoso asunto para la sociedad.

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