lunes Ť 13 Ť agosto Ť 2001

Iván Restrepo

No todo lo puede el dinero

La reciente determinación de las autoridades federales de negar los permisos para construir varios hoteles de lujo en las bahías de Xcacel e Xcacelito, Quintana Roo, tiene una enorme importancia. En primer lugar puso en evidencia, una vez más, la ligereza y la falta de rigor científico y legal con que actuaron los responsables de cuidar los recursos naturales en el sexenio pasado. En efecto, días antes de terminar su gestión dieron el visto bueno para realizar diversas obras en 164 hectáreas de esa zona catalogada por los estudiosos ecológicamente valiosa y frágil, en la que por añadidura llegan a desovar desde tiempo inmemorial dos especies de tortugas protegidas legalmente: la caguama y la blanca, en peligro de extinción. Esas obras habrían impactado no solamente la flora y la fauna que allí existen, sino la de las áreas contiguas.

Es un duro golpe a la fama pública de las familias Constandze y Quintana, que hoy detentan el liderazgo empresarial, muy especialmente en el turismo, la actividad más importante de Quintana Roo. Gracias a las inmensas fortunas que han logrado reunir en pocos años y a sus vínculos políticos se acostumbraron a comprar voluntades dentro y fuera del gobierno. Esta vez toparon con pared: la observancia de las normas legales vigentes y el fin del favoritismo.

La soberbia que da la riqueza y el poder no es buena consejera. En el caso que nos ocupa amenazaron a la opinión pública y a las autoridades: si se negaban las licencias para construir en Xcacel e Xcacelito dejarían de llegar inversiones por más de 800 millones de dólares y habría una vigorosa oposición por parte del movimiento obrero local, en manos de líderes corruptos. Nada de eso ocurrió, espantaron con el petate del muerto: las inversiones fluyen en un mercado cada vez más saturado y los líderes obreros siguen viviendo de las cuotas de miles de trabajadores que laboran en condiciones desfavorables.

Después se tiene la irresponsabilidad de la actual administración estatal, empeñada en poner la mesa a los grandes inversionistas sin medir las consecuencias que ello causa: crecimiento anárquico de la actividad turística y de los centros urbanos ligados a ella, serios daños ambientales y distanciamiento económico y social. Por fortuna, la intervención de las autoridades federales va en sentido contrario y anuncia con hechos el fin de una etapa en la cual la legislación ambiental se acomodaba al gusto del mejor postor.

Pero Xcacel e Ixcacelito también sirven para ejemplificar la importancia de las organziaciones ciudadanas en la tarea de impedir la destrucción del patrimonio natural del país. Aquí cabe destacar el papel de la dirigencia del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), con sede en Cancún.

Gema lleva años luchando sin tregua por lograr un desarrollo sustentable en el Caribe mexicano, y enfrentando lo mismo a los funcionarios corruptos y prepotentes que al poder del gran capital, bien y mal habido. No es ningún secreto que Quintana Roo es una de las lavanderías más modernas con que cuenta el crimen organizado para purificar sus dineros.

La lucha de Gema la secundan organizaciones de alcance local, nacional e internacional, y debe servir de ejemplo en otras partes del país, donde los problemas ambientales son pan de cada día.

No obstante que el asunto Xacel-Xcacelito apunta a un final feliz, quedan muchos cabos sueltos. Menciono dos pequeñísimos. El primero, la necesidad de sacar a la luz pública los pormenores de la venta de las 164 hectáreas mencionadas. En esa transacción jugó un papel clave el anterior gobernador del estado, Mario Villanueva. Todo indica que recibió una jugosa mordida por esa venta y por garantizar a los compradores que tendrían todas las facilidades y los apoyos oficiales para construir sus hoteles. El segundo, conocer los motivos de Martín Azueta, polémico edil del municipio Solidaridad (donde geográficamente se ubican las dos bahías), para no denunciar el intento de soborno (un millón de dólares) que, asegura, le ofrecieron los empresarios hoteleros a cambio de conceder las licencias municipales correspondientes y no oponerse al proyecto citado.